La Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) analiza un nuevo reglamento para incluir bloqueadores de encendido (“interlocks”) en vehículos de personas convictas por manejar ebrias, para que soplen y se detecte el nivel de alcohol en su organismo antes de exponer más vidas en las carreteras, informó este jueves el director ejecutivo José “Memo” González Mercado.

La evaluación se da ante estadísticas de más de 2,560 casos activos de conductores ebrios, en los que aproximadamente 368 son reincidentes.

“Es un artefacto que ya es parte de la ley por más de ocho años, y nadie ha implementado ese artefacto dentro del gobierno de Puerto Rico. Cuando la persona sale culpable, ¿quién la supervisa después? En estos momentos, estamos trabajando con el reglamento para poderlo implementar”, dijo González Mercado, en medio de la quinta Academia Especializada para el Procesamiento Efectivo de Conductores Ebrios, en colaboración con el Departamento de Justicia.

Los “interlocks” permiten que, cuando un conductor sople, se detecte su nivel de alcohol. Si sobrepasa el límite requerido en ley, el vehículo no enciende y se alerta a las autoridades. El artículo 7.9 de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000) viabiliza el uso de los aparatos, pero no contempla quién asumiría el costo. Los “interlocks” ya son utilizados en otras jurisdicciones de Estados Unidos.

“El Tribunal se va a encargar de que sea parte de la sentencia, y eso va integrado al vehículo. Una vez usted se monta en ese vehículo, a través de cámara, usted tiene que soplar en ese artefacto. Si usted da el porcentaje mayor a lo que se supone que no quede, no puede manejar, y el carro automáticamente no va a encender y se lanza una alerta”, explicó González Mercado, quien también buscará que sean los convictos los que tengan que adquirir el artefacto.

Esta tecnología podría costar cerca de $230, y en 14 estados de Estados Unidos ya son mandatorios para algunos ofensores. “Cuando terminemos el reglamento, te garantizo que el costo no va a ser para el pueblo. En los Estados Unidos, quien paga por este artefacto es el ofensor”, planteó.

Desde el décimo piso del estacionamiento de la sede de Justicia, donde se preparó una escena acuartelada de un conductor ebrio que impactó a un ciclista, la secretaria Lourdes Gómez Torres recalcó que su directriz es “que todas las academias dirigidas a fiscales sean prácticas”.

En total, 23 fiscales –incluidos algunos que acaban de ingresar a Justicia– fueron parte de la quinta academia.

“La seguridad vial no es un tema de tránsito, es un tema de justicia, de vidas, familias que sufren, y por eso hemos trazado un plan estratégico. La impunidad no tiene espacio en nuestras carreteras”, compartió la secretaria sobre esta academia, que conllevó una inversión de casi $2 millones en fondos federales, provistos por la CST.

Aunque la Unidad de Procesamiento de Conductores Ebrios solo cuenta con 21 fiscales, se adiestrará a los 298 que componen las 13 regiones.

“Tenemos el firme compromiso de prevenir tragedias en las carreteras, y estamos encaminando estrategias puntuales para obtener convicciones que representen un disuasivo para esta conducta que pone en riesgo la vida de todos los ciudadanos. La academia está diseñada para fortalecer el procesamiento penal para frenar este tipo de delitos estratégicamente”, expresó Gómez Torres.

Esta quinta edición fue organizada por el Instituto de Capacitación y Desarrollo del Pensamiento Jurídico, dirigido por la fiscal Joan Hernández Marrero, en colaboración con la Unidad Especializada de Procesamiento de Conductores Ebrios del Departamento de Justicia, liderada por la fiscal Ruth Enid González Candelaria.

Los ejercicios prácticos buscan que los fiscales se familiaricen con las etapas clave del proceso penal en los casos de embriaguez, desde la investigación inicial hasta el juicio en su fondo, enmarcado en un contexto de humanismo, sensibilidad y empatía hacia las víctimas.

La CST aprobó la asignación de $1,964,666.75, provenientes de fondos asignados por la National Highway Traffic Safety Administration.

“Estos fondos nos permiten modernizar las herramientas y fortalecer la formación de los fiscales, garantizando que cada caso se procese con rigor y eficiencia, siempre en beneficio de la seguridad de todos los ciudadanos,” afirmó, en tanto, González Mercado.