Tras múltiples denuncias de familiares de confinados a los que se les negó salir de prisión mediante la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), la agencia eliminó del borrador del nuevo reglamento que rige el proceso el requisito de que la casa propuesta por el peticionario deba estar a una distancia de 30 millas del hogar de la parte perjudicada.

En el borrador del documento, publicado el jueves, la JLBP estableció que el criterio de distancia será de “30 minutos, en vehículo y de noche”. Además, dejó como “opcional” el requisito de “un amigo consejero” para que sea la JLBP la que lo requiera para casos que lo ameriten.

“Lo que se está proponiendo es que la residencia propuesta se encuentre a 30 minutos, en vehículo y de noche. En horas de la noche, pues, la distancia va a ser reducida.No obstante, la Junta puede modificar esa distancia en ocasiones excepcionales”, indicó la presidenta de la JLBP, Aixa Pérez Mink.

Subrayó, además, que la residencia propuesta “no debe de estar dentro del municipio que constituye la zona de exclusión”, es decir, el peticionario no podría vivir en el mismo pueblo de la víctima.

Para la aprobación final de la nueva normativa –que revocará el Reglamento 9603, de 2024–, la ciudadanía tiene 30 días, a partir del 29 de mayo, para hacer sus recomendaciones.

“(Este reglamento) va a mejorar sustancialmente y, obviamente, también a proteger la víctima del crimen, pero también nuestro deseo de promover la rehabilitación”, dijo Pérez Mink.

La semana pasada, un grupo de madres, esposas e hijos de confinados denunció a El Nuevo Día el criterio de las 30 millas, al considerarlo “muy punitivo” y “oneroso” en una isla pequeña, como Puerto Rico. En ese momento, Pérez Mink declaró que los reglamentos estaban en “constantemente revisión”. Días después, en entrevista con Telemundo, admitió que el criterio de las 30 millas se trataba de un “error involuntario”.

“La intención fue la protección de las víctimas y que estuviera (el requisito) de manera más precisa, porque el anterior reglamento, el 9232, del 2020, no se mencionaba ninguna disposición, solamente se mencionaba la palabra ‘cercanía’. Entonces, eso se prestaba a que, en ocasiones, pues, cercanía era una calle de diferencia”, dijo en su nueva conversación con este medio.

De acuerdo con Pérez Mink, la intención inicial fue que la distancia fuera de dos a tres pueblos de diferencia entre las residencias. Aclaró, también, que las 30 millas no incluían a los amigos consejeros.

Por otra parte, no pudo precisar a cuántos confinados se les denegó el privilegio de la libertad bajo palabra por el requisito de las 30 millas, incorporado desde septiembre de 2024. Consideró, sin embargo, que fueron “pocos casos”.

“Muchas veces, los crímenes son cometidos cerca de donde residen las víctimas. Son crímenes violentos. Son casos de asesinato. Hay que tomarlo con mucha, mucha, mucha seriedad”, puntualizó.

Para el cambio de 30 millas a 30 minutos, explicó que utilizaron como referencia el protocolo intergubernamental para coordinar la respuesta a sobrevivientes de violencia de género, firmado en junio de 2022.

Con relación al amigo consejero, Pérez Mink sostuvo que será prerrogativa de la JLBP determinar en ciertos casos cuándo se asignará, mediante evaluaciones psicológicas. “Se atempera a los tiempos. Los técnicos de servicio sociopenal nos habían traído la dificultad de conseguir el amigo consejero”, comentó.

En el Reglamento 9603, se excluye solamente a los peticionarios que se mudaban a Estados Unidos o las personas mayores de 60 años de requerir un amigo consejero.

“Son privilegios que les estamos dando a los confinados que han demostrado un grado de rehabilitación y hay una serie de requisitos. Aparte de la vivienda, está la opinión de la víctima y hay que tomarlo en mucha consideración”, resaltó.