Aguadilla - La gobernadora Jenniffer González dejó claro este lunes que se opone a que se imponga la pena de muerte en Puerto Rico, en momentos en que la fiscalía federal busca la pena capital contra uno de los acusados por el asesinato de dos adolescentes en 2023.

Sin embargo, la primera ejecutiva reconoció que es un tema que le atañe al gobierno federal.

“Estoy en contra de la pena de muerte. De la misma manera que estoy a favor de la vida y en contra del aborto, pues no puedo estar a favor de la pena de muerte. Esa es mi postura personal”, sostuvo la primera ejecutiva.

“Esto es una jurisdicción exclusiva del gobierno federal, sobre la que el gobierno de Puerto Rico no tiene interés”, abundó.

Pese a que la Constitución de Puerto Rico prohibe la pena de muerte, la fiscalía federal pidió, mediante una moción, el pasado 14 de noviembre, autorización a la dirección del Departamento de Justicia, en Washington D.C., para reclamar al Tribunal Federal de San Juan que se considere la pena de muerte como potencial sanción contra el asesino de dos adolescentes en 2023.

La petición está relacionada al caso en contra de Edwin Yadiel Flores Tavárez, uno de dos acusados por los asesinatos de Tanaisha Michelle de Jesús Curet, quien tenía 15 años, y Nahia Paola Ramos López, de 13, ocurridos en Piñones, jurisdicción de Loíza, y que estremecieron a Puerto Rico.casos de violencia que más ha llamado la atención pública en los últimos años.

La gobernadora recordó que una de las últimas veces que la fiscalía pidió la pena de muerte fue en el caso contra Alexis Candelario Santana por llamada masacre de La Tómbola. Candelario Santana fue sentenciado, en 2013, a cadena perpetua luego que un jurado no lograra unanimidad para la pena capital. Tras una apelación, Candelario Santana enfrentó un segundo juicio y la sentencia de cadena perpetua fue refirmada en enero de 2024.

Pese a que la fiscalía federal ha intentado que se aplique la pena de muerte en, al menos, 13 casos atendidos en el tribunal federal de Puerto Rico, en ninguno ha prevalecido.

Por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, dijo que se apega al ordenamiento legal vigente.

“En el Departamento de Justicia se trabaja conforme a la ley y el orden, y el estatuto vigente es total deferencia a nivel federal en cuanto a ese particular”, sostuvo la funcionaria.