Las autoridades federales llevaron a cabo, en la madrugada de este miércoles, un operativo en San Germán para desarticular una organización criminal dedicada al narcotráfico.

La Fiscalía federal indicó, en conferencia de prensa, que la empresa criminal operaba desde el 2023 y traficaba cocaína, cocaína “crack”, fentanilo y marihuana.

Según los cargos formulados contra los presuntos miembros, las ventas se realizaban en puntos de drogas ubicados en el interior de dos apartamentos en el residencial Manuel Rossy de San Germán.

El jefe de la Fiscalía federal, William Stephen Muldrow, indicó que vendían los narcóticos “a través de una ventana para evitar ser vistos o detectados por las autoridades“.

Como parte del esquema, añadió Muldrow, “cerraban la entrada a los apartamentos con tablones de madera para permitirles tiempo de deshacerse de las drogas en el evento de un allanamiento”.

Durante el operativo, resaltó Muldrow, agentes arrestaron a 13 personas y todavía buscan a tres personas que permanecen prófugas: Jesed Nathan Pagán Ríos, alias “Jota”; Javier Medina Figueroa, alias “Champ” y “Jampi”; y Kelvin Torres Alvarado, alias “Pito Ciribillo”.

“Los miembros de la organización utilizaban la intimidación, la fuerza y ​​la violencia para mantener el control de las operaciones de narcotráfico e intimidar a las organizaciones rivales", sostuvo Muldrow.

“Además, golpeaban a otros co-conspiradores y/o residentes del residencial con diferentes armas, incluyendo látigos, como castigo por violar las reglas de la ganga”, añadió.

Según los cargos formulados mediante pliego, los acusados actuaron en distintos roles como líderes, gatilleros, corredores, vendedores, facilitadores y velones .

Uno de los arrestados es el presunto líder de la ganga, identificado en el pliego como Jonathan Humberto Peraza Rosa, alias “El Negro”.

De ser declarados culpables por narcotráfico, los acusados podrían recibir una sentencia mínima de diez años de prisión.

Nueve de los acusados enfrentan denuncias adicionales por armas de fuego y se exponen a un mínimo de 15 años en prisión hasta un máximo de cadena perpetua.

Además, el pliego incluyó una alegación de confiscación de $2.85 millones, un estimado de lo generado durante el tiempo que duró la conspiración.

El operativo estuvo a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), y contó con el apoyo del Negociado de la Policía y del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).