El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, se mostró inconforme con la determinación de no presentar cargos contra una persona que entró a la cárcel de Bayamón con marihuana.

El funcionario indicó que la intervención se produjo a eso de las 3:00 de la madrugada del sábado pasado, en la institución Bayamón 705, que es donde llegan los miembros de nuevo ingreso de la población correccional.

Explicó que una empleada de una empresa privada de comida subcontratada llegó a pasar el primer punto de cotejo en su vehículo, hasta llegar al estacionamiento.

“Nuestros oficiales, con la unidad canina, intervienen con la empleada dentro de las facilidades. Se siguió el protocolo correspondiente. Eventualmente, ella accedió a que se le realizara un registro a su vehículo, donde se encontraron sustancias controladas, entiéndase marihuana”, relató el secretario del DCR a El Nuevo Día.

Agregó que, posteriormente, la sustancia fue confirmada en una prueba de campo a través de la Policía y con la Fiscalía.

El funcionario dijo que posteriormente le informaron “que no se iba a radicar cargos porque tenía licencia de cannabis”.

“Expresé mi inconformidad no solo como secretario, sino también como fiscal que fui por 10 años y como juez que fui por 12 años, precisamente en una sala criminal”, expresó Quiñones Rivera.

“Aquí no estoy imputando posesión a nadie, posesión con intención de distribuir, pero si pasa el primer punto de cotejo con marihuana, tenga o no tenga licencia... Lo mismo pasa con alguien que tenga licencia de armas. Eso no es un material permitido allí según lo dispone el Código Penal”.

El Nuevo Día solicitó una reacción al Departamento de Justicia, pero no respondió a la petición.

Aunque este no es el caso, Quiñones Rivera dijo que la prohibición de la entrada de esas sustancias está vinculada a evitar situaciones pasadas vinculadas al tráfico de narcóticos en las cárceles.

“Sabemos que un método que usan las organizaciones criminales es el método a través de mulas, precisamente con personas que tienen licencia de cannabis, aprovechándose de esa situación que provee la ley en casos meritorios, para entrar a nuestras instituciones”, apuntó.

Alegó que han tenido casos “de personas que entran a nuestras instituciones, hacen una verificación de cómo está la seguridad, quién está en el punto de cotejo, saluda, dice que va a buscar una comida al carro, y regresa, y si el oficial que está allí ve que fue una entrada corta, se confía y posiblemente cae en el error de no registrar nuevamente a la persona y entra la persona”.

“No digo que este sea el caso, pero esta persona entró a los predios de la institución, pasó el primer punto de cotejo en el vehículo y tenía marihuana en su carro. Eso es un hecho irrefutable”, manifestó.

“Así que expresé mi inconformidad pero, bueno, respetuoso de los procesos. Mi función es velar por la seguridad de las instituciones, de las personas bajo nuestra custodia y que los compañeros hagan su trabajo correctamente, que lo están haciendo”, abundó.

En la lucha contra el contrabando en las cárceles, Quiñones Rivera reiteró que se propone a reactivar las pruebas de dopaje a todos los empleados del DCR y llevar a cabo investigaciones de trasfondo de cada uno, conocido en inglés como “background check”.

De igual forma, dijo que está insistiendo con los suplidores subcontratados para hagan lo mismo con los empleados que envían a ofrecer servicios en las prisiones, así como ofrecerle orientación a los que sean pacientes de cannabis medicinal.

“Estos patronos tienen la responsabilidad de dejarle saber a sus empleados que no se puede entrar ningún tipo de objeto que podría ser legales (afuera)”, apuntó.

“Tengo compañeros en algunas áreas que tienen licencia de portación de armas y no pueden entrarlas a las instituciones”, agregó. “Lo mismo pasa con la marihuana. Puede tener licencia de cannabis, pero eso no es para traerlo al estacionamiento de una institución carcelaria. No estoy diciendo que haya sido el caso de esta persona, pero este es un modus operandi (que se ha usado en el pasado) para introducir la droga”.

El titular del DCR reconoció que el estado derecho actual en Puerto Rico permite el uso de cannabis medicinal a personas que hayan sido certificadas por un médico para el tratamiento de alguna condición.

“No quiero llevar a menos que aquí hay pacientes con condiciones serias y terminales, como pacientes de cáncer”, indicó el funcionario.

No obstante, recalcó que “estamos hablando de las personas que abusan de ese beneficio que provee la ley, o que tienen ese beneficio y son utilizadas por terceras personas, para hacer este tipo de cosas (contrabando). No digo que es el caso de la joven intervenida el sábado. Lo que estoy diciendo es que no puedo permitir que ni tan si quiera pasen por los portones de la institución con ese tipo de material”.