La Policía asegura haber desarticulado una organización dedicada al tráfico de armas ilegales y sustancias controladas en Aguadilla.

El superintendente de la Policía, Joseph González, indicó que una investigación de agentes encubiertos durante once meses resultó en el arresto de 14 adultos y tres menores de edad. Todos tienen edades entre los 17 y 21 años.

De ese total, la Fiscalía de Aguadilla había radicado cargos en ausencia contra diez adultos y presentó faltas contra dos menores, denunciando su rol como parte de la operación de la organización, al grabar 27 transacciones como encubiertos.

Los demás quedaron bajo custodia posterior a los primeros cargos sometidos debido a que fueron documentados por los agentes como participantes de transacciones que se llevaron a cabo después y se esperaba que fueran imputados esta tarde.

Según González, la investigación del Negociado de Drogas encontró que la ganga operaba principalmente en el residencial Las Muñecas de Aguadilla, aunque se identificaron transacciones en Isabela y Aguada.

El coronel Jorge Luyando, director del Negociado de Drogas de la Policía, identificó al presunto líder de la pandilla como Wesley Yomar Ortiz Soto, mientras que dijo que el principal gatillero fue identificado como Jesús Román Marrero.

Explicó que ambos fueron ingresados a prisión posterior a la investigación debido a otros delitos. Jomar Ortiz fue sentenciado recientemente a siete años de cárcel por drogas, mientras que Román Marrero está sumariado por un caso de asesinato en otro residencial.

En total, la Fiscalía de Aguadilla radicó 37 denuncias por violación a la Ley de Armas, 10 por la Ley de Sustancias controladas, y 12 faltas a los menores por ambos asuntos.

González detalló que, durante la pesquisa, incautaron siete rifles, siete pistolas calibre 9mm y .40, 24 cargadores, 339 municiones, siete libras y media de marihuana, 186 gramos de cocaína y 14 vehículos de motor.

Agregó que el total de gastos operacionales ascendió a $55,602, mientras que la fianza global impuesta supera los $3.7 millones.

“Esta intervención representa un golpe directo al crimen organizado en el área oeste y reafirma nuestro compromiso de desarticular estructuras criminales que afectan la seguridad y la paz de nuestras comunidades”, expresó el superintendente.