Río Grande - Ante las redadas migratorias que se han intensificado hace un año en Puerto Rico, la Policía no ha alterado el proceso que sigue cuando interviene con extranjeros, y que se adoptó en el marco de la reforma policial impulsada tras denuncias de atropellos y violaciones de derechos civiles.

A la fecha, ningún cuerpo policial en Puerto Rico ha firmado un acuerdo bajo el programa 287(g) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), que autoriza delegar a oficiales del orden público estatal y local la autoridad de realizar funciones específicas de oficiales de inmigración bajo la dirección y supervisión de la agencia.

De acuerdo al portal de ICE, había 1,372 acuerdos firmados en decenas de jurisdicciones estadounidenses hasta el 26 de enero; la mayoría, en Texas y Florida.

“El trabajo que ahora está haciendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo hacía la Policía de Puerto Rico, porque la Reforma de la Policía de Puerto Rico nace por un caso de abuso y de violación de derechos humanos de la comunidad dominicana”, sostuvo Carlos Pérez Fernández, médico y quien era vicecónsul de la República Dominicana en la isla cuando inició la reforma, en 2013.

Las expresiones ocurrieron en el marco de un conversatorio del Comité de Interacción Ciudadana de la región de Fajardo -que agrupa a a ese municipio, además de Ceiba, Culebra, Vieques, Luquillo y Río Grande-, un ente integrado por representantes comunitarios que buscan facilitar la comunicación de estos grupos con la Policía. El encuentro se efectuó la noche del miércoles en el centro comunal de la urbanización Los Árboles, en Río Grande, y tenía la intención de orientar sobre los derechos que cobijan a los inmigrantes en intervenciones de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000).

Tanto policías como residentes extranjeros recibieron un breve taller sobre qué deben hacer los agentes si intervienen con un inmigrante en la calle.

El sargento José Caraballo precisó que la Orden General Capítulo 600 Sección 626 establece las normas a seguir por los miembros de la Uniformada al intervenir con personas extranjeras por la comisión de delitos u otras circunstancias que requieran la interacción policial, como accidentes de tránsito.

El estatuto –firmado en 2016 por el entonces superintendente de la Policía, José Caldero López– establece que “no se puede detener o arrestar una persona para determinar su estatus migratorio”, subrayó Caraballo.

“Lógicamente, la Policía es un cuerpo de seguridad y orden que colabora en acuerdos de seguridad con las agencias federales, pero lo que está haciendo ICE ahora lo hacía la Policía de Puerto Rico en todos los niveles… paraban para ver la licencia si parecías dominicano. Tuvimos una lucha muy grande con la oficialidad de la Policía, hasta que se fue entendiendo, y ya la Policía no hace eso”, comentó, por su parte, Pérez Fernández, al preguntarle sobre denuncias ciudadanas recientes, en términos de que la Policía ha colaborado con ICE al poner a disposición celdas para detenidos en cuarteles de la capital, como ocurrió en noviembre en un incidente reportado en Capetillo.

Bajo la Orden 600-626, los oficiales deben notificar al consulado dominicano si arrestan un nacional de la República Dominicana, dijo Caraballo, frente al cónsul Rosendo Arsenio Borges Rodríguez, quien participó del evento. La diputada de ultramar dominicana de la circunscripción 2 del exterior, Adelys Olivares, también estuvo en la actividad.

Teodoro Santos Canela, representante de la comunidad extranjera en el comité de interacción ciudadana de Fajardo, detalló que, en la reunión, participaron cubanos, venezolanos y haitianos.

“A un extranjero lo cobija el derecho de que un policía no le puede pedir documentaciones por solamente tener el acento o abrir un caso sin una orden del tribunal, igual que para cualquier ciudadano puertorriqueño. Nos sentimos tranquilos”, expresó el dominicano con 33 años en la isla, casi todos trabajando como guía turístico del Municipio de Río Grande.

El comandante del área de Fajardo, Carlos Juan Nazario Lebrón, planteó que el conversatorio forma parte de los requisitos de la Reforma de la Policía, que también ordena reunirse con otros grupos, como representantes de la comunidad LGBTQ+, organizaciones de base de fe, personas con impedimentos, entre otros.

“Recientemente, las autoridades federales intervinieron con unos ciudadanos rusos y de otro país asiático. No es muy común ver ese tipo de intervenciones”, mencionó Nazario Lebrón al comparar lo que se ha documentado en la capital, en dónde predominan las redadas migratorias por alta presencia de inmigrantes.

Se refirió a que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) en Puerto Rico detuvo la semana pasada a 12 inmigrantes indocumentados de Uzbekistán y Rusia cerca de la isla municipio de Vieques.

“El reclamo que tiene la comunidad dominicana y la comunidad extranjera en Puerto Rico es que se respeten los derechos humanos. Es la forma... (en que hacen los operativos federales) no solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos. No salir a cazar personas por los perfiles. Eso era lo que pasaba antes en la Policía, que decían ‘son morenitos, vamos a pararlos’. Tuvimos que luchar contra el racismo estaba en la Policía y en la sociedad”, enfatizó Pérez Fernández.