Un sargento de la Policía mató de un disparo a un veterano de 42 años en medio de una intervención, en una residencia, en la barriada Nueva de Utuado, durante la madrugada de este lunes.

La Policía acudió al lugar tras recibir una llamada en que la hermana de la víctima presuntamente indicó que este la había amenazado de muerte, dijo a este medio el comandante del área policíaca de Utuado, Gaby Pérez Cintrón.

El comandante relató que, al llegar a la vivienda, los agentes orientaron a la querellante sobre la posibilidad de diligenciar una orden de ingreso involuntario a tratamiento de salud mental (Ley 408-2020), pero la mujer supuestamente rechazó esa alternativa, y en cambio, solicitó a los agentes que dialogaran con su hermano, identificado como Daniel Maldonado Díaz.

Según Pérez Cintrón, al intentar intervenir con Maldonado Díaz, el hombre se dirigió hacia los oficiales con un cuchillo en la mano, y el sargento Julio C. Nieves Rosado le disparó para repeler la agresión. El comandante de la Policía en Utuado argumentó que la víctima se encontraba a una distancia menor de 10 pies, y supuestamente “era imposible utilizar algún tipo de arma menos letal”, como un “taser” o dispositivo paralizante.

Por su parte, la organización Kilómetro Cero, que fiscaliza las acciones y el uso excesivo de fuerza de la Policía, censuró el proceder del sargento, y puntualizó que la Uniformada carece de preparación para manejar crisis de salud mental.

“Ponerse agresivo no justifica que el Estado nos mate. La Policía de Puerto Rico no cuenta con protocolos efectivos ni con la formación adecuada para manejar intervenciones, en crisis de salud mental o emocionales. Como muestra la evidencia, la presencia de la Policía con personas en crisis, escala la violencia y no prioriza el acompañamiento salubrista con personal capacitado”, dijo por escrito.

“Existen modelos comunitarios de respuesta a crisis -ya implementados con éxito en otras jurisdicciones- que ofrecen alternativas para proteger la vida, desescalar situaciones complejas y garantizar que se respeten los derechos humanos. Mientras en Puerto Rico no se dé ese paso, continuaremos presenciando muertes como esta a manos del Estado”, añadió.

Kilómetro Cero ha documentado, en Puerto Rico, al menos seis muertes por uso de fuerza policial en intervenciones con personas en crisis, desde 2014.

Mientras, el procurador del Veterano, Agustín Montañez Allman, dijo que la agencia evalúa lo sucedido en Utuado.

“El Departamento del Veterano está haciendo su verificación porque, obviamente, en estos momentos, sabemos que era veterano, pero, aparentemente, no está apareciendo en los servicios”, indicó en entrevista telefónica.

Explicó que un veterano pudiera no aparecer en sistema si se muda de jurisdicción, deja de asistir a los servicios del Hospital de Veteranos o no cualifica para ser atendido en esa institución.

Para ser atendido en el Hospital de Veteranos, el exmilitar debe tener algún nivel de discapacidad como resultado de su ejercicio militar, ser de edad avanzada y en estado de sinhogarismo o ser de edad avanzada y con alguna condición debilitante, entre otras situaciones catastróficas, explicó el funcionario.

El sargento que disparó fue entrevistado, en la madrugada del lunes, por una de las psicólogas de la Oficina de Psicología del Negociado de la Policía y estará fuera de sus funciones mientras es evaluado, sostuvo, en tanto, el comandante Pérez Cintrón.

“Él se encuentra estable, se le van a dar unos días libres para que asimile la situación, y va a estar en funciones administrativas”, afirmó.

Luego del proceso de evaluación psicológica, regresaría a su puesto, según el comandante.

Personal del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y la División de Investigación de Incidentes de Uso de Fuerza (FIU, en inglés) investigan el caso y el uso de fuerza del agente.

La investigación preliminar estuvo a cargo del agente Wilfredo Valentín, del precinto de Utuado. Posteriormente, el agente Luis Torres Soto, adscrito a la División de Homicidios de Utuado, y el sargento Ángel Negrón Maldonado se hicieron cargo de la investigación junto a la fiscal Daralis Alicea Cordero.