Al leer los nombres de cientos de mujeres asesinadas en los últimos seis años, el Observatorio de Equidad de Género (OEG) denunció este martes que, desde 2019, se han perpetrado 455 feminicidios en Puerto Rico, entre ellos, 113 que continúan bajo investigación.

“Esa ausencia es la marca más profunda de la violencia machista”, expuso la directora del OEG, Stephanie Figueroa Figueroa, acompañada de líderes feministas, durante el lanzamiento de la campaña “Ni olvido ni silencio”.

“Esta campaña no es un acto simbólico ni un gesto vacío. Es un grito colectivo que nace de la indignación, de la memoria y de la resistencia”, agregó, desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

En lo que va de año, el OEG ha documentado 54 feminicidios. De esos, 17 son íntimos, es decir, que fueron perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas. Figueroa Figueroa alertó, además, sobre 95 intentos de feminicidio, que “es una cifra que alarma porque son casos de mujeres que estuvieron al borde de la muerte”.

Sostuvo, asimismo, que “cada vez se hace más cuesta arriba” el acceso a los datos que permiten el proceso de triangulación que el OEG realiza para documentar las diferentes modalidades de feminicidios bajo el Protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, preparado por la ONU Mujeres.

“El Estado no puede sobreponer un feminicidio sobre otro. Hay feminicidios que cargan con un estigma bien grande, como, por ejemplo, los feminicidios relacionados con el crimen organizado y que se ha visto que no se esclarecen”, declaró.

Desde 2020, el OEG ha identificado 376 intentos de feminicidio, y alrededor de 50 mujeres y niñas permanecen desaparecidas desde ese año. La organización también cuantificó nueve transfeminicidios, que en su mayoría se mantienen sin esclarecer.

El aumento de feminicidios perpetrados con armas de fuego sigue siendo una preocupación del OEG, que señaló que, entre 2014 y 2019, era 33% y, en 2024, aumentó a 75%.

“Si no hubiera habido esa flexibilización de las armas de fuego en Puerto Rico, quizás, no estaríamos viendo esta escala, que caracteriza a Puerto Rico frente a Latinoamérica. En América Latina, el porcentaje de uso de armas de fuego es entre un 33% y 45% en los casos íntimos”, comparó, por su parte, la doctora Debora Upegui Hernández, analista del OEG.

Las portavoces del Observatorio manifestaron que el gobierno tiene la obligación de defender con firmeza las leyes que protegen a las Las portavoces de la entidad manifestaron que el gobierno tiene la obligación de defender con firmeza las leyes que protegen a las mujeres, como el delito de feminicidio en el Código Penal.

El viernes pasado, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones encontró inconstitucional un subinciso del Artículo 93 –que codificó el delito de feminicidio– por encontrar que “vulnera el debido proceso de ley” de un acusado por el asesinato de su esposa, en Villalba, cuya hija había declarado, en la vista preliminar del caso, que era víctima de un patrón de violencia doméstica.

Aunque el delito de feminicidio sigue vigente en el Código Penal porque solo se señaló un subinciso, Figueroa Figueroa defendió que “tenemos que llamar las cosas por su nombre”.

“Todavía vemos cierta resistencia para utilizar el término feminicidio. Apelamos a la importancia de utilizar el concepto feminicidio y a que las muertes violentas por razón de género existen, y las estamos viendo continuamente. Para atender el problema, tenemos que empezar a nombrar el problema por su nombre”, enfatizó la también trabajadora social.

La campaña de recordación consistirá en publicaciones con 12 nombres por día, en las redes sociales del OEG, entre el 4 de noviembre y 3 de diciembre.

“Levantamos sus nombres como estandarte de dignidad. Hoy, decimos que sus vidas importan. Hoy, afirmamos que no descansaremos hasta que la justicia sea una realidad”, proclamó Figueroa Figueroa.

A causa de los 455 feminicidios, hay, al menos, 156 menores que quedaron en estado de orfandad.

Entre los reclamos, el OEG exige “una vida libre de violencia para todas las mujeres, niñas y personas trans”, y el desarrollo de “políticas públicas de reparación para las niñeces, adolescencias y juventudes que han perdido a sus madres, así como para las familias y custodias que cargan con el duelo y la responsabilidad”.