Según el director de la ACLU, los observadores de la entidad fueron colocados en situaciones de peligro por la Policía el pasado 1 de mayo. (GFR Media) (horizontal-x3)
Según el director de la ACLU, los observadores de la entidad fueron colocados en situaciones de peligro por la Policía el pasado 1 de mayo. (GFR Media)

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), en Puerto Rico, se querelló contra la Policía, ante el Departamento de Justicia federal, por la forma en que manejó las protestas del Día Internacional de los Trabajadores, en Hato Rey.

En una misiva con fecha del viernes, William Ramírez, director ejecutivo del capítulo de la ACLU en Puerto Rico, denunció que la Uniformada “abandonó deliberadamente los protocolos y las prácticas policiacas” que debieron haber sido implementadas durante las protestas. Ramírez indicó que ha sostenido reuniones con José Pujol, quien realiza una investigación en la Oficina del Monitor de la Policía, Arnaldo Claudio, sobre los mismos eventos.

La carta de Ramírez está dirigida a Luis Saucedo, abogado que representa al Departamento de Justicia federal en el proceso de la reforma policiaca.

La pesquisa que conduce la Oficina del Monitor de la Policía incluye entrevistas a oficiales de todos los niveles, y abarca la revisión de fotos y pietaje suministrados por varias organizaciones que participaron en la manifestación, que culminó con arrestos de algunos asistentes.

Esa investigación fue ordenada por el juez federal Gustavo Gelpí, y debe finalizar entre julio y agosto.

Según Ramírez, sobre 20 observadores de la ACLU debidamente identificados -con gorras, camisas y documentos- fueron “abusados y colocados en situaciones de peligro” el pasado 1 de mayo. Planteó que los observadores se reunieron con la Policía antes de esa fecha para dejar saber la función que cumplirían el día de la protesta.

“A pesar de todas las formas de identificación -incluyendo verbales-, fueron deliberadamente empujados, estuvieron expuestos directamente a gases lacrimógenos y, peor aún, fueron retenidos y no se les permitió abandonar el área cerrada comprendida por varias cuadras. Una vez nuestros observadores llegaron a un punto en que los oficiales bloquearon la salida del área, a los observadores no se les permitió irse, y fueron mantenidos en el lugar a donde se dirigieron policías con gases lacrimógenos y gas pimienta”, relató en la carta.

Según Ramírez, los miembros de su equipo fueron amenazados con violencia, y aseguró que las observadoras de la ACLU fueron tratadas por los oficiales con mayor hostilidad, se les faltó el respeto y fueron hostigadas.

Además de las denuncias sobre los observadores, el director de la ACLU señaló particularmente dos casos de posible brutalidad policiaca, y solicitó a Saucedo que sean procesados criminalmente.

Uno de los casos es el de un vendedor de agua que, tras verse afectado por gases lacrimógenos, cayó al suelo mientras algunos agentes le ordenaban que abandonara el área, directriz que presuntamente no podía acatar por la situación en la que se encontraba.

Mientras estaba en el suelo, dos oficiales comenzaron a dispararle con balas de goma o balas”, escribió Ramírez, al indicar que el hombre terminó con heridas en la espalda. Supuestamente, el vendedor de agua, identificado como J.H. en el documento, “sufre de lo que parece ser depresión relacionada al evento y algún tipo de desorden post-traumático”.

El otro caso reseñado es el de una madre soltera, miembro de la Reserva del Ejército y veterana de la guerra de Irak, que mientras abandonaba el área de la protesta fue perseguida por decenas de policías que le lanzaron gases lacrimógenos, y uno de los policías, vistiendo indumentaria militar, “le echó gas pimienta en una manera raramente vista”.


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