La decisión judicial favorece a los tenedores de unos $2,900 millones emitidos por el gobierno (semisquare-x3)
La decisión judicial favorece a los tenedores de unos $2,900 millones emitidos por el gobierno. (GFR Media)

El Primer Circuito de Apelaciones decidió ayer que el derecho de los bonistas de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) sobre las aportaciones patronales que garantizan la deuda emitida por ese plan de pensiones como colateral continúan vigentes, revocando así un fallo de la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain en el tema.

En una decisión emitida por los jueces de apelaciones Lynch, Stahl y Kayatta, el foro federal intermedio concluyó que cuando se emitieron los Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs en inglés) para el 2008, el gobierno y quienes estructuraron la transacción no registraron adecuadamente en el Registro de Transacciones Comerciales (UUC) el gravamen sobre la fuente de repago de esa deuda.

Sin embargo, unos siete años más tarde, concluyó el panel de jueces, el gobierno habría corregido la situación, “perfeccionando” las deficiencias iniciales de la transacción y por ende, cediendo en definitiva, las aportaciones patronales a la ASR como colateral para los bonistas de los POBs.

El año pasado, la jueza Swain -quien preside los casos de Título III de Puerto Rico- determinó que los bonistas de los POBs no tenían un interés propietario sobre las aportaciones patronales al ASR, a pesar de que la documentación de esa transacción así lo establecía. En síntesis, la jueza encontró que el lenguaje de la descripción del gravamen en las declaraciones radicadas ante el UCC no era claro y además, que al traducirse los estatutos que dieron paso a la transacción, se había intercambiado el nombre de la agencia.

Como resultado, concluyó Swain, los bonistas de los POBs tendrían derecho a alguna recuperación, pero no prioridad sobre el dinero que se creía comprometido para pagarles. La ASR, por su parte, buscaba utilizar ese dinero para continuar pagando las pensiones de sus participantes.

“Encontramos que las enmiendas a las declaraciones financieras radicadas en 2015 y 2016 satisficieron los requisitos de perfección en la radicación cuando se leen en conjunto con las declaraciones financieras de 2008”, reza el fallo escrito por Lynch.

“Este interés propietario (el gravamen sobre las aportaciones patronales a la ASR) no puede obviarse bajo (la ley federal) Promesa”, reza el fallo del panel intermedio.

De igual forma, el foro intermedio concluyó que si bien hubo un cambio en las palabras que se utilizaron en una traducción de las leyes asociadas con los POBs del idioma español al inglés (lo que ponía en duda si la ASR estaba obligada a honrar lo pactado), dicho cambio no alteró la obligación incurrida.

La decisión judicial favorece a los tenedores de unos $2,900 millones emitidos por el gobierno a través de los POBs, entre quienes figuran los fondos que maneja UBS Financial Services of Puerto Rico y la firma de inversiones Altair Global Opportunities, Glendon Opportunities Fund, Andalusian Global Designated Activity Company, Mason Capital Master Fund, Nokota Capital Master Fund, varios fondos de la firma Oaktree, Ocher Rose y SV Credit.


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