La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) pagó $109,000 de manera retroactiva a un contratista por servicios prestados entre octubre de 2023 y enero de 2024, en violación a lo que establecen las leyes que regulan las contrataciones en el gobierno, de acuerdo con un informe de la Oficina del Inspector General (OIG).

Según el reporte de la OIG, la ACT contrató con una empresa, entre septiembre 2022 y diciembre de 2024, para arrendar 19 vehículos para el Área de Programación y Estudios Especiales, por una cuantía máxima de $301,650, de los cuales se desembolsaron $294,323.92 hasta el 24 de agosto de 2023.

Para esa fecha, quedaban solo $7,326 disponibles, y la compañía proveyó servicios hasta el 25 de enero de 2024, cuando se enmendó el contrato para incrementar la cuantía a $648,450 y pagársele retroactivamente un total de $109,009.20 por los meses de octubre de 2023 a enero de 2024. Tres cheques se desembolsaron el mismo día, el 31 de mayo, mientras que el cuarto fue pagado el 26 de julio.

Según la OIG, esto se debe a que, durante esas fechas, el contrato operaba sin fondos y posteriormente se añadieron “utilizando parte de estos para cubrir las facturas del período de cuatro meses” que no había sido cubierto con dinero público.

“Al constituir un pago retroactivo, este desembolso de fondos públicos se realizó en contravención de las disposiciones legales que regulan la contratación gubernamental, como la Ley Núm. 18 del 30 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como Ley de Registro de Contratos”, denunció la OIG, en el documento firmado por la inspectora general, Ivelisse Torres, y el director de Áreas de Querellas e Investigación, Francisco Rodríguez.

En el período que fue evaluado por la OIG, el director de la ACT era Edwin González, quien actualmente ocupa la secretaría del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y se mantuvo en la jefatura de la corporación pública.

Aunque este medio solicitó comentarios sobre los hallazgos, la ACT expresó que analiza cuidadosamente las conclusiones, “incluyendo el marco legal aplicable, las circunstancias particulares de la contratación, la continuidad de los servicios prestados, las autorizaciones presupuestarias y cualquier otra consideración jurídica pertinente”.

“Es importante señalar que el informe contiene hallazgos y recomendaciones administrativas que serán objeto de un análisis jurídico y técnico detallado por parte de la Autoridad”, indican las declaraciones escritas.

De acuerdo con la OIG, González fue quien aprobó las enmiendas al contrato y se le comunicó el acuerdo al que llegó la directora y subdirector del Área de Programación y Estudios Especiales de la ACT con la empresa.

“La política pública del gobierno de Puerto Rico establece que los contratos de servicios profesionales o consultivos entre un contratista y el gobierno deben ser de carácter prospectivo. De esta manera, prohíbe el otorgamiento de contratos, enmiendas y pagos de manera retroactiva”, concluyó la OIG.

La oficina recomendó evaluar las irregularidades que llevaron al desembolso de los fondos públicos e iniciar un proceso de recobro de los $109,009.02.

También recomendaron adiestrar al personal que interviene en procesos de contratación y facturación gubernamental, “con énfasis en los requisitos aplicables a la contratación, aprobación de facturas, prestación prospectiva de servicios y detección de situaciones que puedan resultar en desembolsos retroactivos de fondos públicos”.