El Departamento de Educación recurrió hoy ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar la revisión de la sentencia judicial que le ordenó abrir todos los comedores escolares que sean necesarios para proveer comidas calientes a los menores necesitados en medio de la pandemia.

Mediante dos recursos judiciales, Educación -representado por el Departamento de Justicia- argumentó que el Tribunal Superior de San Juan erró al concluir que la agencia tiene un deber ministerial de proveer alimentos a los estudiantes, así también como por no haber declarado la controversia académica luego que la gobernadora Wanda Vázquez Garced ordenara la reapertura de algunos comedores escolares el 6 de mayo, en coordinación con alcaldes.

“Muy respetuosamente sostenemos que la Rama Judicial debió abstenerse de intentar dirigir judicialmente el proceso administrativo del Departamento de Educación y la forma y manera de las aperturas de los comedores. Lo anterior conlleva tomar decisiones de política pública que, muy respetuosamente, sostenemos que no le corresponde a la Rama Judicial. Pretender por la vía judicial intervenir en el proceso administrativo referente a cuantos comedores abren, en qué lugar, qué alimentos se preparan y cómo se distribuyen, constituye una interferencia indebida con las funciones ejecutivas delegadas por la Constitución a otra rama política”, argumenta el recurso sometido por Justicia para solicitar la revocación de la sentencia emitida la semana pasada.

En la demanda radicada el martes, 28 de abril, siete familias y cinco organizaciones sin fines de lucro reclamaron que el Departamento de Educación ordene la reapertura de las cocinas de los comedores escolares y cumpla así con su obligación de proveer alimentos a los estudiantes. De acuerdo con el recurso legal, el gobierno no puede transferir su responsabilidad a organizaciones sin fines de lucro, como se ha pretendido hacer al donar las comidas adquiridas por la Autoridad Escolar de Alimentos a entidades no gubernamentales.

El juez superior Anthony Cuevas Ramos concluyó que Educación sí tiene el deber de proveer alimentos a los estudiantes, más aun en una situación de emergencia como la que atraviesa la isla a causa del coronavirus.

Sin embargo, el gobierno argumentó hoy que ninguna de las leyes federales ni estatales que rigen el funcionamiento de los comedores escolares establece de forma explícita que Educación tiene un deber ministerial de alimentar a los menores de edad. Asimismo, insistió que las organizaciones sin fines de lucro que forman parte del pleito no tienen legitimación activa para demandar a la agencia pues no han demostrado que han sufrido un daño. El juez Cuevas Ramos rechazó este argumento previó a emitir su sentencia el 22 de mayo.

El domingo, el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, indicó que la División Legal evaluaba el alcance de la sentencia de Cuevas Ramos, pero señaló que continuaría el plan de reapertura de comedores escolares.  En la moción en auxilio de jurisdicción, los abogados de Justicia detallaron las medidas que ha realizado el Estado para proveer alimentos a las familias, como la donación de comida a organizaciones sin fines de lucro y la reciente autorización de gobierno central para enviar cajas de comida a residentes de siete municipios.

No obstante, los demandantes en el pleito criticaron que el gobierno haya apelado la sentencia del juez Cuevas Ramos.

El abogado Osvaldo Burgos, uno de los representantes legales de los demandantes, señaló que en los documentos de apelación no se hace mención alguna al cierre de comedores escolares de los últimos días ordenado luego que empleados de Educación arrojaran resultados positivos en pruebas de sangre que detectan anticuerpos de coronavirus. Días después, Hernández Pérez informó que no se habían recibido resultados positivos en las pruebas diagnósticas de COVID-19, llamadas pruebas moleculares o de PCR.

Asimismo, la directora ejecutiva del Proyecto Matria y portavoz de la Mesa Social, Amárilis Pagán Jiménez, catalogó la apelación como una decisión mezquina del gobierno y recordó que las organizaciones sin fines de lucro no pueden encargarse, por sí solas, de la alimentación de todas las familias que ahora se encuentran en necesidad.

“Los comedores escolares del Departamento de Educación son la única infraestructura con la suficiente amplitud geográfica como para lograr una red de distribución 7 días a la semana, a cada familia que lo requiera. Pero el gobierno se niega. Y se niega sin razones válidas. Tienen el dinero, tienen los comedores, tienen los almacenes y las empleadas y empleados. Lo que no tienen es amor ni voluntad”, señaló Pagán Jiménez mediante un comunicado de prensa.