El exsenador y el empresario Juan Bravo fueron sentenciados por el delito de soborno

En su segunda ronda, el juez Franscisco Besosa sentenció hoy, jueves, nuevamente al exsenador Héctor Martínez y al empresario Juan Bravo Fernández a cuatro años de prisión por el delito de soborno.

Besosa le impuso una multa de $15,000 y tres años de libertad supervisada tras salir de la cárcel a Martínez.  

Al exlegislador se le restará de su condena el tiempo que ya cumplió en prisión: 10 meses y tres días. Mientras, a Bravo se le restarán a los siete meses y 23 días que ya cumplió tras los barrotes.

En la sala del Tribunal Federal, Martínez repitió que aceptar el viaje a Las Vegas pudo haber sido “una imprudencia”, pero no hubo detrás una intención criminal, “no hubo maldad”. “Me reitero que soy inocente”, dijo el exlegislador de 49 años.

“Perder la libertad es como estar muerto en vida: Estar alejado de la familia, perder momentos importantes y ni hablar de la soledad que sientes todo el tiempo”, expresó.

A su salida del Tribunal, el exsenador reiteró su inocencia y confirmó que apelará la sentencia.

Por su parte, en su turno de alocución ante una sala repleta, Bravo hizo hincapié en “la montaña rusa emocional” que ha atravesado como parte del proceso.

“En el 2013, salí de la cárcel pero la prisión nunca me dejó; solo cambiaron las paredes”, manifestó el empresario. “La progresión lenta y gradual del dolor y la humillación ha sido insoportable”, añadió.

El 31 de mayo de 2017, Martínez y Bravo fueron hallados culpables por el cargo de soborno que pesaba contra cada uno. 

Según la teoría de la Fiscalía federal, con la que coincidió el jurado, Martínez presentó dos medidas que favorecían a la empresa de Bravo, la compañía de seguridad privada Ranger American, a cambio de un viaje a Las Vegas para presenciar la pelea de boxeo entre Félix “Tito” Trinidad y Ronald “Winky” Wright, celebrada el 14 de mayo de 2005. 

Sentado en la sala, Martínez se quebró en llanto durante la alocución de Bravo. “Como dicen, cuando haya salud, con todo lo demás se brega”, dijo el empresario que, a sus 62 años, padece de múltiples condiciones de salud. 

Hoy, a las 2:30 de la tarde, arrancará la vista de sentencia para el exsenador.

Esta fue la segunda ocasión en que el dúo enfrentó juicio. Anteriormente, el 7 de marzo de 2011, un jurado encontró a ambos culpables de conspirar, junto al otrora senador Jorge De Castro Font, para aprobar las dos medidas que favorecían a Ranger American, una para enmendar la Ley de Detectives Privados de Puerto Rico y otra para establecer uncódigo de conducta en los centros comerciales. 

Ambos fueron sentenciados a cuatro años de prisión, tres años de libertad supervisada y 200 horas de servicio comunitario para responder por los cargos de conspiración, de viajar por el comercio interestatal en asistencia a un delito de crimen organizado y por soborno con relación a un programa federal.

Sin embargo, debido la inconsistencia del jurado en su determinación sobre cada uno de los cargos, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston revocó el veredicto de culpabilidad en junio de 2013, debido a que el juez Francisco Besosa erró al no explicarle al jurado la diferencia entre regalía y soborno al momento de impartir las instrucciones. 

La diferencia entre ambos términos yace en el momento del regalo. Un soborno se hace previo a que un funcionario tome una acción determinada para influenciarlo con el objeto de valor que recibirá posteriormente, mientras que una regalía surge después del acto como forma de agradecimiento.

Para ese entonces, el exlegislador había cumplido casi un año en prisión. Más adelante, el 29 de noviembre de 2016, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio luz verde a la Fiscalía Federal para volver a someter caso sin incurrir en doble exposición, lo que dio paso a un nuevo juicio, esta vez por el único cargo de soborno.

Pese al nuevo veredicto de culpabilidad, la defensa de ambos acusados sometió una moción de absolución perentoria debido a que, nuevamente, el juez Besosa no había explicado la diferencia entre regalía y soborno, lo cual pudo motivar las preguntas del jurado durante las nueve horas que tomó dilucidar el caso. 

Además, el equipo de abogados -compuesto por Abbe Lowell y Sonia Torres, en representación de Martínez Maldonado, y Reid Weingarten y María Sandoval en representación de Bravo Fernández-, reiteró que la Fiscalía federal, integrada por Peter Koski, Monique Abrishami y Gwendolyn Stamper, no presentó prueba directa ni contundente que sustentara las alegaciones.


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