La Comisión quiere documentos del Banco Gubernamental de Fomento. (GFR Media) (semisquare-x3)
La Comisión quiere documentos del Banco Gubernamental de Fomento. (GFR Media)

El juez Anthony Cuevas se reservó esta mañana su fallo en torno a una petición de mandamus presentada por la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda.

Con la solicitud buscan obligar al Banco Gubernamental de Fomento, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Affaf) a que produzcan ciertos documentos relacionados con la deuda del país.

Específicamente, quieren información sobre todas las emisiones de bonos de Cofina y las más recientes de todos los sistemas de retiro.

En una vista evidenciaría en el Tribunal de San Juan esta mañana, Cuevas le dio hasta el 31 de agosto a la representación legal de la comisión, encabezada por el abogado Amexis Bonilla Nieves, a que presente una réplica a la moción de desestimación presentada por los abogados de Cofina y el BGF.

Los abogados del gobierno, que incluyen a Affaf, tendrían hasta el 7 de septiembre para presentar sus argumentos contra la réplica de los demandantes.

La discusión en sala hoy se centró mayormente en torno al verdadero acceso a información que el propio gobierno ha reconocido es parcialmente pública.

Por ejemplo, el abogado del BGF y Cofina, Oreste Ramos Pruetzel, insistió en que el recurso planteado por los promoventes no procede en la medida por falta de especificidad en el reclamo legal y que los documentos considerados públicos están disponibles en el Tribunal Federal mediante una petición escrita -con abogado- como parte del Título III de la Ley Promesa. Ese título de la ley estructura cómo se reestructurará la deuda del gobierno y todas sus instrumentalidades en caso de que los acreedores y el gobierno no lleguen a acuerdos.

Ramos Pruetzel sostiene que la parte demandante tiene un remedio a cuál recurrir antes de someter el mandamus, por lo que el reclamo es prematuro.

Esa información a la que alude Ramos Pruetzel está en manos de la firma Kobre & Kim y es accesible a través del Tribunal Federal. La firma realizó un estudio comisionado por la Junta de Supervisión Fiscal de la deuda pública y concluyó que no hay evidencia de ilegalidad por parte de funcionario, agencias clasificadoras de crédito ni instituciones financieras.

Dos expresidentes del BGF forman parte de la JSF.

Aunque Cuevas no emitió un fallo, sí permitió que los abogados de las partes de expresaran.

“Tiene que ser con un abogado. ¿Eso no le parece oneroso? ¿No hay un mecanismo más simple como entrar a una página (de internet) y tener acceso a una información que nos aceptan es pública? ¿Por qué someter al pueblo a un proceso así a través del Título III?”, cuestionó Cuevas a Ramos Pruetzel, integrante del bufete Pietrantoni, Méndez & Álvarez junto a María D. Trelles y Christian A. Muñoz Lugo, quienes estuvieron esta mañana junto a él en sala.

“Pues el remedio no es tan adecuado”, dijo Cuevas al contestarse él mismo la pregunta.

Precisamente, la Comisión solicita comunicaciones entre el gobierno y varios bufetes, incluyendo a Pietrantoni, por lo que Bonilla Nieves levantó la pregunta en sala si los abogados representaban al BGF y a Cofina o los intereses de la firma legal.

Acto seguido, sin embargo, Cuevas instó a Bonilla Nieves a que intentara solicitar los documentos a través del proceso establecido en el Tribunal Federal “y nos cuenta de su experiencia”.

Bonilla Nieves nunca se comprometió a hacer el trámite sugerido e insistió en que, aunque lo hiciera, no estaba renunciado al recurso de mandamus.

La Comisión solicita al gobierno información como los libros (conocidos como Bond Bibles) a Cofina sobre todas sus emisiones de bonos, opiniones legales internas y de abogados externos del BGF sobre las emisiones de bonos de Cofina, memorandos presentados por bufetes externos y memorandos, notas, documentos y comunicaciones del BGF con asesores externos en torno a la deuda. Además, todo memorando del BGF donde se discuta la legalidad de las emisiones de bonos de Cofina y de los sistemas de retiro.

Ramos Pruetzel, en su solicitud de desestimación radicada anoche y esta mañana en sala, planteó que la solicitud de los demandantes es muy “amplia y vaga”. Bonilla Nieves le contestó que precisamente se redactó de esa manera porque se sienten a “ciegas” en torno a qué documentos existen y cuáles no.

“El pueblo no tiene una certeza de qué documentos existe y qué no”, dijo Bonilla Nieves.

Ramos Pruetzel insistió en que Kobre & Kim recibió del gobierno toda la información “no confidencial” relacionada a la evaluación de la deuda.

Otro argumento de los abogados del gobierno va en la dirección de que la entrega a la Comisión de muchos de los documentos solicitados viola el principio de privilegio abogado-cliente.

Cuevas le contestó que uno de los asuntos que tiene que decidir es precisamente identificar quién es el cliente.

“El cliente no es una agencia o una corporación pública. El cliente es el pueblo de Puerto Rico. Las

agencias y el gobernador son representantes del pueblo de Puerto Rico”, dijo el magistrado.

La Comisión, presidida por el líder sindical Roberto Pagán, busca recopilar e investigar la acumulación de la deuda pública en Puerto Rico por las pasadas cinco décadas, “con miras a realizar una auditoría integral de la misma” y fijar responsabilidades, lee parte de la solicitud de mandamus.


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