En la foto, el representante del gobernador, Christian Sobrino Vega (derecha) y los miembros de la Junta, Ana Matosantos, José B. Carrión y Carlos García. (horizontal-x3)
El representante del gobernador, Christian Sobrino Vega (derecha) y los miembros de la Junta, Ana Matosantos, José B. Carrión y Carlos García. (Gerald López Cepero)

El representante del gobernador en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Christian Sobrino Vega, agarró con su mano izquierda el Plan Fiscal certificado y con la derecha la resolución que lo certificaba e imponía “enmiendas o recomendaciones”.

La tensión entre la administración de Ricardo Rosselló Nevares y los miembros de la JSF recién había escalado durante la novena reunión pública de este organismo federal, celebrada el viernes en el hotel El Conquistador en Fajardo. La Junta acababa de aprobar una resolución en la que se ordenaba una reducción de 10% en la jornada laboral de los servidores públicos. También, presentó una propuesta que mantiene un recorte de 10% en la nómina de las pensiones de los tres principales sistemas de jubilaciones del gobierno. Ambos asuntos eran combatidos por el representante del gobernador.

Sobrino Vega, al mostrar los documentos, intentaba ilustrar la postura del gobierno de rechazo a la reducción en la jornada y los recortes en las pensiones.

“Este documento no es el mismo que este”, dijo el también presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

En cierto modo, la defensa del gobierno a favor de las pensiones y la jornada laboral completa, depende de si esos dos documentos son grapables o no en términos jurídicos; si son dos escritos distintos o son partes de un mismo registro.   

 La postura de la administración de Rosselló Nevares es que las contigencias que exige la JSF no son parte del Plan Fiscal certificado sino que  son recomendaciones hechas por el ente que tiene la última palabra sobre las finanzas de Puerto Rico. Por tratarse de recomendaciones, el gobierno puede rechazarlas.

José B. Carrión, presidente de la JSF, el mismo viernes insistía en que las contingencias sí son parte del Plan Fiscal certificado.

“Nosotros no consideramos esto una recomendación. Esto es elemento integral del Plan Fiscal. No es una recomendación”, dijo Carrión.

La teoría del Ejecutivo

 La teoría jurídica del gobierno se basa en la sección 205 de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). Esta parte del estatuto faculta a la JSF a recomendarle acciones al gobierno de modo que se garantice el cumplimiento con el Plan Fiscal, la estabilidad financiera, el crecimiento económico, la responsabilidad administrativa y la eficiencia gubernamental. Estas recomendaciones pudieran darse dentro del contexto de la creación y aprobación del Plan Fiscal, sostiene la Ley Promesa.

La sección 205 de la ley federal establece que, luego de emitida una recomendación, el gobierno tiene 90 días para enviar una carta explicativa al Congreso y al Presidente de EE.UU. en el caso de que no decida acatar la recomendación. Precisamente, siguiendo esta teoría, Rosselló Nevares emitió una misiva en la noche del viernes notificando que no seguiría la “recomendación” de un recorte de la jornada laboral como aparece en la certificación del Plan Fiscal certificado el 13 de marzo (hace 114 días).

Sobrino Vega, sin embargo, estimó que la recomendación “oficial” ocurrió el viernes con la resolución de la Junta exigiendo la puesta en marcha de la contingencia de reducir la jornada laboral.

La resolución adoptada el viernes por la Junta, fue emitida, a la luz de las enmiendas que forman parte integral del Plan Fiscal certificado, insistió por su parte Carrión. 

“El gobierno se defenderá señalando que ha cumplido con el Plan Fiscal y que lo que propone la Junta es una medida irrazonable, que es más allá de la autoridad que tienen.  En eso no tendrán razón. Nos guste, o no, la Junta existe por determinación del Congreso que en el ejercicio de sus poderes plenarios, permite que la Junta pueda tomar acciones necesarias para la implantación del Plan Fiscal. El gobierno va a tratar de sacar pecho porque conoce el descalabro que va  a implicar esta decisión de la Junta”, opinó el abogado constitucionalista Carlos Gorrín Peralta.

“Queda claro que el Plan Fiscal se aprobó con esas enmiendas que se activaban si no se cumplía con ciertas condiciones. Lo más que puede hacer la administración es expresar su postura en contra de la jornada y extender hasta donde pueda el proceso”, dijo, por su parte, el abogado experto en asuntos de quiebra, Rolando Emmanuelli. 

Cambio de estrategia

En cierto modo, el mismo gobierno estatal ha reconocido  que las contingencias no son recomendaciones y sí enmiendas al Plan Fiscal certificado. La Ley 26 del 29 de abril de 2017, mejor conocida como la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, menciona la reducción de la jornada laboral como una contingencia impuesta por la Junta.

“El 13 de marzo de 2017, la Junta de Supervisión aceptó y certificó nuestro Plan Fiscal acompañado de una serie de contingencias”, lee el estatuto.

Esta no es la única ocasión en que esta ley menciona las “contingencias” en el Plan Fiscal certificado.

En la exposición de motivos de la ley, por ejemplo,  se advierte de  “las contingencias del Plan aprobadas por la Junta de Supervisión Fiscal como la eliminación total del bono de navidad a todos los empleados públicos y decretar una reducción de jornada laboral...”.

De hecho, la asociación entre las contigencias al Plan Fiscal aparece hasta en una poción de la ley que anticipa la oposición del gobierno a una reducción de la jornada laboral.

“Tal y como nuestro gobernador ha mencionado en múltiples foros, la reducción de jornada laboral NO (sic) es una opción.  Por tal razón, estamos tomando estas medidas cautelares para no tener que llegar a esa contingencia impuesta por la Junta de Supervisión”, sostiene la ley.

El poder de la Junta

La certificación del Plan Fiscal ocurrió después de una serie de discusiones y discrepancias especialmente en lo que respecta a la magnitud de los recortes en los gastos y los aumentos en tributos.

Las enmiendas impuestas por la JSF precisamente buscaban atender estas diferencias.  El artículo (E) de la sección 201 de PROMESA dispone una solución para este tipo de escenarios donde la JSF y el gobierno no logran un acuerdo. Esta porción del estatuto sostiene que si el gobernador no presenta un plan que satisface los requisitos de la JSF, este organismo federal preparará uno que sí los cumpla y este se considerará como aprobado.

Procesos similares

Se trata de una disposición similar a la que la JSF ejecutó cuando enmendó el presupuesto aprobado por el gobernador Rosselló Nevares y la Asamblea Legislativa durante la reunión pública del 30 de junio celebrada en San Juan. Estas enmiendas al presupuesto no han sido objetadas, hasta ahora, por el gobierno, puesto que no son entendidas por el Ejecutivo como recomendaciones. 

 La diferencia entre ambos escenarios, según Sobrino Vega, es que la JSF, en marzo, adoptó el Plan Fiscal sometido por el gobierno junto a una serie de recomendaciones, mientras que en junio impuso su propio presupuesto.

“(Si fuera una enmienda) No estaría en un documento aparte (la certificación) sino en el documento nuestro (el Plan Fiscal)”, dijo Sobrino Vega.

Gobierno espera la demanda

Ayer, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, en una rueda de prensa en en Partido Nuevo Progresista (PNP), anticipó que de ocurrir algún pleito legal sería porque la JSF los demande para impulsar el cumplimiento de la resolución que aprobaron. 

 Emmanuelli expresó que este tipo de pleito tendría que ventilarse ante el Distrito de Puerto Rico del Tribunal Federal. El caso, sin embargo, no necesariamente recaería ante la jueza Laura Taylor Swain, que atiende los pleitos asociados a los ajustes de deudas del gobierno central y algunas corporaciones públicas acogidas al Título III de PROMESA.

La brecha por cubrir

La resolución de la JSF imponiendo una reducción en la jornada laboral responde a que la administración de Rosselló Nevares no pudo justificar en detalle recortes por $218 millones en los planes de implantación del Plan Fiscal y el presupuesto, según precisó la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko.

De hecho, la resolución aprobada de manera unánime por los miembros de la Junta dispone que la reducción de la jornada laboral, que comenzaría el 1 de septiembre, podría ser suspendida en la medida que se generen ahorros de unos $218 millones y se impulsen las medidas que faltan de ajuste en el tamaño del gobierno.

De hecho, en la reunión pública del viernes, Jaresko hizo hincapié en que el gobierno no estaba en cumplimiento con el Plan Fiscal certificado, especialmente en el área de ajuste o “right-sizing”

 El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela, ha insistido en que las iniciativas impulsadas por el gobierno con el tiempo rendirán los ahorros proyectados, lo que los ajustes que impulsa la Junta son innecesarios y afectarán negativamente la economía de Puerto Rico.


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