El exjuez y expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones reaccionó tras ser sentenciado a seis años bajo libertad condicional por el escándalo de un chat político en WhatsApp.

La juez Heidi Kiess Rivera impuso hoy una pena de seis años bajo sentencia suspendida al expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz.

El exjuez cumplirá su sentencia en Texas, a donde se mudó con su familia, según se supo hoy en la vista de lectura de sentencia realizada en el Centro Judicial de Aguadilla.

Kiess Rivera estableció, además, una serie de condiciones a Ramos Sáenz, quien ya está empleado en San Antonio aunque no se especificó qué tipo de trabajo realiza. Entre los requisitos que deberá cumplir está llegar a su casa no más tarde de las 8:00 de la noche durante los días de semana y a las 5:00 tarde durante los fines de semana.

La jueza requirió que dentro de los próximos 20 días la oficial sociopenal asignada al caso emita un informe en el que especifique las gestiones que se hicieron y los compromisos que existen con el estado de Texas para trasladar a esa jurisdicción la supervisión del ahora convicto. Señaló una vista de seguimiento, el 16 de diciembre, para efectuarse en caso que fuera necesario darle seguimiento a ese trámite procesal.

“Ha sido un proceso muy difícil para mí, como siempre les he mencionado, y para mi familia, un proceso tortuoso”, expresó Ramos Sáenz a los periodistas al salir de sala.

El exjuez hizo alegación de culpabilidad el pasado 23 de julio, luego de llegar a un acuerdo con la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) en el que los 19 delitos de modalidad grave que se le imputaban fueron reclasificados a menos grave. Son 18 violaciones al Código Penal y una infracción al Código Electoral. Ninguno de esos delitos conlleva depravación moral.

“Nada de lo que sucedió hoy es una sorpresa porque cuando se comenzó la conversación (para establecer un acuerdo entre las partes) se tenía ya un fin previsto”, reaccionó el abogado Ivandeluis Miranda Vélez a la pena impuesta. “Es una sentencia que es mucho más beneficiosa que la que propendía con las acusaciones originales”, agregó.

El fiscal especial independiente Ramón Mendoza opinó que el acuerdo “permite al pueblo de Puerto Rico tener una sentencia mucho más efectiva y justa a sus intereses”. Mendoza se refiere a que las penas por cada delito fueron impuestas de manera consecutiva y no concurrente.

El fiscal aseguro que el acuerdo no tuvo el propósito de evitar que los exfuncionarios más cercanos al entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares se sentarána declarar sobre la inclusión de un juez en un chat de carácter político partidista. Aseguró que hubiese aceptado el mismo acuerdo si la renuncia de

El Nuevo Día le preguntó Ramos Sáenz si Rosselló Nevares participó en algunos de los chat en el que él era miembro activo , pero el exfuncionario judicial se reservó su contestación.

Durante la campaña de primarias y luego eleccionaria, el grupo Plan para Puerto Rico (P3R)- que trabajó la plan de gobierno de Rosselló Nevares- creó dos grupos de conversación a través de la plataforma WhatsApp que tenían como nombre #TeamP3R-coffeebreak” y “P3R-Estructura Gerencial.

Siendo presidente de la junta local de Moca de la CEE, Ramos Sáenz participó activamente en ambos grupos de conversación y también de actividades del Partido Nuevo Progresista.

El fiscal Mendoza dijo que próximamente tendrá que presentar un informe final sobre este caso a la Opfei y que su contenido es de carácter público.

“Estos hechos son graves porque estamos hablando de una persona que es juez y estamos hablando de una persona que ha hecho un compromiso para que se haga cumplir la ley”, dijo Mendoza.

El fiscal señaló que supuestamente el informe final explicará por qué no se le imputó delitos a los otros exfuncionarios que participaron de ese chat.


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