La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) lamentó este miércoles el reversazo del juez federal Raúl Arias Marxuach en el que acogió las políticas del presidente Donald Trump y denegó impedir el traslado de Joan Alberto Zorrilla Lora, dominicano detenido desde el 15 de enero y quien no podrá estar en el parto de su esposa embarazada de nueve meses.

“Están tratando de que le concedan un permiso especial para estar en el parto de su esposa antes de que se lo lleven. Él estaba en el centro de detención temporal en Guaynabo, conocido como ‘La neverita’”, contó el el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.

Ayer, el juez Arias Marxuach —nombrado por Trump en 2020— emitió una opinión en la que describió a Zorrilla Lora como “respetuoso de la ley, esposo y padre de ciudadanos estadounidenses”, pero denegó la petición de otorgar una vista de fianza.

"Si la decisión se basara puramente en la compasión, se justificaría un resultado diferente. Y, basándose en la política social y otras consideraciones, personas razonables podrían argumentar en contra o a favor de la detención obligatoria de extranjeros presentes en Estados Unidos sin haber sido admitidos. Sin embargo, el deber del Tribunal es ‘interpretar la ley, no reescribirla’“, concluyó el juez federal en su opinión.

Para el licenciado Arraiza Navas, Arias Marxuarch es el primero “que se aparta de todos los otros jueces en la Corte de Distrito (de Puerto Rico), básicamente acogiendo los argumentos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos”.

“Él (Arias Marxuach) tiene dos sentencias en el mismo caso que son totalmente contradictorias. Nos emite primero el TRO (orden de restricción temporal) diciendo que tenemos grandes posibilidades de prevalecer en los méritos y, de momento, baja la decisión del Quinto Circuito (de Apelaciones), y el juez da un reversazo”, señaló Arraiza Navas al mencionar el fallo del Apelativo federal en Nueva Orleans, en el que el 7 de febrero se le dio la razón a la administración de Trump para negar el derecho a fianza.

A finales de enero, el juez Arias Marxuach frenó temporalmente el traslado de Zorrilla Lora, intervenido el 8 de enero por la Policía Municipal de Carolina. Para entonces, el oficial vio su licencia de conducir legalmente emitida bajo la Ley 97-2013 y que tiene el distintivo de “no ciudadano”.

Luego, el oficial municipal citó al inmigrante para comparecer al cuartel el 15 de enero, pero cuando llegó, fue arrestado por agentes federales de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), según se desprende de la opinión del juez federal.

La esposa de Zorrilla Lora, quien es ciudadana estadounidense, tiene su parto programado para finales de febrero. Este caso es muy similar al de Alberto Pierre, haitiano arrestado en Nochebuena mientras acompañaba en el hospital a su esposa embarazada y a quien recientemente se le denegó también tener acceso a una fianza.

“Las dos van a estar dando a luz sin el padre del niño aquí en Puerto Rico”, señaló.

Desde finales de diciembre, la ACLU de Puerto Rico ha sometido seis recursos de habeas corpus, en los que en tres casos se les ha otorgado una vista de fianza a inmigrantes.

El “habeas corpus” es un recurso legal que permite a los inmigrantes, independientemente de su estatus, solicitar a un juez federal que revise la legalidad de su detención por parte de ICE y se celebre una vista de fianza.

El último recurso sometido fue este martes, para conceder fianza a Perfecto Paula -un inmigrante dominicano detenido el 14 de febrero-. La jueza federal María Antongiorgi Jordan otorgó una orden de restricción temporera y prohibió a las agencias federales trasladarlo fuera de Puerto Rico.

“Como este distrito ha sostenido repetidamente en casos recientes, las personas no ciudadanas que están detenidas bajo la Sección 1226(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad tienen derecho a una vista de fianza ante un ente decisional neutral”, subrayó en su orden la jueza.

Al preguntarle a Arraiza Navas cuáles podrían ser las razones para la diferencia de opinión entre los jueces federales, el abogado planteó que podría tratarse de “posiciones de visión política, de cómo se debe abordar el asunto”.

“Pero más allá de eso lo fundamental es que la doctrina por décadas y la letra de la ley favorecen la interpretación más liberal, que es concediéndole los derechos constitucionales y estatutarios a toda persona que se encuentra en el territorio de Estados Unidos. Por el hecho de no ser ciudadano, eso no te exime de los derechos constitucionales. En ese sentido, la ley siempre se ha interpretado como que cobijaba esas personas", planteó el director legal de la ACLU.

Al mismo tiempo, Arraiza Navas recordó que ningún ayuntamiento ni agencia local de ley y orden ha firmado un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional para realizar labores migratorias, como lo que señaló ocurrió en Carolina.

Entre los seis casos que la ACLU ha acudido en auxilio al Tribunal Federal, los inmigrantes comparten ciertas características: “se han integrado a la comunidad puertorriqueña, tienen hijos en Puerto Rico” y no representan un riesgo porque no tienen récord criminal.

“Es una situación que crea una crisis familiar, laboral. Esto no se trata del inmigrante que está llegando a la frontera o nuestras costas, que también debería tener sus derechos; se trata de una persona que vive dentro del territorio que se ha integrado a la comunidad, ha desarrollado aquí sus vínculos familiares y es una gran injusticia", denunció el abogado.