A semanas de que comience el juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido en agosto de 2025, la defensa de la acusada se apuntó varias victorias ante el Tribunal de Aibonito.

Esto luego de que el juez superior Juan A. Reyes Colón declarara “ha lugar” varias peticiones que hizo la representación legal de la acusada para tener acceso a información relacionada, entre otras cosas, con la ropa que vestía la víctima el día del asesinato.

Las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emanuelli, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), quienes representan a la acusada, solicitaron información específica en poder del hospital Menonita.

Pratts Rosario murió en esa institución hospitalaria la madrugada del 11 de agosto de 2025, tras haber sido apuñalada horas antes, luego de que se suscitaran varias peleas en el desvío Roberto Colón, cerca del casco urbano de Aibonito, según la Policía.

En primer lugar, el juez ordenó al hospital certificar e identificar al o los empleados responsables del manejo, custodia, disposición o descarte de las pertenencias de Pratts Rosario, “particularmente de la vestimenta que utilizó la noche de los hechos del caso”.

Asimismo, dispuso que el hospital entregue copia certificada de cualquier protocolo, manual o directriz vigente al momento de los hechos sobre el manejo y disposición de pertenencias de pacientes, incluyendo casos de muertes no naturales, pacientes de trauma o personas vinculadas a investigaciones criminales.

El juez también ordenó al Centro Médico Correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (DCR) entregar a la defensa una lista de todas las visitas recibidas por Avilés Cabrera de parte de fiscales, agentes y/o cualquier otro funcionario.

La información deberá incluir nombres, cargos, fechas, horas, propósito de las visitas y cualquier registro o documento relacionado.

Esta solicitud reaviva una controversia surgida meses atrás, cuando el Departamento de Justicia confirmó que el secretario de Salud, el pediatra Víctor Ramos Otero, realizó una evaluación física general a la acusada mientras permanecía bajo custodia.

“El secretario de Salud, como jefe de la instalación hospitalaria en la que se encontraba la imputada, y en función de su especialidad en pediatría, realizó una evaluación estrictamente física. Esto fue necesario tras más de cinco intentos fallidos para conseguir un pediatra que pudiera evaluarla”, puntualizó la agencia, en declaraciones escritas en octubre de 2025.

Actualmente, la acusada se encuentra en la libre comunidad tras la concesión de un recurso de habeas corpus en marzo de 2026, luego de haber permanecido más de 180 días ingresada en una institución correccional sin que comenzara el juicio en su fondo.

Las nuevas movidas en el caso ocurren mientras el Tribunal Supremo evalúa dos nuevas controversias: la solicitud de reclasificar el cargo de asesinato en primer grado a asesinato atenuado y la petición de la defensa de que la acusada no es procesable.

La defensa solicitó al Supremo que se revoque unas decisiones de tribunales de menor jerarquía y que se paralicen los procedimientos hasta que se determine la procesabilidad de la joven.

“Solicitamos muy respetuosamente que se declare con lugar la presente petición de Certiorari, y como consecuencia de ello, se revoque la decisión del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Aibonito, y como consecuencia de ello, se ordene la paralización de los procesos hasta que se determine la procesabilidad de la joven Anthonieska Avilés Cabrera, con cualquier otro remedio que en derecho y/o justicia se estime pertinente”, indicó la defensa de la acusada.

La defensa también tendrá acceso a copias digitales de fotografías de evidencia relacionadas con el caso, actualmente bajo custodia de la Unidad de Servicios Técnicos de la Policía.

Además, el juez ordenó a la Policía entregar querellas, informes de incidente, informes suplementarios y cualquier documentación relacionada con las personas heridas durante los hechos.

Asimismo, se ordenó la entrega de una copia espejo (mirror copy) de los videos relacionados con el caso, es decir, una réplica exacta de los archivos digitales originales, incluyendo metadatos, directorios y contenido preservado.

El tribunal dispuso que la Policía coordine con la defensa una fecha, hora y lugar para la inspección de dicha evidencia.

El juez ordenó al Departamento de la Familia entregar el expediente, informe o cualquier documento relacionado con el menor identificado como C.G.R.

Aunque la orden no revela su identidad, podría tratarse del adolescente de 16 años que resultó herido durante la trifulca en el desvío Roberto Colón y que forma parte de los testigos del Ministerio Público en el caso.

Estos documentos deberán mantenerse bajo sello y custodia del Tribunal, disponibles para las partes.

Por otro lado, Reyes Colón dio paso a una petición que hizo la defensa para acceder al expediente digital de la acusada en la plataforma Mi Portal Educativo (MIPE), quien asistía a la escuela superior Bonifacio Sánchez Jiménez, antes de que ocurrieran los hechos.

Asimismo, se permitió el acceso a documentos del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), incluyendo fotografías de evidencia antes de su análisis o procesamiento, particularmente piezas de ropa vinculadas a una de las hermanas de la acusada.

En el juicio contra la madre de la acusada, Elvia Cabrera Rivera, el policía Gerardo Berríos Padilla declaró en el que se había ocupado un pantalón con aparentes manchas de sangre de Miriathny Avilés, hermana paterna de la acusada.

Todas estas órdenes deberán cumplirse en un plazo de cinco días, so pena de desacato.

En cuanto a la controversia por la presunta filtración de declaraciones juradas en el caso, Reyes Colón despachó la moción con un “nada que disponer”.

Recientemente, la defensa -quien presentó una querella ante la Oficina del Inspector General- alegó que terceros tenían acceso a declaraciones de testigos aún no presentados en corte, pero el Ministerio Público rechazó las acusaciones y las calificó de infundadas.

Avilés Cabrera y su madre, Elvia Cabrera Rivera, enfrentan dos cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. De ser halladas culpables, ambas podrían pasar el resto de sus vidas en prisión.

Actualmente, el caso de Cabrera Rivera se encuentra en el décimo día de juicio. Mientras, el juicio contra Avilés Cabrera está pautado para el 23 de junio, pero no ha culminado el proceso de descubrimiento de prueba.

La Fiscalía advirtió que, si el proceso se extiende más allá del 7 de julio sin comenzar el juicio, la defensa podría solicitar la desestimación de los cargos contra la acusada por vencimiento de términos.