La defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, acusada del asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, presentó una petición de certiorari ante el Tribunal Supremo con el objetivo de que se paralice el proceso judicial en Aibonito.

En el recurso, de 25 páginas y presentado en la tarde del jueves, se solicitó al máximo foro judicial en Puerto Rico que se revoque la decisión del Tribunal de Apelaciones, que confirmó, en una decisión reciente, que Avilés Cabrera, de 18 años, es procesable.

Tanto Avilés Cabrera como su madre, Elvia Cabrera Rivera, enfrentan dos cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por el crimen ocurrido en agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, cerca del casco urbano del mencionado pueblo.

Por este crimen, la joven se enfrentará a un juicio, pautado para iniciar el martes, 23 de junio, a las 9:00 a.m., ante el juez Juan A. Reyes Colón.

“Solicitamos muy respetuosamente que se declare con lugar la presente petición de Certiorari, y como consecuencia de ello, se revoque la decisión del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Aibonito, y como consecuencia de ello, se ordene la paralización de los procesos hasta que se determine la procesabilidad de la joven Anthonieska Avilés Cabrera, con cualquier otro remedio que en derecho y/o justicia se estime pertinente”, indicó la defensa de la acusada.

El recurso fue presentado por las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emanuelli, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), quienes han insistido a lo largo del proceso judicial que la joven no es procesable.

“Anthonieshka Avilés Cabrera no se encuentra procesable para enfrentar la etapa de juicio que pronto comenzará. La defensa así lo informó y sustentó con un informe pericial. Ello, debió ser suficiente para declarar con lugar la petición de la defensa y referir a la joven a evaluación”, dijeron las abogadas en la petición.

De esa forma, aseguraron que se disipan dudas sobre la competencia de la acusada, porque, de no estar procesable en este momento y enjuiciarla, “se le estaría violando el debido proceso de ley y los derechos” que emanan de la Constitución.

Con un extenso resumen que incluye una cronología de los hechos y las controversias relacionadas con el caso, la defensa de la acusada expuso los elementos que, según alegan, los han llevado a recurrir al Tribunal Supremo en busca de la paralización del caso.

A tales fines, la defensa abordó las evaluaciones realizadas a la acusada por los doctores José Malavé Orengo y Rosa E. Negrón Muñoz en distintas etapas del proceso. Aunque el Tribunal de Aibonito y el Tribunal de Apelaciones han concluido que la joven es procesable, las licenciadas reiteraron todo lo contrario.

Para sustentar sus argumentos, se remitieron, por ejemplo, al informe de evaluación psicológica preparado por una especialista del Departamento de Educación.

“Dicho informe, a grandes rasgos, concluye que en la Escala de Inteligencia Weschler la joven obtuvo puntuaciones deficientes en los índices de funcionamiento intelectual, compresión verbal, razonamiento fluido e índice viso espacial. De igual forma, de la prueba (Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration) se desprende que tiene una edad equivalente a los diez años y tres meses”, indicaron las abogadas en el recurso.

Enfatizaron que, “según el caso ha ido avanzado en sus etapas procesales, se le ha hecho más difícil la comunicación con su representada y, más aún, que esta comprenda la complejidad de la etapa del procedimiento (juicio) que actualmente enfrenta”.

Por ende, reconocieron que no están conformes con la determinación del panel de jueces del Tribunal de Apelaciones que atendió la controversia sobre la procesabilidad. “Debido a ello, (la defensa) recurre ante este ilustre Tribunal Supremo”, dijeron.

Asimismo, expresaron que el Tribunal de Apelaciones erró al validar la determinación del Tribunal de Aibonito, que declaró no ha lugar la solicitud de paralización del proceso para llevar a cabo una evaluación de procesabilidad bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal.

Según el planteamiento, la petición fue respaldada con evidencia suficiente que supera el estándar requerido por la norma procesal, por lo que alegan que la decisión de los tribunales inferiores vulnera el debido proceso de ley y los derechos que de este emanan.

“El estudio de los documentos que obran en los expedientes del Departamento de Educación, Departamento de Salud y de su propia entrevista, surgen hallazgos significativos que ponen en tela de juicio la competencia de nuestra representada. La perito (Negrón Muñoz) concluyó que Anthonieshka tiene una capacidad limitada para tomar decisiones informadas y racionales”, argumentaron las abogadas.

Esto es cónsono con dos asuntos: su discapacidad intelectual y la etapa del desarrollo en la que se encuentra, según las licenciadas. “Por lo que no está apta para comprender sus alternativas legales y tomar decisiones en su caso”, señalaron.

“Debemos recordar que esta es una adolescente que enfrenta cargos graves donde la pena más alta a la que se enfrenta en uno de los delitos es 99 años y el foro judicial debe cerciorarse que la joven es procesable para enfrentar el proceso”, indicaron.

Finalmente, reclamaron que la joven no comprende la información provista, no se comunica efectivamente y no es procesable para enfrentar la etapa del proceso que pronto comenzará. “En estos momentos, la joven está enfrentando un proceso complejo que requiere que esté apta para enfrentarlo”, puntualizaron.

Por su parte, la fiscal Myriam Nieves Vera indicó que “nosotros vamos a contestar cuando sea oportuno”.