La denuncia de la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera sobre una presunta filtración de documentos confidenciales desató un fuerte choque con la Fiscalía de Aibonito y el Departamento de Justicia, agencia que rechazó las alegaciones al calificarlas como falsas e infundadas.

Avilés Cabrera y su madre, Elvia Cabrera Rivera, enfrentan dos cargos cada una por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por la muerte de Gabriela Nicole Pratts Rosario, ocurrida la madrugada del lunes, 11 de agosto de 2025, en Aibonito.

“La defensa de Anthonieska Avilés Cabrera parece haber agotado sus argumentos para continuar dilatando los procedimientos judiciales y ahora recurre a alegaciones falsas e infundadas sobre una supuesta filtración de información a la prensa”, dijo el jefe de los Fiscales en Puerto Rico, Juan R. Ramos García, en declaraciones escritas.

El funcionario añadió que “en el Departamento de Justicia rechazamos rotunda y contundentemente dichos señalamientos, los cuales carecen de evidencia y base fáctica alguna”.

“Resulta altamente cuestionable que abogados formulen señalamientos contra el Estado sin contar con evidencia que sustente sus alegaciones. Por tanto, hemos presentado nuestra posición ante el Tribunal(,) mediante una moción(,) para solicitar que este asunto se atienda con prontitud”, añadió Ramos García.

El juicio contra Avilés Cabrera está programado para comenzar el 23 de junio. Ramos García aseguró que “la Fiscalía está lista para comenzar el litigio y hacerle justicia, de una vez y por todas, a Gabriela Nicole y a su familia”.

Las expresiones de Ramos García surgieron después de que la defensa presentó una moción en la que acusó al Ministerio Público de filtrar documentos contenidos en el sumario fiscal, una conducta tipificada como un delito bajo las leyes actuales.

No obstante, la fiscal Myriam Nieves Vera señaló que “esas alegaciones las negamos rotundamente”. “Ya radicamos nuestra contestación y estamos a la espera de que el juez resuelva”, dijo a la prensa.

Las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emanuelli, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), indicaron en la moción que el caso se encuentra en el proceso de descubrimiento de prueba.

“Como parte de dicho descubrimiento de prueba(,) el Ministerio Público sólo viene obligado a entregar a la defensa las declaraciones juradas que contengan prueba exculpatoria o favorable, las declaraciones juradas de las personas que hayan testificado en la vista de determinación de causa probable para arresto y/o las declaraciones juradas de los testigos que hayan participado en la vista de determinación de causa probable para acusar”, añadieron las abogadas.

Sin embargo, afirmaron que en las redes sociales de un programa televisivo no especificado “terceras personas han asegurado tener las declaraciones juradas de aquellos testigos que aún no han prestado testimonio en corte abierta en el presente caso y también han manejado varias de las mismas frente a las cámaras”.

“Dichas declaraciones juradas han sido utilizadas indebidamente para hacer alegaciones o argumentaciones a los fines de intentar rehabilitar, fuera de corte y contrario a las Reglas de Evidencia, a otro testigo que sí se ha sentado a declarar bajo juramento ante el Tribunal”, comentaron.

Asimismo, las licenciadas señalaron que “la filtración indebida de documentación confidencial del sumario fiscal constituye(,) a todas luces(,) una crasa violación”, por parte del Estado, de los derechos constitucionales, tanto a nivel estatal como federal, de la acusada “a un juicio justo e imparcial, a un debido proceso de ley y a la presunción de inocencia”.

Aseguraron que, en el ánimo de que se realice un investigación seria y responsable, presentaron ante la Oficina del Inspector General (OIG) una solicitud para que ordene una pesquisa con el objetivo de identificar, en las agencias pertinentes, a la persona o personas responsables “de semejante violación de derechos fundamentales”.

“Dado a que del resultado de dicha investigación dependerán los distintos reclamos legales y/o constitucionales que en su momento podamos realizar a favor de nuestra clienta, presentamos esta moción a los fines de que el Tribunal advenga en conocimiento de tan delicada situación y, de entenderlo necesario, (que) tome las medidas cautelares correspondientes”, subrayaron.

Finalmente, adelantaron que se reservarán el derecho a presentar los planteamientos debidos una vez culmine la respectiva solicitud de investigación a la OIG.

El nuevo choque entre las partes ocurre en momentos en que el Tribunal Supremo tiene ante su consideración una petición de certiorari, donde las abogadas de Avilés Cabrera señalan, entre otras cosas, que no es procesable.

Mientras, el juicio por jurado contra Cabrera Rivera llegó, este viernes, a su noveno día. Hasta el momento, se han sentado a declarar ocho testigos, entre ellos, agentes de la Policía y civiles.