La jueza Carol Ortiz Rivera, del Tribunal de Guayama, declaró culpable este lunes a Luis Omar Rivera Pérez por maltratar y agredir sexualmente a un menor de cuatro años en un centro de cuidado diurno de ese municipio.

Rivera Pérez fue hallado culpable de un cargo de agresión sexual, en violación del Artículo 130 del Código Penal de Puerto Rico, y de otro por maltrato a menores, al amparo del Artículo 53(a) de la Ley Núm. 57-2023, conocida como la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

El acusado se expone a una pena de hasta 50 años de prisión. La vista de sentencia fue señalada para el próximo 30 de septiembre.

Según la prueba presentada por la Fiscalía, Rivera Pérez cometió los actos en 2024, mientras trabajaba en el centro de cuido NISI, pese a que no figuraba en el registro de empleados del establecimiento. Además, al momento de los hechos se encontraba cumpliendo una probatoria por un delito violento. La madre del acusado era la propietaria del centro.

Tras el veredicto, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que la fiscal Paloma Crespo Santiago presentó siete testigos como parte de la prueba del Ministerio Público.

Aunque la víctima no declaró durante el juicio, las declaraciones que había ofrecido fueron admitidas como evidencia mediante los mecanismos probatorios reconocidos por el ordenamiento jurídico.

“Un niño de apenas cuatro años merece crecer rodeado de seguridad, cuidado y protección. Que haya sido víctima de estos delitos precisamente en un lugar al que su familia confió su bienestar hace estos hechos particularmente dolorosos. Hoy, su voz fue escuchada y la prueba presentada por nuestra Fiscalía permitió que se hiciera justicia. Nuestra solidaridad está con este menor y su familia, a quienes continuaremos acompañando durante este proceso. Reconozco la labor de la fiscal, del agente investigador y de todos los profesionales que intervinieron en este caso. Ante un delito de esta gravedad contra un menor, actuaremos con firmeza para proteger a nuestros niños y exigir que quienes atenten contra su seguridad respondan ante la justicia”, expresó la funcionaria.

Como resultado de los hallazgos de la investigación, el Departamento de la Familia suspendió la licencia del centro de cuido, por lo que el establecimiento cesó operaciones.

La investigación estuvo a cargo del agente Héctor Ferrer Olivencia, adscrito a la División de Delitos Sexuales de Guayama de la Policía de Puerto Rico.