La representación legal de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced radicó el viernes una moción en la que solicitó, nuevamente, tiempo adicional para presentar por escrito las objeciones al informe presentencia.

La moción, de cuatro páginas, fue presentada el 28 de octubre, fecha en que vencía el plazo para presentar el escrito ante la jueza de distrito federal Silvia L. Carreño Coll, que sentenciará a la exmandataria el 4 de diciembre.

De esta forma, la representación legal busca 15 días adicionales, hasta el 17 de noviembre.

La defensa de la mandataria, encabezada por el licenciado Ignacio Fernández de Lahongrais, ha mostrado reparos con el contenido del informe, aunque no ha revelado qué cosas, ni las razones, para no estar de acuerdo.

Vázquez Garced se declaró culpable de haber aceptado una promesa de contribución política de parte del banquero venezolano Julio Herrera Velutini en 2020 para su campaña política en violación a la Ley federal de Campañas Electorales (FECA).

El informe fue sometido el 2 de octubre.

Dadas las objeciones, el equipo legal de Vázquez Garced remitió al oficial de libertad condicional una carta detallada y solicitó una reunión para discutirlas. Asimismo, envió copia de la misiva a la Fiscalía federal.

El 30 de octubre, la defensa contactó al oficial de libertad condicional por correo electrónico para programar una reunión en un intento por resolver de manera informal las discrepancias antes de presentar las objeciones formales ante el Tribunal.

Como parte de este proceso, el oficial de libertad condicional aceptó reunirse con la defensa para discutir las objeciones y se comprometió a proporcionar una respuesta rápida a la carta.

A esos fines, la defensa de Vázquez Garced adelantó que consultaría con la Fiscalía federal “e intentará llegar a un acuerdo sobre los asuntos en disputa antes de presentar objeciones formales ante el Tribunal”.

Por tanto, el equipo legal de la exsecretaria de Justicia entiende que el proceso de resolución informal tomará aproximadamente 15 días para completarse.

Este plazo contempla: programar y realizar la reunión con el oficial de libertad condicional; otorgar al oficial tiempo suficiente para revisar las objeciones y proporcionar su respuesta; consultar con la fiscalía sobre cualquier disputa restante; y presentar objeciones formales si no se alcanza una resolución informal.

“El oficial ha aceptado participar en este proceso y responderá a las objeciones. Conceder esta prórroga promoverá la economía judicial al reducir o resolver potencialmente los asuntos en disputa antes de que sean presentados al Tribunal”, dijeron los abogados.

Según la defensa, esta prórroga no retrasará la sentencia programada y habrá “tiempo suficiente para que el Tribunal revise cualquier objeción formal y para que las partes aborden cualquier disputa”.

Además de Vázquez Garced, las autoridades federales acusaron al banquero venezolano Julio Herrera Velutini y al exagente federal Mark Rossini en el esquema.

A estos se les acusó de ofrecer dinero y apoyo a la campaña política de Vázquez Garced en la primaria por la candidatura a la gobernación por el PNP del 2020 a cambio de despedir a George Joyner como comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), pues tenía una investigación en curso contra Bancrédito International Bank & Trust Corporation, propiedad de Herrera Velutini.

Tras alcanzar un acuerdo con la plana mayor del Departamento de Justicia federal en 2025, los tres acusados se declararon culpables de violar la Ley FECA a cambio de la desestimación del pliego inicial. Actualmente, todos se encuentran a la espera de ser sentenciados en el Tribunal federal.