Las autoridades locales y federales investigan su cruel muerte como un crimen de odio, mientras defensores de derechos humanos claman justicia por esta mujer transgénero que se ha convertido en un símbolo de los marginados en Puerto Rico.

El tribunal federal en San Juan volverá a discutir si deben salir bajo fianza los tres acusados por agredir a la mujer transexual Neulisa Luciano Ruiz, también conocida como “Alexa”.

En este caso, permanecen bajo custodia Anthony Lobos Ruiz, Jordany Laboy García y Christian Rivera Otero.

No están acusados por el asesinato de Luciano Ruiz, sino por un crimen de odio por agredir a la mujer transgénero con perdigones de pintura.

En una vista reciente, los abogados de Laboy García y Christian Rivera Otero informaron al tribunal que van a “reabrir las vistas de fianza basado en nueva información que se ha recopilado”.

No detallaron de inmediato de qué se trata esa información. Tendrán que someterla a la jueza Aida Delgado antes del 6 de diciembre.

Mientras, para el principal acusado, Anthony Steven Lobos Ruiz, el tribunal llevará a cabo una nueva audiencia de fianza el próximo 30 de noviembre.

El tribunal de distrito ya había determinado que los tres debían permanecer detenidos hasta juicio, pero Lobos Ruiz acudió al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston.

Allí, un panel de jueces ordenó que se volviera a discutir el asunto de la fianza en San Juan, ya que las partes acordaron que se le había negado la libertad condicionada basado en un dato equivocado, pues no fue arrestado en un aeropuerto como pensó el juez, por lo que no podía tomarse como una presunción de fuga.

Ya el tribunal recibió las mociones de las partes sobre sus argumentos para esa vista.

La defensa de Lobos Ruiz insistió en que el cargo de crimen de odio no constituye un “crimen violento, porque se puede cometer con fuerza mínima”, mientras que argumentó que el pistola de perdigones de pintura “no es un arma peligrosa “para propósitos de la Ley de Reforma de Fianza”.

“Finalmente, la fiscalía no ha demostrado que el señor Lobos (Ruiz) representa un riesgo de fuga”, agregó.

Mientras, en su moción, la fiscalía recordó que el mandato de Boston al juez de distrito incluía que determinara si el cargo imputado constituye un “crimen violento”.

La fiscalía señaló que sí se trata de un crimen violento porque “tiene como un elemento el uso, o intento de uso, de la fuerza”.

Destacó que el acusado “causó o intentó causar, a través del uso de un arma peligrosa, lesión corporal a la persona identificada en el cargo”, que actuó por la identidad de género de la víctima y que afectó el comercio interestatal.

“El Tribunal Supremo (de Estados Unidos) ha sostenido que “fuerza física” es “fuerza capaz de causar dolor físico o lesión a otra persona”, indicó la fiscalía, citando casos previos.

Agregó que “los acusados dispararon múltiples rondas de perdigones de pintura a una mujer, quien no estaba vistiendo ropa protectora y estaba cerca del carro del acusado”.

“Cuando se usa de una manera tan violenta y agresiva, una pistola de perdigones de pintura cualifica fácilmente como un arma peligrosa”, afirmó.

De otra parte, aunque el acusado no fue arrestado en un aeropuerto, la fiscalía considera que sí “representa un riesgo de fuga porque trató de irse de Puerto Rico después de que las grabaciones (en vídeo) de él y de los coacusados agrediendo” a Luciano Ruiz “se hizo viral y el acusado recibió atención negativa”.

“En vez de reportarse a las autoridades, el acusado fue al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, donde fue interceptado por las autoridades locales antes de que se montara en un avión hacia Florida”, planteó la fiscalía. “El acusado voluntariamente habló con las autoridades sobre su rol en la agresión” a Luciano Ruiz, “pero su instinto inicial fue escapar”.

En la vista de estado del caso, el pasado 17 de noviembre, la fiscalía informó al tribunal que antes de que terminara el mes entregaría a la defensa un paquete de descubrimiento de prueba con documentos del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y de las autoridades locales, de la autopsia, fotografías y órdenes de allanamiento.

La fiscalía estimó que el juicio duraría al menos dos semanas.

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