El exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez fue arrestado en la madrugada del 9 de diciembre en su residencia por el FBI tras ser acusado de extorsión, soborno y conspiración.
El exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez fue arrestado en la madrugada del 9 de diciembre en su residencia por el FBI tras ser acusado de extorsión, soborno y conspiración. (Ramón “Tonito” Zayas)

El exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, se encamina a defenderse en juicio el próximo año después de que no llegara a un acuerdo con la fiscalía federal para declararse culpable tras ser acusado de corrupción pública.

Durante una conferencia con antelación a juicio, la fiscalía federal y la defensa de Pérez informaron que durante meses intercambiaron múltiples ofertas y contraofertas, sin que pudieran concurrir en una que cumpliera con la posición de ambos.

El fiscal Scott Anderson indicó que la última oferta de parte del Ministerio Público tiene como fecha límite el 30 de noviembre. Enfatizó que si para esa fecha Pérez no la ha aceptado, la fiscalía la retirará.

“En la última vista informamos que hicimos una oferta y el acusado hizo una contraoferta que rechazó el Ministerio Público”, apuntó Anderson.

Relató que “justo después de eso, el 1 de noviembre, sometimos una oferta ajustada al acusado. Entonces, el acusado regresó con la misma contra oferta que fue rechazada (por la fiscalía), así que la rechazamos por una segunda ocasión.

“Y le informamos que la fecha límite para aceptar la oferta de la fiscalía es la establecida por el tribunal, que es el 30 de noviembre de 2022. Si no la acepta para es momento, la oferta será automáticamente descartada”, acotó.

Por su parte, el abogado de la defensa Osvaldo Carlo indicó que discutió la última oferta con su cliente “y su posición es rechazar la oferta”.

“Le indicamos al Ministerio Público que hasta ahora no tenemos ningún acuerdo, así que sus instrucciones han sido proceder a juicio a menos que escuchemos del gobierno alguna otra oferta”, dijo Carlo.

“Hemos procedido a prepararnos para el juicio y hemos identificado nuestros testigos”, añadió. “Ojalá escuchemos otra oferta antes del 30 (de noviembre). Si no, se rechazará la oferta ya hecha”, añadió.

De inmediato, el fiscal intervino para indicar: “No habrá más ofertas del Ministerio Píblico. ¿Por qué no fijamos este caso para juicio?”

Entonces, la jueza Delgado pautó fechas límites para mociones con antelación a juicio, otra conferencia para el 12 de enero de 2023 y confirmó la fecha para el juicio a partir del 13 de marzo.

En vistas previas, las partes anticiparon que el juicio podría durar una semana. También anticiparon que tanto la defensa como la Fiscalía presentaría de cuatro a cinco testigos, cada uno.

En octubre pasado, Carlo dijo a El Nuevo Día que la defensa apuesta a que Pérez tendrá más credibilidad ante un jurado que el testigo que la fiscalía federal presentará en su contra.

Según las denuncias, Pérez recibió pagos de dinero en efectivo a cambio de favorecer con contratos al empresario Oscar Santamaría, quien se declaró culpable en un acuerdo de colaboración con la fiscalía federal.

Carlo considera que las múltiples controversias de distinta índole que han rodeado a Santamaría pudieran afectar su credibilidad ante un jurado cuando se siente a declarar como testigo de cargo, por lo que considera que cuentan con una buena defensa para presentar en un juicio.

“Sí, porque los delitos que se le imputan a él están relacionados con un mismo testigo y entendemos que hay muchos aspectos de credibilidad que el jurado tendría que adjudicar y él se siente con la tranquilidad de que en aspectos de credibilidad él puede tener una buena recepción en su caso, en lo que él entiende”, expuso Carlo.

Carlo explicó que la defensa había rechazado la misma oferta que le fue ofrecida a otros funcionarios acusados con cargos similares en casos separados y que también son clientes suyos, tales como Reinaldo Vargas, exalcalde de Humacao, y el exalcalde de Aguas Buenas, Javier García Pérez.

El expresidente de la Federación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista, fue arrestado en la madrugada del 9 de diciembre en su residencia por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

Según documentos presentados en el tribunal, en relación a uno de los eventos que forman parte de la acusación, la fiscalía alega tener como parte de la evidencia imágenes de Pérez recibiendo un sobre con dinero en efectivo, que habría sido entregado por Oscar Santamaría, empresario que se declaró culpable en acuerdo con el Ministerio Público.

“El propósito de la conspiración era para que el acusado Pérez Otero se beneficiara y se enriqueciera al aceptar sobornos y comisiones ilegales del Individuo A a cambio de asegurar contratos municipales con la Compañía A al presentarse las oportunidades”, indica una moción de la Fiscalía federal.

Una de las fotos publicadas en una moción de la fiscalía federal en el caso contra el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. (Captura)
Una de las fotos publicadas en una moción de la fiscalía federal en el caso contra el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. (Captura) (Captura)

A esto, el pliego añade que Pérez acordó “otorgar, facilitar y proteger los contratos de la Compañía A” y destaca que “continuamente reaseguró al Individuo A que obtendría y retendría contratos para la Compañía A y se aseguró que las facturas de la Compañía A fueran pagadas prontamente”.

Asimismo, detalla que desde mayo de 2019 hasta agosto de 2021 Pérez solicitó corruptamente, exigió, aceptó y acordó aceptar para su propio beneficio cosas de valor del Individuo A, a saber: tres pagos individuales de $5,000 en efectivo, con la intención de ser influenciado y premiado en conexión con cualquier negocio, transacción y serie de transacciones de Guaynabo valoradas en $5,000 o más según surgieran oportunidades, es decir, contratos municipales”

Pérez Otero se declaró “no culpable” el 20 de diciembre de 2021 de los tres cargos por corrupción pública que pesan en su contra en el foro federal.

El también exlegislador se expone a cinco años en prisión por el cargo de soborno para recibir comisiones ilegales (kickbacks), 10 años en prisión por soborno y 20 años en prisión por extorsión.

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