El dueño de la casa donde se grabó el cortometraje de Bad Bunny enmendó esta semana la demanda que radicó solicitando una compensación millonaria en relación al uso de su propiedad para la producción “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

El documento sometido en el Tribunal de San Juan añade argumentos para sustentar sus alegaciones de enriquecimiento injusto y engaño con relación a la forma en que se constituyó el contrato.

El abogado Juan Dávila Díaz anejó copias de los contratos, que contienen la firma del dueño de la vivienda y de la empresa A1 Productions.

En cambio, el contrato no tiene la firma de Bad Bunny ni de algún ejecutivo de Rimas Entertainment, quienes sí figuran como codemandados.

La demanda alega que el personal de A1 Productions “en todo momento se encontraba haciendo gestiones a nombre de y/o a favor del resto de los aquí codemandados”.

Mantuvo que una representante de la casa productora solamente le informó al propietario de 84 años que la casa sería usada “como escenario principal para el cortometraje”, mientras que asegura que “no le explicó los detalles” ni le “le presentó una propuesta formal o informal al respecto”.

Agregó que al cabo de la filmación, el propietario “continuaba sin conocer los pormenores del uso de su propiedad más allá de la filmación del cortometraje”.

“Al preguntar sobre los detalles del acuerdo, funcionarios de A1 Productions, requirieron la firma” del dueño “en la pantalla en blanco de un teléfono celular”, alega la demanda. “Dichos funcionarios transfirieron digitalmente, y de manera fraudulenta, la referida firma a dos contratos distintos”, uno de los cuales detalla que acondicionarían la vivienda para la grabación.

Añadió que los contratos “no fueron entregados” y que tampoco “se le explicó ni se le leyó su contenido”.

La demanda señala que el residente “recibió dos pagos en dos cheques separados, uno por la cantidad de $2,400 y otro por la cantidad de $2,800 por la utilización de su propiedad para el cortometraje”.

En la demanda enmendada se añaden argumentos par sustentar la alegación de que el octogenario, quien no sabe leer ni escribir, “fue engañado por A1 Productions (y las entidades para las cuales dicha entidad trabajaba) al no mencionar ni explicar ninguna de la cláusulas de los referidos contratos”.

Apuntó que, en consecuencia, “los ‘contratos’ para la utilización de la explotación de su patrimonio fue uno viciado”.

Como parte de la residencia de 31 conciertos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, se instaló una estructura similar, a la que llamaron “La Casita”. Esta también aparece, como fotografía, en los vídeos de las canciones del disco, además del cortometraje.

La demanda mantuvo el reclamo de $5 millones por enriquecimiento injusto y $1 millón adicional por daños y angustias mentales, al alegar que su tranquilidad fue alterada al convertirse su hogar en atractivo turístico que es presuntamente visitado a diario por una “gran cantidad de personas se detienen frente o penetran al perímetro” para “tomar fotos y videos del lugar. Adicionalmente, La Casita ha sido objeto de decenas y/o cientos de publicaciones en redes sociales y de venta de productos con la imagen de su propiedad, de las cuales éste no recibe ningún beneficio en general”.

Además, alegó que el octogenario “es objeto de comentarios e insinuaciones malintencionadas, insultos, tiros al aire, cosa que no ocurría previo a la publicación del vídeo mencionado”.

Mientras, por si no prosperaran las alegaciones anteriores, la demanda enmendada incluyó una “causa de acción alternativa” de $5 millones. Aludiendo al Código Civil, planteó una “lesión por ventaja patrimonial desproporcionada”.

Citando el texto de la ley, indicó: “Puede demandarse la anulación o la revisión de un contrato oneroso si una de las partes se aprovecha dolosamente de la necesidad, inexperiencia, condición cultural, dependencia económica o avanzada edad de la otra, y como consecuencia de ello, obtiene una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación”.

“No puede haber dudas de que, en relación a la industria del entretenimiento, los aquí demandados son de las empresas más experimentadas, conocedoras y exitosas a nivel mundial”, mientras que el dueño de la vivienda “no tiene conocimiento alguno en relación a esta industria”, sostiene la demanda.

“Por tal razón, todos los aquí demandados se aprovecharon dolosamente de la necesidad, inexperiencia, condición cultural, dependencia económica o avanzada edad del demandante, y como consecuencia de ello, obtuvieron una ventaja patrimonial desproporcionada”, argumentó. “Lo anterior ha resultado en un menoscabo de sus intereses propietarios y económicos”, que estimó “en una suma no menor de cinco millones de dólares a ser pagada de manera solidaria por todos los codemandados”.