Redistribuir entre los nueve jueces del Tribunal Supremo las funciones administrativas del Poder Judicial resultaría –más allá de los cuestionamientos a su constitucionalidad– en una rama más lenta, incapaz de responder a situaciones imprevistas y propensa a choques internos que trastoquen su función de resolver las controversias que aquejan a los miles de ciudadanos que, a diario, acuden a los tribunales, advirtió la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez.