La disputa por el control de las corporaciones El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., presididas por el artista Daddy Yankee, ha escalado al ámbito del Tribunal Federal, con serias acusaciones de fraude informático y daños contra la exesposa y excuñada del artista, Mireddys y Ayeicha González Castellanos, respectivamente.

El licenciado Víctor O. Acevedo Hernández, representante legal de ambas entidades en el foro federal, presentó en la mañana de este miércoles dos recursos legales: el primero, una demanda en la que se reclaman la suma de $12 millones, y la segunda, un “injuction” en el que se acusa a las demandas de causar daños deliberadamente.

“Este caso surge de una profunda traición a la confianza y de una campaña deliberada para socavar la integridad de una empresa desde dentro”, indica la demanda, de 27 páginas, en la cual se acusa a las demandadas de abusar de su posición dentro de las corporaciones “para eliminar y retener en secreto registros comerciales esenciales con la intención deliberada de causarles daño”.

“Estas acciones no fueron accidentales ni negligentes: fueron calculadas y ejecutadas precisamente en el momento en que las demandadas estaban a punto de perder el control de las entidades legales, en medio de un litigio en el tribunal estatal, el cual surgió después de que transfirieran $100 millones fuera de dichas entidades. Al hacerlo, sabotearon operaciones fundamentales al eliminar comunicaciones relacionadas, entre otras cosas, con la venta multimillonaria del catálogo musical de Daddy Yankee y con la La Última Vuelta World Tour de El Cartel Records, Inc., una gira de despedida de alcance global", agrega.

Asimismo, la demanda establece que, entre los “actos más atroces” cometidos por las demandadas se encuentra la eliminación de contenido de una cuenta de correo electrónico corporativa crítica.

Esta acción, presuntamente, habría ocurrido luego de que el artista presentara la primera demanda, en diciembre de 2024, ante el Tribunal de San Juan, y supuestamente continuó mientras se llevaba a cabo el proceso de transición que ordenó el juez Anthony Cuevas Ramos.

“Bajo el pretexto de proteger la privacidad personal, las demandadas abusaron y explotaron su acceso para destruir valiosa información histórica de la empresa, sabiendo perfectamente que dicha cuenta contenía comunicaciones clave necesarias para las operaciones comerciales en curso de los demandantes, litigios, cumplimiento normativo, así como para el cierre ordenado de operaciones, el pago de pasivos y la distribución de los activos restantes durante el proceso de transición y más allá”, menciona.

El documento señala, además, que un análisis forense ha confirmado estas eliminaciones, y declaraciones juradas de la exesposa del denonimado “Big Boss” establecen tanto su acceso como su conocimiento sobre la naturaleza y la importancia del material eliminado.

“Como consecuencia directa y por los actos de las Demandadas, las repercusiones han sido inmediatas e irreparables. Los demandantes quedaron sin acceso a información y registros vitales, incluyendo correspondencia legal, documentación financiera y planificación operativa crucial para la continuidad del negocio y la adecuada gobernanza corporativa”, dice la demanda.

A pesar de los esfuerzos significativos para recuperar los datos perdidos, el recurso legal especifica que “muchas de las comunicaciones siguen irremediablemente perdidas”, y que, aún peor, “estos actos ocurrieron en desacato a una orden judicial, lo que agrava la mala conducta y resalta el carácter retaliatorio de sus acciones”.

“Los demandantes recurren ahora a este Tribunal no solo para reclamar daños y perjuicios, sino también para exigir medidas cautelares inmediatas, la devolución de la propiedad retenida de forma indebida, y responsabilidad por la destrucción deliberada e ilegal de datos corporativos. El tiempo es esencial: cada día sin una medida de protección aumenta la probabilidad de sufrir más daños irreparables”, señala.

Valiéndose de fotos, recibos de dividendos y el trafondo de lo sucedido en la esfera estatal, la demanda revela que el correo electrónico asignado a Mireddys era la “llave maestra”: controlaba todas las cuentas bajo el dominio @cartelrecords.com.

“Esa única contraseña lo era todo. Con ella se podía cambiar, añadir, transferir—hacer cualquier cosa. En otras palabras, era la única contraseña que los demandantes realmente necesitaban, porque con ella podían restablecer todas las demás. Y las demandadas la retuvieron“, detalla la demanda.

Por estas y otras acciones, las corporaciones del intérprete de “Dura”, “Gasolina” y “Lo Que Pasó, Pasó” solicitan un pago de $12 millones por parte de las demandadas. Por daños punitivos, solicitan $5 millones para cada una de las empresas; y por otros daños y perjuicios compensatorios, solicitan $1 millón para cada una de las corporaciones.

En tanto, el “injuction”, que consta de 21 páginas, establece que las demandadas, a sabiendas y sin autorización, accedieron a una “computadora protegida” y eliminaron comunicaciones y registros comerciales vitales, en violación a la Ley de Fraude y Abuso Informático (CFAA) y la Ley de Comunicaciones Almacenadas (SCA).

“Los datos eliminados estaban almacenados en el servicio de correo electrónico basado en la nube de Google, que claramente constituye una “computadora protegida” y una instalación de servicios de comunicación electrónica según la ley federal", indica el documento en poder de El Nuevo Día.

De acuerdo a la moción, estas acciones habrían causado “un daño que no puede ser remediado únicamente con compensación monetaria”, ya que interrumpieron la capacidad de las corporaciones de acceder a información comercial “crítica y sabotearon su capacidad para cerrar su negocio, saldar pasivos y distribuir los activos restantes”.

Asimismo, la representación legal de las corporaciones estableció que la evidencia demuestra que las demandadas eliminaron los correos electrónicos y archivos.

“El análisis forense realizado por Driven confirma las eliminaciones y el momento de algunas, si no de todas, las eliminaciones, lo cual respalda que las demandadas violaron la CFAA y la SCA”, menciona el documento.

El “injuction”, además, revela que una declaración escrita y jurada por Mireddys, en cuya preparación habría participado su hermana Ayeicha, establece aún más tanto el conocimiento como la responsabilidad.

“Adicionalmente, declaraciones del representante autorizado de Mireddys González-Castellanos confirman que esta participó en la eliminación de los correos electrónicos y archivos”, dice el documento.

“Emitir la orden judicial también servirá al interés público al preservar la integridad de los datos comerciales, hacer cumplir la ley federal y desalentar remedios extralegales que socaven las transiciones legales del control corporativo”, puntualiza.

Además de esta demanda en el Tribunal federal, el artista mantiene varias demandas en la esfera estatal contra su exesposa y excuñada, incluyendo una radicada ante el Tribunal de Primera Instancia en Carolina, en la cual solicita $250 millones por “violación a deberes fiduciarios, incumplimiento de contrato y acción en daños”.

Tan reciente como en febrero de 2025, la jueza Eva Soto Castelló, del Tribunal de Carolina, emitió la sentencia que oficializó el divorcio del artista urbano Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, y González Castellanos, confirmaron fuentes a El Nuevo Día.