Una exmaestra de un colegio en Mayagüez se declaró culpable este martes, en el Tribunal Federal en Hato Rey, por un cargo de explotación sexual de un menor de edad.

La alegación de culpa de Kiara Ramos Meléndez surge luego de que su defensa llegara a un acuerdo con la Fiscalía federal tras la evaluación de la prueba en su contra.

Durante la vista, el juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, le advirtió a la acusada que el delito por el cual aceptaba responsabilidad conlleva una pena mínima mandatoria de 10 años de cárcel. La vista de sentencia fue pautada para el 30 de septiembre.

Además de desestimar el segundo cargo por pornografía infantil, con el acuerdo Ramos Meléndez pudiera evitar una condena de muchos más años por el primer cargo. La fiscal federal Daynelle Alvarez Lora explicó que el estatuto provee una pena máxima de cadena perpetua.

Después de que le explicara las consecuencias de cambiar su alegación original de no culpabilidad, incluyendo que no podrá apelar, el juez Arias le preguntó cómo se declaraba.

“Culpable”, respondió Ramos Meléndez, quien estuvo representada por el abogado Jesús Hernández García.

Ramos Meléndez fue acusada por un gran jurado federal por hechos que supuestamente tuvieron lugar entre el 2022 y 2023. Los cargos alegan que presuntamente usó su teléfono celular y aplicaciones de mensajería instantánea por Internet para persuadir a un menor de edad, de entre 13 a 14 años, a llevar a cabo actos ilegales de índole sexual.

La acusación también alega que la mujer supuestamente convenció al menor para para que le enviara imágenes explícitas de índole sexual mediante la aplicación WhatsApp.

Desde su arresto, en marzo del año pasado, la exmaestra ha estado ingresada en prisión sin fianza, que le denegó el juez al fallar a favor de la Fiscalía federal. La evidencia documental incluyó fotografías y llamadas telefónicas para describir cómo la acusada había mantenido una contacto de índole sexual con el menor, que habría comenzado con un beso en un salón de clases del colegio en el que ella era maestra de kínder o primer grado, y donde la víctima era un estudiante de octavo grado.

Asimismo, mostró prueba de que la acusada quedó embarazada del menor en 2023 y que el último contacto que tuvo con el adolescente fue en marzo de 2024, cuando la familia de él lo llevó a visitarla cuando ya habían sido entrevistados por las autoridades; días antes de que fuera arrestada.

Según relató la fiscal, los mensajes fueron descubiertos por un hermano de la víctima, quien alertó sobre la situación. Entonces, el colegio activó el protocolo de abuso, avisó al Departamento de la Familia y a la Policía, antes de que el caso pasara a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.