El equipo legal del exboxeador Félix Verdejo Sánchez solicitó nuevamente al Tribunal federal en Puerto Rico acceso a documentos restringidos del caso, argumentando que son esenciales para preparar la apelación ante el Primer Circuito en Boston.

Con la petición, la defensa de Verdejo Sánchez busca identificar potenciales “errores legales” o “procesales específicos” cometidos por la corte, incluyendo instrucciones erróneas al jurado, admisión o exclusión indebida de evidencia, o aplicación incorrecta de la ley.

Verdejo Sánchez fue sentenciado, en noviembre de 2023, a dos cadenas perpetuas por el secuestro que terminó en el asesinato de la joven Keishla Rodríguez Ortiz, de 27 años, y su bebé por nacer, en hechos ocurridos el 29 de abril de 2021 en San Juan.

El licenciado Michael R. Hasse, representante legal de Verdejo Sánchez, presentó el 31 de octubre una moción solicitando acceso a los documentos, incluidas las transcripciones de la conferencia previa al juicio federal, así como las conversaciones privadas.

En respuesta, el fiscal federal Jonathan Gottfried presentó una moción indicando que no tenía objeción a que se otorgara acceso a la información solicitada, aunque no se pronunció sobre la necesidad de disponer de copias en papel además de los archivos PDF.

Posteriormente, el juez federal Pedro A. Delgado emitió una orden otorgando hasta este viernes, 7 de noviembre, a la defensa para que detallara si busca acceso a todos los documentos en el expediente o solo a los que tuvo disponible el abogado anterior.

Delgado explicó que el expediente contiene, entre otras cosas, documentos cuyo acceso estaba restringido al coacusado en el caso y testigo estrella, Luis Antonio Cádiz Martínez, quien fue sentenciado a cumplir 20 años de prisión y cinco de libertad supervisada.

De igual manera, el togado pidió a la representación legal que especificara si no tenía reservas con que la Fiscalía federal también pudiera obtener el mismo acceso a todos los documentos restringidos.

Ante el requerimiento del juez, Hasse presentó este viernes una moción, que consta de siete páginas, en la cual argumentó que los documentos “son necesarios para redactar el escrito del apelante”.

Añadió que, debido a las recientes restricciones impuestas, así como a los ataques cibernéticos al sistema CM/ECF de archivo electrónico de casos federales, su acceso al expediente del tribunal de distrito ha sido limitado, incluyendo los documentos restringidos tales como transcripciones y otras presentaciones confidenciales.

“En este caso se presentaron una cantidad inusualmente alta de documentos restringidos debido a la preocupación por la publicidad, la enorme atención mediática, la promoción en redes y la orden de mordaza del tribunal que limita la divulgación pública”, dijo.

Destacó que, sin embargo, todos esos documentos restringidos fueron identificados como esenciales para el examen y análisis de este caso en apelación, lo cual requiere la revisión completa del expediente del juicio.

“El abogado sostiene que todos los documentos revelados deben estar igualmente disponibles para ambas partes. Asimismo, considera que el apéndice sellado del caso debe, en la medida de lo posible, presentarse como un apéndice conjunto sellado, a fin de evitar la duplicidad de documentos restringidos y facilitar la lectura y comprensión de los escritos de ambas partes", mencionó Hasse.

Explicó que, como no representó al convicto en el caso ante el Tribunal federal en Hato Rey, entiende que es crucial obtener y examinar este material, cuyo acceso ha sido limitado, para determinar si se necesitan transcripciones o documentos adicionales.

“Dicho acceso es también necesario para presentar adecuadamente los argumentos del apelante en apelación y para compilar un apéndice sellado integral ante el Primer Circuito", planteó el licenciado.

Indicó que su responsabilidad principal respecto al expediente del tribunal de primera instancia es revisarlo minuciosamente en su totalidad para identificar posibles errores legales o procesales que hayan afectado el resultado del caso.

“Esta apelación se basa exclusivamente en ese expediente; no puede introducirse evidencia ni testimonio nuevo, y gran parte de los documentos están restringidos", señaló el abogado.

“El centro de una apelación consiste en identificar errores legales o procesales específicos cometidos por el tribunal (por ejemplo: instrucciones erróneas al jurado, admisión o exclusión indebida de evidencia, o aplicación incorrecta de la ley) que hayan sido oportunamente planteados y preservados durante el juicio. Los asuntos no planteados en el tribunal de primera instancia generalmente se consideran renunciados en apelación, salvo casos excepcionales de “error manifiesto”“, insistió Hasse.

Por esta razón, insistió en que solicita que tanto él como la Fiscalía federal reciban copias en papel y en formato PDF de los documentos restringidos, en duplicado, ya que ello facilitará la creación de un apéndice conjunto sellado para el Primer Circuito.