La Fiscalía federal defendió la restitución estimada de $311,096.07 para que sea pagada por la turista que quemó varios negocios en Cabo Rojo en enero de 2025.

En una moción presentada este miércoles, la fiscal Corinne Cordero Romo contestó a cuestionamientos presentados por la defensa de Danielle Bertothy, quien fue sentenciada a cinco años de prisión tras declararse culpable por el incendio que afectó la hospedería Luichy’s Seaside Hotel y locales que estaban localizados en la misma estructura.

El abogado había indicado que el perjudicado tiene derecho a una restitución tras el siniestro, pero sostuvo que no estaba de acuerdo con la suma a restituir. Agregó que la Fiscalía federal debe probar la pérdida real de la víctima con evidencia confiable y no general.

En su moción de ayer, la fiscal incluyó copias de múltiples documentos para demostrar los gastos costeados por el propietario Ángel Marrero Negrón (A.M.N.) para reparar el Luichy’s Seaside Hotel.

“La acusada argumenta que la Fiscalía espera que acepte la restitución sin cuestionarla. Nada más lejos de la realidad. La víctima A.M.N. proporcionó amplia documentación de los gastos incurridos como consecuencia directa del delito de la acusada. Esta incluía facturas, recibos y cheques, todos ellos entregados a la acusada desde el 30 de octubre de 2025”, apuntó Cordero Romo.

“Además, el oficial de libertad condicional revisó y examinó toda la documentación y preparó un resumen que sumaba todos los montos reclamados en una restitución global adeudada a A.M.N. de $311,096.07”, agregó la fiscal, destacando que esos recibos no se juramentan, sino que son documentos emitidos como parte del curso de los negocios.

Asimismo, se opuso al reclamo de la defensa de que a la restitución final se le reste el dinero que el perjudicado ha recibido por donaciones a través de GoFundMe.

Las donaciones han sumado $25,554 contrario a la percepción de que ascendía a cientos de miles de dólares. Explicó que la mayor parte de las donaciones fueron a parar a manos del propietario de un restaurante que también resultó afectado, pero que no reparó el local y ya no opera en el lugar.

De todas formas, la fiscal argumentó que a la restitución no se le debe restar los $25,554.87 recibidos por donaciones, señalando la ley federal conocida como “Victim and Witness Protection Act” (VWPA).

“En ningún caso se considerará para determinar el monto de la restitución el hecho de que la víctima haya recibido o tenga derecho a recibir una indemnización por una pérdida proveniente del seguro o de cualquier otra fuente”, indica un extracto de la ley VWPA que fue destacado en la moción.

La fiscal apuntó que, “considerando lo anterior y el texto claro de la VWPA, el Ministerio Público mantiene su posición de que la restitución total que debe otorgarse a la víctima A.M.N. es de $311,096.07”.