En momentos en que se espera que se fije una fecha para la vista de alegación de culpabilidad, uno de los fiscales del caso federal contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced anunció este viernes su retiro del proceso.

Se trata del fiscal federal Max J. Pérez Bouret, quien presentó una moción de dos páginas, ante la jueza de distrito Silvia L. Carreño Coll, en la cual informa, específicamente, que ya no está asignado al caso.

“El abajo firmante ya no es el fiscal asignado a este caso. En consecuencia, se solicita respetuosamente que el Tribunal acepte esta solicitud de retirarse como fiscal de los Estados Unidos en este caso", mencionó Pérez.

“Por lo tanto, los Estados Unidos solicitan respetuosamente que este Honorable Tribunal tome nota de lo anterior y conceda la retirada del fiscal federal adjunto Max J. Pérez Bouret en el presente caso”, añadió.

Pérez Bouret se sumó al equipo de fiscales, en marzo pasado, tras la salida del fiscal Ryan Crosswell, quien renunció en febrero a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia federal en Washington, D.C.

Posteriormente, la jueza emitió una orden “concediendo” la solicitud del fiscal. “Ha sido retirado del caso”, indica la anotación en el expediente del caso en el que también están acusados el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini.

La semana pasada, las partes en el caso, entiéndase la Fiscalía federal y la defensa- radicaron una moción en la cual revelaron que los tres acusados se declararán culpables en un solo cargo por delito menos grave.

En una nota al calce en la moción de cinco páginas, las partes revelaron que el cargo se relaciona con la disposición 52 U.S.C. § 30121 del Código de los Estados Unidos, que prohíbe donaciones de extranjeros en elecciones.

Esta ley es parte del Federal Election Campaign Act (FECA), una legislación clave en la regulación del financiamiento de campañas en Estados Unidos.

“Las denuncias directas (information) contendrá un cargo por violación menos grave de 52 U.S.C. § 30121 (Donativo por parte de un Nacional Extranjero) y § 30109(d)(1)(A)(ii) (Penas)”, especifica la moción.

Esta disposición prohíbe que personas extranjeras contribuyan, donen o gasten dinero en elecciones estadounidenses, y también prohíbe que cualquier persona (incluso ciudadana) solicite o acepte tales contribuciones.

Esto significa que la ley prohíbe que un ciudadano extranjero —como es el caso de Herrera Velutini— realice contribuciones a campañas políticas en Estados Unidos, como presuntamente ocurrió en el caso de la exgobernadora, según la Fiscalía federal.

En este proceso camino a la celebración de la vista para la alegación de culpabilidad, los tres acusados han solicitado que la misma sea por videoconferencia, ya que Herrera Velutini y Rossini no se encuentran en el país.

Los acusados informaron que están disponibles los días 30 de junio y 1 de julio para presentar sus declaraciones. Mientras, la Fiscalía federal hizo constar que está disponible según lo disponga el Tribunal.

En agosto de 2022, un gran jurado emitió una acusación de siete cargos contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos.

En resumen, todos los acusados enfrentan cargos por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos. Sin embargo, Herrera Velutini también enfrenta cargos que se relacionan con un esquema de soborno distinto.

De concretarse la alegación de culpabilidad, estos siete cargos imputados se reducirían a uno solo por violentar la ley federal que prohíbe donaciones de extranjeros en procesos eleccionarios.

Presuntamente, los acusados y otras personas no imputadas formalmente en este caso participaron en un esquema de soborno mediante el cual la exgobernadora reemplazó al jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, por una persona elegida por Herrera Velutini a cambio de contribuciones políticas y servicios de consultoría, según el documento judicial.

Este cambio de personal supuestamente ocurrió luego de investigaciones de la OCIF sobre posibles violaciones regulatorias por parte de Bancrédito.

Tras ser arrestados, los tres acusados habían hecho previamente alegación de no culpabilidad.

En cambio, se declararon culpables –por separado y cooperan con las autoridades–John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced, y Frances Díaz, quien trabajó como ejecutiva en Bancrédito. Blakeman y Díaz son pareja.