El juez superior Arnaldo Castro Callejo, del Tribunal de San Juan, denegó la solicitud de entredicho provisional que solicitó el gobierno en el pleito incoado contra LUMA Energy, encargado del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica, en reclamo de la entrega de una serie de documentos del consorcio para procurar una transición ordenada en la operación del sistema eléctrico como parte de su intención de cancelar el contrato.

En una resolución emitida ayer, jueves, el togado, sin embargo, señaló una vista presencial para determinar si procede la concesión del “remedio interdictal preliminar”, para el lunes, 22 de diciembre, a las 9:30 a.m.

Las partes deberán comparecer preparadas para exponer, de forma breve y precisa, la controversia legal, formalizar estipulaciones de hechos, anunciar la prueba testifical y documental a ofrecerse y estar listos para la vista evidenciaria, de ser necesario, en esa fecha.

“En cuanto a lo que nos ocupa en esta etapa, se pide que se expida una orden de entredicho provisional y un interdicto preliminar para que se entregue la información y documentos listados en la demanda. Esto, de modo que se pueda llevar a cabo una transición urgente e inmediata de la operación del sistema eléctrico de Puerto Rico, o de lo contrario se expondría al pueblo a daños enormes e irreparables que afectarían su salud, vida y propiedad. Examinada la solicitud, denegamos la expedición de la solicitud de entredicho”, dijo el juez en la resolución.

En el documento, que consta de tres páginas, el juez Castro Callejo dijo que, de un examen detallado de las alegaciones, no se desprende que una notificación previa a los demandados resultaría en la pérdida de datos o daños inmediatos e irreparables, antes que se les pueda oír.

El jueves, la gobernadora Jenniffer González emitió un mensaje televisivo, en el cual anunció la demanda jurada de sentencia declaratoria e injuction preliminar que presentó la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) contra LUMA Energy LLC y LUMA Energy Servco LLC.

En esencia, el recurso legal plantea que la carta de extensión firmada el 30 de noviembre de 2022 —mediante la cual se buscaba prolongar el contrato bajo el cual LUMA opera el sistema de transmisión y distribución más allá del término originalmente establecido en el acuerdo suplementario (“Supplemental Agreement”)— es nula.

En apoyo a su posición, el gobierno dijo que dicha acción eliminó la terminación automática del acuerdo provisional y la sustituyó por un plazo indefinido; despojó a la AAPP y a la AEE de su facultad resolutoria; subordinó el interés público a la voluntad del operador privado; se suscribió sin las aprobaciones estatutarias requeridas —incluida la ausencia del voto afirmativo de ambos representantes del interés público en la Junta de la AAPP—, y carece de un certificado de cumplimiento energético emitido por el Negociado de Energía.

Añaden, además, que la medida introdujo una condición suspensiva puramente potestativa —prohibida por el ordenamiento jurídico— al supeditar la entrada en vigor del Acuerdo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución (T&D OMA en inglés) a que el plan de ajuste de la AEE resultara “razonablemente aceptable” para el operador, en este caso, LUMA. Por ello, se solicitó la emisión de una sentencia declaratoria que lo declare nulo y que establezca que la terminación automática de los acuerdos quedó vigente desde noviembre de 2022.

En entrevista con el programa “Noticentro al Amanecer”, que transmite Wapa Televisión, la gobernadora indicó que “es un contrato limón que ya le cuesta al pueblo de Puerto Rico”. Aseguró, además, que el gobierno tiene un caso sólido contra el consorcio.

“La extensión que se hizo de este contrato, en el 2022, se hizo sin los votos, sin la aprobación del Negociado de Energía, sin la aprobación de AEE y sin aprobación de la Legislatura, y que, por lo tanto, esa extensión que se hizo sin darle parámetros para poder regular, auditar, para poder exigir métricas, es nulo”, dijo González.

La mandataria explicó que estas acciones no se tomaron antes porque había que agotar todos los mecanismos. Recordó que se reunió con los directivos locales del consorcio. “Promesas, promesas, promesas y nunca cumplieron ninguna de las cosas que le prometieron al pueblo de Puerto Rico”, subrayó.

“(En) esta contratación, que se da previo a yo llegar a la gobernación hace muchos años atrás, ellos le vendieron al pueblo de Puerto Rico que eran expertos manejando reembolsos de fondos federales y desde el Congreso asignamos más de $17,000 millones para las cosas de energía y ellos solamente han recobrado $500 millones en reembolsos. Ni siquiera han utilizado los fondos federales asignados para arreglar nuestro sistema eléctrico después de más de ocho años de los huracanes Irma y María”, puntualizó González.

En declaraciones escritas, LUMA Energy, por su parte, indicó la noche del jueves que estaba evaluando la radicación de la AAPP para explorar sus opciones legales, manteniéndose firmes en su compromiso “con la transformación energética de Puerto Rico”.

“Desde 2021, los miles de puertorriqueños comprometidos que forman parte de LUMA han estado trabajando para mejorar el sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico con un solo objetivo en mente: brindarles a nuestros casi 1.5 millones de clientes el sistema eléctrico que esperan y merecen. Estamos orgullosos del progreso cque hemos logrado, pero aún queda mucho por hacer”, mencionó el consorcio.

Lamentablemente, según LUMA, la misma política que llevó al fracaso de la AEE ha resurgido, por lo que “no sorprende que la AAPP haya expresado su intención de invalidar el contrato de LUMA, sin considerar el progreso real y medible que se ha logrado para estabilizar el sistema, incluyendo el despeje de vegetación, el reemplazo de postes eléctricos, la instalación de nuevos transformadores e interruptores (breakers), el mantenimiento de subestaciones, el reemplazo de líneas de transmisión dañadas y la inversión de más de 2,400 millones en proyectos financiados con fondos federales".

“Aun ante la falta de financiamiento adecuado por parte de la AEE, todos estos esfuerzos están ayudando a revitalizar y fortalecer la red eléctrica tras décadas de abandono y mala administración. Esto se suma a más de una década de una quiebra sin resolver que ha impuesto sobre el pueblo de Puerto Rico la carga financiera de las mejoras al sistema eléctrico que no están cubiertas por fondos federales”, agregó el consorcio.

De acuerdo a la compañía, los intentos de invalidar el contrato en este momento o de cambiar los términos de un contrato legalmente vinculante envían un mensaje preocupante a cualquier empresa que esté considerando hacer negocios o invertir en Puerto Rico.

“Esta acción también podría interrumpir la continuidad en un momento crítico, atrasar aún más los proyectos dirigidos a mejorar el sistema eléctrico, aumentar el riesgo de interrupciones, atrasar el tiempo de restauración y retrasar mejoras financiadas con fondos federales”, se precisó.

Aunque aún no han recibido un aviso de cancelación o terminación, el consorcio dijo que continuará firmemente comprometido con la transformación energética de Puerto Rico.

“Confiamos en que seguimos siendo la solución correcta para la transformación a largo plazo del sistema eléctrico de Puerto Rico, y no permitiremos que acciones motivadas políticamente nos distraigan ni retrasen la restauración que el pueblo de Puerto Rico necesita con urgencia”, puntualizó.