Una jueza del Tribunal Federal en Puerto Rico paralizó el traslado de un inmigrante dominicano fuera de la jurisdicción del archipiélago luego que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico sometiera un recurso de habeas corpus de emergencia.

La organización sostuvo que “la detención fue ilegal, arbitraria y carente de una base legal válida, y que el gobierno federal pretende transferirlo fuera de la jurisdicción del Tribunal Federal en Puerto Rico de forma inminente, lo que agravaría el daño a su debido proceso y su acceso a representación legal”, según un comunicado de prensa compartido a este medio.

A Martín Medina de la Cruz, un inmigrante que mantiene un trámite migratorio pendiente y lleva en suelo americano hace cinco años, se le concedió además una vista de fianza.

De acuerdo con la orden emitida por la jueza federal Gina Méndez Miró, el Gobierno no podrá trasladar al peticionario fuera de Puerto Rico y la vista de fianza se celebrará a más tardar el 2 de febrero de 2026 a las 5:00 p. m. ante un juez de inmigración.

“Esta determinación debe servir de ejemplo y alerta para los agentes y funcionarios federales que insisten en encerrar a personas inmigrantes que cualifican para procesos de protección humanitaria, en lugar de garantizarles una evaluación justa y el acceso real a sus derechos, como lo es una vista de fianza en la jurisdicción en que son detenidos”, expresó la abogada de inmigración Julie Cruz Santana, representante legal de Medina de la Cruz.

La ACLU argumentó que Medina de la Cruz no es un riesgo de fuga ni representa peligro para la comunidad y que además se presentó voluntariamente ante las autoridades migratorias. Según la organización, la detención del inmigrante “no responde a un interés gubernamental legítimo y constituye un uso abusivo del poder de detención civil”.

La ACLU argumenta que Medina de la Cruz y otras dos personas de nacionalidad dominicana fueron escogidos por agentes federales mientras estos se encontraban en el supermercado en una zona de alta concentración de población dominicana y que además fue motivada por perfilamiento racial, una conducta prohibida por la Constitución de Estados Unidos.

“Desde Puerto Rico, seguiremos enfrentando y combatiendo las políticas discriminatorias antiinmigrantes de la administración del presidente Trump. No permitiremos que nuestra jurisdicción sea un punto de intervención y traslado acelerado de personas migrantes, limitando el derecho a representación legal, sometiéndoles a tratos inhumanos y poniendo en riesgo sus vidas”, señaló, por su parte, Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.