La jueza de distrito federal Silvia L. Carreño Coll solicitó, este martes, más información sobre el acuerdo de culpabilidad alcanzado entre la Fiscalía federal y los coacusados Wanda Vázquez Garced, Julio Herrera Velutini y Mark Rossini que pondría fin al pleito por cargos de corrupción gubernamental.

Carreño Coll otorgó a las partes hasta el 20 de junio para radicar una moción conjunta conjunta en cumplimiento con la orden.

Aunque Carreño Coll reconoció, en la orden emitida este martes, que el tribunal no participa del proceso de negociación de acuerdos, algo que es de esperarse, sí solicitó información adicional como clarificar si el acuerdo implica una declaración de culpabilidad directa o acuerdos de culpabilidad.

Además, sostuvo la jueza de distrito, si el acuerdo contempla acuerdos de culpabilidad, “las partes deben especificar el tipo de acuerdo que se radicará ante la consideración del tribunal”.

“Tercero, las partes deben informar si el tribunal tendrá que señalar una vista de renuncia al requisito de acusación formal, para la radicación de querella (information) y para vista de alegato (de culpabilidad). Por último, como las Reglas de Procedimiento Criminal aparentan anular la posibilidad de celebrar la vista solicitada de manera virtual, las partes deben proveer autoridad explícita apoyando que el tribunal celebra la vista de cambio de alegato de manera virtual”, enfatizó Carreño Coll.

“Para avanzar responsablemente con este caso, los acusados y el gobierno deben proporcionar (esta) información adicional”, recalcó.

Una querella mediante information es una querella preparada y radicada directamente por el o los fiscales a cargo del caso. Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini fueron acusados mediante un pliego preparado por un gran jurado.

El gran jurado emitió, el 3 de agosto de 2022, el pliego contra los coacusados por soborno relacionado a un programa federal, fraude electrónico y fraude de servicios honestos.

El pliego sostiene que Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini participaron en un presunto esquema de soborno para remover a George Joyner de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) con el propósito de detener una pesquisa que llevaba a cabo sobre Bancrédito International Bank, del banquero venezolano, a cambio de contribuciones a la campaña de Vázquez Garced para las primarias de 2020.