María Domínguez (der), abogada de Julia Keleher (centro), sometió una moción en la que plantea que de los siete esquemas alegados en el pliego, su clienta se menciona solo en tres, que no alegan haber privado a una víctima de dinero o propiedades. (Gerald López Cepero)

La exsecretaria de Educación Julia Keleher y algunos de los coacusados en el caso por corrupción solicitaron al Tribunal federal que desestime los cargos en su contra.

A través de mociones separadas, la desestimación fueron solicitadas por Keleher, el exasesor de La Fortaleza Alberto Velázquez Piñol, el expresidente de BDO Puerto Rico Fernando Scherrer y el dueño de la compañía Intelligent Gran Solutions (IGS), Aníbal Jover Pagés.

La licenciada María Domínguez, abogada de Keleher, planteó que el pliego acusatorio enmendado plantea siete conspiraciones distintas.

De ese total, la abogada indicó que Keleher está acusada solamente en los primeros tres esquemas. En relación a esos tres esquemas, “la señora Keleher no cometió ninguna de las ofensas alegadas”, planteó Domínguez.

“De hecho, los cargos 1 al 11 y 12 al 15, 16 al 23 fallan en establecer una ofensa”, agregó, al plantear que “fallan en alegar que alguna víctima haya sido privada o se intentara privar de cualquier dinero o propiedad tangible”.

Señaló que, “en cambio, la gran mayoría de las alegaciones se tratan de una teoría deficiente de fraude de servicios honestos revestido como fraude de dinero o propiedad”.

“Como era el caso con el pliego acusatorio original en este asunto, el esfuerzo del pliego enmendado para revestir estas alegaciones deficientes de fraude de servicios honestos como fraude tradicional de dinero y propiedades falla como asunto de derecho”, acotó.

En relación a las alegaciones contra Keleher, otras dos coacusadas -las hermanas Mayra y Glenda Ponce Mendoza- se declararon culpables en mayo del año pasado.

Por su parte, la moción de Scherrer indica en su moción que su rol en el pliego acusatorio “puede resumirse en una sola oración: se alega que él era presidente de la firma BDO cuando se alega que la violación (de ley), firmó algunos contratos del gobierno de parte de BDO como su representante, ayudó a contratar y reclutar a un contratista (Alberto Velázquez Piñol) e intercambió dos correos electrónicos con ese contratista que no reflejan ninguna intención o conducta ilegal”.

Plantea que “eso es todo, no hay una sola alegación que sugiera que él personalmente hizo algo ilegal, acordó hacer algo ilegal o personalmente sabía sobre algo mal hecho por otros”.

“Él está acusado solo con acciones ordinarias, legales de cada día, de las cuales él no tenía ninguna razón para creer que eran ilegales”, continuó.

Mientras, entre los planteamientos de Velázquez Piñol, señala que los documentos del Ministerio Público demuestran que él tenía una relación profesional con BDO que comenzó antes de la fusión con Parissi, en la que recibía comisiones de contratos concedidos y que, además, llevaba a cabo trabajo de consultoría con el Departamento de Educación y la Administración de Servicios de Salud (ASES).

“No hay nada ilegal en eso y el Ministerio Público no mencionó en el pliego acusatorio enmendado de cualquier ley aplicable en ese sentido”, sostuvo.

A su vez, Jover sometió tres mociones solicitando desestimación de distintos cargos que pesan en su contra. “De la fas del pliego, ASES recibió los servicios por los que negoció y pagó”, expuso la moción de Jover.

“La supuesta tergiversación de la ‘relación’ entre IGS y los individuos que proveyeron los servicios no alteraron la negociación en sí misma cuando los contratos fueron firmados y no engañó a ASES para que contactara a IGS, ni modificó la calidad de lo servicios rendidos”, añadió.

En su caso, la exdirectora de ASES Ángela Ávila se unió a varias de las mociones de los coacusados y sometió una individual, solicitando que enfrente el caso por separado, para “evitar que se manche con prejuicio y riesgo de culpa por asociación”.