El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido, por segunda vez, no solicitar la pena de muerte contra Nelson Torres Delgado, alias “El Burro”, y varios de sus presuntos cómplices, según una moción presentada el 31 de marzo ante el Tribunal federal.

En la moción informativa, que consta de dos páginas y que está firmada por el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, y el fiscal R. Vance Eaton, no se detallan las razones que motivaron la decisión en el caso contra Torres Delgado.

“Por la presente, Estados Unidos notifica a la Corte que no solicitará la pena de muerte en este caso contra Nelson Torres Delgado, Edwin Padilla López, Ronald Apónte Márquez, Eroz Rodríguez Hernández, Francisco López Sánchez, José E. Ortiz Cólón, Juan Manuel González Cotto y Carlos Rolón Pérez. En consecuencia, Estados Unidos solicita la recusación de los abogados de todos los acusados ​​en este caso”, lee la moción.

La decisión surge a semanas de que un gran jurado acusara a un padre y su hija por presuntamente participar en un esquema de lavado de dinero que se extendió por cerca de 10 años y que, según las autoridades, está vinculado al caso de Torres Delgado.

Según documentos judiciales, Edwin Navarro Artavia, de 59 años, y Kyria Navarro Santiago, de 34, utilizaron desde el 2016 hasta el 2026 varias empresas de bienes raíces —incluyendo Navarro & Assocs. LLC, Navarro & Associados Corp. y YVS Homes LLC— para facilitar el lavado de ganancias provenientes del narcotráfico mediante la venta de propiedades inmobiliarias.

En el caso de “El Burro”, quien era uno de los prófugos más buscados en Puerto Rico, agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) lograron capturarlo el 17 de octubre de 2024 en el área de La Parguera en el municipio de Lajas.

Torres Delgado, así como otros 51 presuntos integrantes de una violenta organización criminal en Caguas, fueron acusados por un gran jurado, el 21 de agosto de 2024, por los delitos de conspiración para poseer con intención de distribuir, posesión y distribución de sustancias controladas, violaciones de armas de fuego, asesinato y lavado de dinero.

La acusación federal inicial había imputado a 38 personas por tráfico de drogas, violaciones de armas de fuego y un asesinato. No obstante, la acusación suplementaria, que reemplazó la acusación inicial, imputó a 14 acusados adicionales e incluyó cargos por lavado de dinero y cuatro tiroteos más que involucraron a ocho víctimas, incluyendo una balacera el 7 de diciembre de 2021 en Cidra, donde cinco murieron.

“Hace un año, anunciamos la detención de algunos miembros de esta pandilla violenta, pero nuestra investigación no terminó con esos arrestos. Hoy anunciamos que, gracias a los esfuerzos de nuestros socios en la aplicación de la ley y los fiscales, se han arrestado y acusado a más individuos por asesinatos adicionales”, dijo Muldrow, en un parte de prensa.

En aquel entonces, el jefe de la Fiscalía federal agregó que “seguiremos responsabilizando a los miembros de pandillas violentas por sus crímenes”.

Asimismo, Joseph González, quien fungía en ese entonces como jefe del FBI en Puerto Rico, añadió en un comunicado de prensa que las comunidades estaban siendo destrozadas por el impacto del tráfico de drogas.

“Es crucial entender que todos los involucrados, desde los cabecillas hasta quienes apoyan sus operaciones criminales, comparten la responsabilidad de la destrucción y violencia que dejan a su paso. No descansaremos hasta que los responsables de perpetuar este ciclo de sufrimiento sean llevados ante la justicia”, mencionó González en ese momento.

La acusación suplementaria alega que, desde 2017 hasta el 2024, la organización de tráfico de drogas distribuyó heroína, crack, cocaína, marihuana, fentanilo, oxicodona (Percocet) y alprazolam (Xanax) en un radio de 300 metros de los residenciales Brisas del Turabo, Raúl Castellón, Turabo Heights y Juan Jiménez García; y en los sectores barriada Morales, barriada La Pajilla y Bunker en Caguas, así como en otras áreas de la isla.

En ese parte de prensa, la Fiscalía federal identificó a Torres Delgado como el presunto líder de la violenta organización criminal que desde principios de la década de 2010 controlaba el tráfico de drogas en Caguas.

“Ha mantenido el control de la organización mediante violencia letal e intimidación, así como participando en guerras territoriales contra organizaciones rivales. Sus métodos para evitar la captura incluyen limitar el contacto directo solo a los líderes más altos y confiables de su organización”, indica el comunicado.

Los acusados supuestamente desempeñaban distintos roles para promover los objetivos de la conspiración de tráfico de drogas, incluyendo líderes, ejecutores, distribuidores, vendedores, facilitadores y vigilantes. Los presuntos miembros de la pandilla supuestamente usaban la fuerza, la violencia y la intimidación para mantener el control de las áreas en las que operaban.

En total, 36 acusados están imputados por posesión de armas de fuego en relación con un delito de tráfico de drogas. Mientras tanto, 10 acusados enfrentan cargos por posesión de ametralladoras en relación con un delito de tráfico de drogas.

Además, cinco enfrentan cargos por el asesinato de una maestra retirada de Yabucoa, Margarita Rodríguez Morales, ocurrido el 15 de mayo de 2022 en Caguas. Según las autoridades, Rodríguez Morales fue víctima inocente de una balacera que se reportó en la PR-189.

Las autoridades estatales y federales alegan que la narcoganga que presuntamente lideraba Torres Delgado es sospechosa de múltiples asesinatos y venta de drogas en Caguas, Cayey, Cidra y pueblos limítrofes.