Aibonito - La vestimenta ocupada por la Policía en la residencia de Elvia Cabrera Rivera, en el sector El Coquí de Aibonito, es distinta a la que se le observa vistiendo en las cámaras de seguridad de su lugar de trabajo horas antes del asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.

Así lo sostuvo este miércoles el agente Gerardo Berríos Padilla en el octavo día del juicio por jurado contra Cabrera Rivera, donde también se reveló la existencia de una propuesta que podría ayudar a reducir el número de testigos que declarará en esta etapa de los procesos.

En resumen, la propuesta evaluada por las partes incluye 27 testigos anunciados como prueba de cargo. De alcanzarse acuerdos de estipulación sobre determinados hechos o evidencia, esos testigos no tendrían que comparecer para testificar en persona.

“Es muy probable que se reduzca sustancialmente la cantidad de testigos que se sentarían a declarar”, dijo la licenciada Mayra López Mulero, quien propuso reunirse el viernes en la mañana para atender las posibles estipulaciones relacionadas con cada testigo.

Por su parte, la fiscal Silda Rubio Barreto expresó su respaldo a la propuesta de la defensa. Indicó que mañana, jueves, ambas partes sostendrán una reunión virtual para discutir el asunto y que el viernes continuarían en sala evaluando los testimonios.

Así las cosas, el juez Luis S. Barreto Altieri acogió la petición y determinó que el jurado no tendrá que presentarse el viernes, para dar espacio a los trabajos relacionados con las estipulaciones. Esto implica que el desfile de testigos se reanudará el 10 de junio.

Antes de que se discutiera este asunto, los trabajos en sala se centraron en el testimonio del agente Berríos Padilla, quien ofreció detalles que no había expuesto el pasado viernes, cuando inició su declaración ante los miembros del jurado.

Bajo juramento, Berríos Padilla declaró, entre otras cosas, que se ocupó una ropa que no coincide con la que se observa en las grabaciones de las cámaras de seguridad del negocio La Placita Martínez, donde Cabrera Rivera laboraba como bartender.

Inicialmente, el agente solo había hecho referencia a discrepancias en la ropa de Anthonieska Avilés Cabrera, hija de Cabrera Rivera y coacusada en el caso por el asesinato de Pratts Rosario, en hechos ocurridos en agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón.

“Él (en referencia a un agente investigador en el caso) estaba viendo el video de La Placita Martínez. Ahí yo me percato de que la ropa que tiene Elvia no es la misma que se había ocupado en el allanamiento, ni la que tenía Anthonieska, que estaba utilizando ese día, era la misma”, dijo el octavo testigo de la Fiscalía.

A preguntas de la fiscal, Berríos Padilla detalló que se percató que la ropa no era la misma, principalmente “por la forma”. “La que estaba usando ese día no tenía el logo (del negocio) y (la parte de átras) se amarraba y formaba un lazo”, añadió el agente.

Sobre Avilés Cabrera, precisó que la ropa entregada tampoco era la misma porque “la tela era mahón y, (de) lo que se observa en el otro vídeo, el corte del traje (de la falda) es bien distinto”. “(En los vídeos se ve que tenía) una falda”, enfatizó al agente de la Policía.

“(Esa falda) era más suelta que la que yo ocupé. La que yo ocupé era de tela mahón y tenía rotos, como de desgaste, y era color azul claro, y la falda se veía de otro color. (La que llevaba puesta) se ve como un traje de tela más liviana”, precisó el testigo.

En cuanto a los zapatos de Avilés Cabrera, precisó que los que se observan en el video son de color plateado, mientras que los que entregó a la Policía son blancos, en un intento por establecer la marcada diferencia sobre la vestimenta ocupada a las acusadas.

“Cuando observé que no era la misma (ropa, le di) bastante (importancia) porque la que estábamos buscando podía tener rastros de sangre y la que se nos hizo entrega no es la misma”, explicó Berríos Padilla, ante la mirada fija de la acusada.

El octavo día del juicio reanudó con la exclusión de una miembro suplente del jurado por su parentesco con Berríos Padilla, además del contrainterrogatorio, que estuvo a cargo del licenciado Alberto Rivera Ramos, uno de los representantes legales de la acusada.

Las preguntas del licenciado se centraron principalmente en el allanamiento a la residencia y en el hallazgo de una cuchilla en las afueras de la estructura, que la defensa insiste que no guarda relación con los hechos que se imputan en este notorio caso.

Con sus preguntas, Rivera Ramos intentó minar la credibilidad del agente, tomando como base una querella administrativa que fue presentada en 2004 contra el testigo por presunta mendacidad y que resultó en una sanción de cinco meses sin empleo y sueldo.

Sin embargo, el agente aclaró que intentó apelar dicha determinación, pero que no pudo por cuestiones económicas. Añadió que no fue el único agente implicado en ese asunto, del cual no se ofrecieron mayores detalles durante la extensa audiencia.

Más allá de los cuestionamientos sobre su credibilidad, el contrainterrogatorio se concentró inicialmente en el allanamiento. Según la orden de registro discutida en sala, los agentes buscaban prendas de vestir y un cuchillo que pudiese contener rastros de sangre.

El tribunal emitió la orden de allanamiento y registro basada en la declaración jurada del agente Ángel Torres Romero, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, quien fundamentó las razones para que se autorizará la mencionada acción.

Del contenido de la orden de registro y allanamiento discutida en sala surgió que la Policía tenía información de que varios sospechosos residían en la vivienda. Además, se consignó que en el lado izquierdo de la casa se observó una navaja de color plateada y negra.

Sin embargo, la defensa destacó que, de la declaración jurada que sustentó la expedición de la orden, no surgió que algún testigo de los hechos hubiese observado directamente a Cabrera Rivera portando un arma blanca la noche del asesinato.

Berríos Padilla respondió que la cuchilla en controversia estaba frente a la residencia, del lado izquierdo, y que se podía observar a simple vista, sin necesidad de realizar una búsqueda minuciosa para detectarlo, lo que dio paso a múltiples preguntas de la defensa.

Durante el allanamiento, comentó el testigo, estuvieron presentes agentes y un can especializado y su manejador. Cabrera Rivera se mantuvo junto a Berríos Padilla en el balcón de su casa, mientras que Avilés Cabrera cruzó a una residencia justo al frente del hogar.

Según el testimonio, el perro no marcó sustancias controladas ni la presencia de un cuerpo. Sin embargo, sí marcó en el cuarto de Cabrera Rivera, específicamente en el área del clóset, una camisa negra con el logo del establecimiento La Placita Martínez.

Cuando Rivera Ramos preguntó si esa fue la única pieza ocupada en esa área, el agente respondió: “Eso es así”. También confirmó que no se ocuparon cuchillos ni utensilios de cocina dentro de la habitación.

La defensa también examinó el proceso mediante el cual las autoridades obtuvieron la ropa de Avilés Cabrera. Según el relato del agente, Cabrera Rivera llamó a su hija y le indicó que acudiera a la residencia para entregar la vestimenta utilizada el día de los hechos.

“Déjame llamar a la nena”, recordó el agente sobre la contestación de Cabrera Rivera.

Berríos Padilla declaró que Avilés Cabrera llegó al lugar, entró a su habitación y le entregó voluntariamente las piezas de ropa dobladas, las cuales fueron fotografiadas y colocadas en bolsas de evidencia. “(No se tardó) ni un minuto (en entregar la ropa)”, comentó.

A preguntas de la defensa, reconoció que Cabrera Rivera nunca tuvo las prendas de vestir de su hija en sus manos. “No”, contestó el agente cuando se le preguntó si la acusada le había entregado personalmente alguna pieza de ropa.

El contrainterrogatorio también abordó el cuchillo ocupado en una área lateral de la residencia. Al observar fotografías de la escena, el agente afirmó que el objeto “se ve” desde la acera y a plena vista.

Sin embargo, reconoció que desconocía quién lo colocó allí, cuándo se colocó o quién lo manipuló antes de ser ocupado por las autoridades.

Además, indicó que las manchas visibles en la hoja corresponden a moho y no a sangre. También admitió desconocer los resultados de las pruebas de ADN y serológicas practicadas sobre la evidencia. “Los análisis no me llegan a mí”, declaró.

Otro de los puntos destacados por la defensa fue la cooperación mostrada por Cabrera Rivera durante el allanamiento. El agente reconoció que la acusada permitió el acceso de los investigadores a la propiedad, no huyó, no obstaculizó el trabajo de los agentes y firmó el inventario de la evidencia ocupada.

Finalmente, Rivera Ramos cuestionó la forma en que la Policía manejó la recopilación de vestimenta y videos relacionados con el caso. Berríos Padilla admitió que no había visto las grabaciones de seguridad al momento de realizar el allanamiento, y que desconocía cuál era la ropa específica que los investigadores intentaban localizar. “Lo desconozco”, respondió.

Esa admisión fue utilizada por la defensa para sugerir que las autoridades no tenían una base visual para comparar las prendas entregadas por las acusadas con las que supuestamente utilizaban la noche de los hechos. El agente reiteró que sí había declarado previamente sobre ese asunto. “Claro que sí”, respondió cuando se le preguntó si había testificado que Cabrera Rivera no llevaba la misma ropa observada en los videos.

De igual forma, se trajo a discusión en sala la ocupación de un pantalón con manchas de sangre de Miriathny Avilés Rodríguez, hermana paterna de Anthonieska. El testigo reconoció que, a pesar de ese hallazgo, no se hicieron mayores gestiones para intentar ocupar más evidencia relacionada con Avilés Rodríguez.

De hecho, reconoció que, en el caso de la residencia de Cabrera Rivera, a pesar de observar que había una lavadora en pleno funcionamiento, tampoco buscó averiguar qué había en su interior.

La muerte de Pratts Rosario ocurrió en la madrugada del 11 de agosto de 2025, luego que fue transportada al hospital Menonita de Aibonito gravemente herida.

Por estos hechos, el Departamento de Justicia formuló dos cargos contra las acusadas: asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, específicamente el uso y/o portación de un arma blanca.

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