El octavo día del juicio contra Elvia Cabrera Rivera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, comenzó con la exclusión de una miembro suplente del jurado, luego que trascendiera que es familiar de un agente testigo en el caso criminal.

Durante la mañana de este miércoles, el juez Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, abrió los trabajos en la sala 1 y de inmediato pidió a las partes que se acercaran al estrado para atender una controversia cuyo contenido era desconocido.

La transmisión electrónica fue interrumpida mientras el tribunal discutía el asunto. En tanto, la fiscal Silda Rubio Barreto y la licenciada Mayra López Mulero, en representación de las partes, se acercaron al estrado para escuchar lo que iba a decir el juez.

Posteriormente, el togado pidió que llamaran a sala a una funcionaria alterna del jurado, quien explicó que una de las miembros suplentes se había comunicado con ella para informarle que era pariente del agente Gerardo Berríos Padilla, testigo clave en el caso.

Berríos Padilla es el agente que actualmente declara desde el banquillo de los testigos y quien tuvo a su cargo ejecutar la orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, ubicada en la comunidad El Coquí, por lo que su testimonio resulta importante.

En resumidas cuentas, la funcionaria explicó que la miembro del jurado había colocado la información, incluso, en el cuestionario que llenan, precisamente, los candidatos para evitar que ocurran este tipo de situaciones de evidente conflicto de intereses.

Acto seguido, el juez llamó a la suplente del jurado, quien sostuvo que su vínculo familiar con el agente no influiría en su criterio ni en su imparcialidad para evaluar la prueba que desfila en el juicio contra Cabrera Rivera, lo que satisfizo a ambas partes en el caso.

No obstante, el togado determinó que esta situación “es algo que no debe pasar”. Por tanto, determinó que, para garantizar los derechos constitucionales de la acusada, la miembro suplente del jurado quedaba excluida a partir de hoy de los procesos en sala.

“Aunque las partes han dicho que no tienen ningún reparo, este juez, en aras de la pureza de los procesos, se tiene que asegurar de que haya un juicio justo e imparcial. Así que este tribunal la va a excusar... Es algo que no debe pasar”, puntualizó.

Cabe destacar que, con esta salida, los 12 miembros principales del jurado permanecen intactos, pero la cantidad de suplentes se redujo de seis a cinco.

Luego de atendida la controversia, el juez pidió que entraran a sala todos los miembros del jurado, así como el agente en cuestión, quien ahora se enfrenta a las preguntas del licenciado Alberto Rivera Ramos, quien forma parte de la defensa de la acusada.

Bajo juramento, Berríos Padilla compareció el viernes pasado como el octavo testigo del Ministerio Público y relató las gestiones investigativas que realizó tras los hechos ocurridos en agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, en el municipio de Aibonito.

Durante el interrogatorio de la fiscal, entre otras cosas, explicó cómo diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada y ocupó piezas de evidencia que hoy son pieza clave en el notorio caso que mantiene en vilo al país.

Confirmó que la ropa entregada a la Policía por Anthonieska Avilés Cabrera, hija de Cabrera Rivera y también acusada en el caso, no coincidía con la vestimenta que aparecía usando en vídeos de cámaras de seguridad obtenidos por los investigadores.

El agente, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, también declaró, desde el banquillo de los testigos, sobre la entrega de otras piezas de evidencia, entre ellas un pantalón con manchas de sangre y un teléfono celular.

Por tanto, este miércoles se espera que inicie el contrainterrogatorio del agente, en una jornada que podría estar marcada por preguntas dirigidas a poner a prueba la solidez de la investigación, específicamente sobre el allanamiento que se realizó en la residencia.

En la vista anterior, además, surgió una controversia por la admisión de un documento de una cuchilla ocupada durante la investigación. La defensa objetó la evidencia al argumentar que no se trataba del arma homicida y que su presentación podría confundir al jurado.

Empero, el juez escuchó los argumentos tanto de la defensa de la acusada como de la Fiscalía. Luego, declaró “no ha lugar” la objeción y pidió que los documentos se marcaran como evidencia del Ministerio Público.

El proceso judicial ha estado marcado por intensos interrogatorios, contrainterrogatorios y disputas sobre la evidencia presentada por la Fiscalía.

La defensa, encabezada por la licenciada Mayra López Mulero, ha insistido desde el inicio del juicio en que existen inconsistencias en la investigación, mientras el Ministerio Público sostiene que la prueba presentada vincula a Cabrera Rivera con el asesinato.

Cabrera Rivera y su hija enfrentan dos cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, específicamente uso y/o portación de un arma blanca. Al inicio del juicio por jurado, la acusada, de 40 años, se declaró no culpable.

Actualmente, madre e hija enfrentan procesos judiciales por separado por el asesinato de la menor. Mientras Cabrera Rivera ya se encuentra en plena etapa de juicio, el proceso contra su hija entrará en su fase culminante el próximo 23 de junio a las 9:00 a.m.

Además de la diferencia en la etapa procesal de ambos casos, otro elemento que distingue la situación de las acusadas es dónde permanecen mientras enfrentan los cargos en su contra. Por un lado, Cabrera Rivera continúa recluida en una institución correccional.

Su hija, en cambio, fue excarcelada tras obtener un recurso de habeas corpus. Este remedio procede cuando una persona ha permanecido encarcelada por más de 180 días sin que haya comenzado el juicio en su contra, una garantía establecida en la Constitución.

Según la teoría del Ministerio Público, Cabrera Rivera y su hija —quien estudiaba en la misma escuela que la víctima, la Bonifacio Sánchez Jiménez— habrían actuado en “concierto y común acuerdo” para dar muerte a la adolescente, utilizando un arma blanca.

“La señora acusada sacó de su cartera un objeto punzante, un arma cortante, un arma blanca, algo con lo que tú puedes apuñalar a alguien y quitarle la vida. Se lo dio a su hija, Anthonieska Avilés, y con eso, Anthonieska Avilés apuñaló a la joven Gabriela (unas) 11 veces, quitándole la vida”, narró la fiscal Myriam Nieves Vera.

En su informe inicial, la también fiscal de distrito de Aguadilla afirmó que la muerte Pratts Rosario “no fue un accidente”, sino que ocurrió por “voluntad” de la acusada, quien le entregó un “cuchillo” a su hija para que cometiera “ese acto tan brutal: apuñalar”.

Los hechos se remontan a la noche del 10 de agosto de 2025, cuando ocurrieron varias peleas en el desvío Roberto Colón, lugar que estaba atestado de gente, ya que ese día también se llevaba a cabo una actividad denominada “Gran Cierre de Verano Municipal”.

Testigos en el caso han declarado, bajo juramento, que Pratts Rosario se metió en la pelea para defender a su hermana. En medio de la trifulca, la menor fue apuñalada unas 11 veces, siendo la más letal la que recibió en el área del corazón, según la autopsia.

Tras los hechos, la menor fue trasladada hasta la sala de emergencias del hospital Menonita en Aibonito. Sin embargo, su muerte se certificó a las 12:35 a.m. del 11 de agosto de 2025, a menos de 24 horas de que celebrara su cumpleaños número 17.

En el incidente, además, resultó herido otro joven, de 16 años, quien fue transportado en un auto separado hasta la misma institución médica. Sin embargo, logró sobrevivir a las heridas y forma parte de los testigos que declaran en el juicio contra Cabrera Rivera.

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