El consorcio LUMA Energy informó que solicitó trasladar al Tribunal Federal la demanda para cancelar su contrato radicada por el gobierno de Puerto Rico.

En comunicado de prensa, la corporación indicó que busca incluir en el proceso de quiebra bajo el Título III de la ley Promesa la demanda que pretende invalidar su contrato, que fue sometido el jueves pasado en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan.

Sobre el cambio de jurisdicción, la compañía indicó que ese “es el foro más apropiado para atender este caso”.

“Las recientes acciones motivadas por la política para revertir un contrato legalmente vinculante solo sirven para poner en riesgo todo el progreso real que hemos logrado, perjudicando al pueblo de Puerto Rico al amenazar proyectos críticos destinados a revitalizar y fortalecer la red eléctrica”, indicó LUMA Energy, en declaraciones escritas.

Agregó que “la acción legal injustificada” de la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas (AAPP)y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) “carece de fundamento, considerando que no existe incumplimiento contractual por parte de LUMA”.

“Este tipo de acciones sientan un precedente negativo, generando serias preocupaciones para cualquier empresa que considere operar o invertir en Puerto Rico, y representan un obstáculo innecesario para la economía de la isla”, apuntó.

“LUMA y sus 4,000 empleados siguen comprometidos y dedicados a servir a nuestros clientes. Continuaremos enfocándonos en el progreso por encima de la política mientras trabajamos para ofrecer la red eléctrica segura, confiable y resiliente que el pueblo de Puerto Rico merece y necesita con urgencia”, afirmó.

La demanda se centra en la alegada invalidez de una carta suscrita por funcionarios del gobierno de Pedro Pierluisi y directivos de LUMA Energy, el 30 de noviembre de 2022, para extender indefinidamente el Acuerdo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución y los términos suplementarios pactados de manera temporal mientras se dilucidaba el caso de quiebra de la AEE, aún inconcluso.

El recurso, en el que la AAPP y la AEE figuran como demandantes, plantea que, al momento de la votación para aprobar la extensión del contrato, Eduardo Ferrer y Lisa Ortiz, entonces representantes del interés público ante la Junta de Directores de la AAPP, se abstuvieron y, por ende, no procedía la prolongación del pacto porque la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (Ley 120 del 2018) estipula que, si uno o ambos no favorecían el acuerdo, no era viable.

En noviembre de 2022, Ferrer y Ortiz denunciaron públicamente que habían sido excluidos del proceso para extender el contrato.

El documento legal reveló, además, que la extensión tampoco contó con el aval del entonces director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, ahora zar de Energía y director ejecutivo de la AAPP bajo la administración de la gobernadora Jenniffer González.

También hace constar que el acuerdo no fue sometido para aprobación de la Asamblea Legislativa como establece la Ley de las Alianzas Público Privadas (Ley 29 del 2009) y que, aunque la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó “con observaciones” la extensión, precisó en aquel entonces que no evaluaba “el cumplimiento de los requisitos de contratación según las leyes, normas y reglamentos aplicables, tanto federales como locales”.

Además, el gobierno argumentó que el contrato tampoco procede porque no impuso métricas claras de cumplimiento por parte de LUMA ni fecha definida de vencimiento, lo que implica un acuerdo abierto.