En un extenso documento, la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier solicitó al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston que revierta su convicción por cargos de corrupción.

La defensa de la exfuncionaria presentó un informe de apelación, con 148 páginas, para alegar una serie de errores que considera suficientes como para dejar sin efecto el veredicto de culpabilidad emitido en enero de 2024.

Los cargos de conspiración, robo de fondos federales, soborno, comisiones ilegales (kickbacks), fraude electrónico de servicios honestos y lavado de dinero alegaron un esquema de corrupción mediante el cual supuestamente Charbonier y su esposo, Orlando Montes, se apropiaron de $100,000.

La acusación denunció que Charbonier le infló el salario a su entonces empleada legislativa, Frances Acevedo, quien supuestamente le pasó parte de ese dinero de vuelta, a escondidas.

Actualmente, Charbonier cumple una sentencia de ocho años en una cárcel federal en Bryan, Texas. Su fecha de salida está pautada para enero de 2031.

En el informe de apelación, la licenciada Kendys Pimentel Soto, abogada de Charbonier, enfatizó en la teoría de que el dinero no fue a parar a manos de la exrepresentante.

Sostuvo que, en cambio, los pagos fueron en realidad a Jonathan Alemán, quien era director de la oficina de Charbonier. También apuntó que Alemán tenía una relación extramarital con Acevedo y que era informante del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) desde el 2018, aunque la investigación contra la exlegisladora no comenzó hasta el 2020, después de que Charbonier lo despidió.

La abogada planteó que la Fiscalía federal no presentó alguna evidencia directa admisible sobre pagos a Charbonier, pero “le pidió al jurado asumir que ella (Acevedo) usó el dinero en efectivo (que le quedó) a la mano (tras depositar los cheques) para pagarle a Charbonier”.

Asimismo, catalogó las alegaciones como “especulación” debido a la ausencia de texto o grabaciones sobre transacciones financieras.

En cambio, señaló que sí hubo transferencias de Acevedo por $1,700 y $1,500 a Alemán, con quien “estaba teniendo un amorío, sugiriendo poderosamente que era Alemán quien a final de cuentas era el recipiente de cualquier dinero que fuera desviado por Acevedo”.

Apuntó que “en un momento, el FBI le dio a su informante Alemán billetes marcados, ordenándole que se los proporcionara a Acevedo para que a su vez le pagara a Charbonier, y esperando que los billetes aparecieran en la casa de Charbonier”.

“Sin embargo, al ejecutarse las órdenes, los billetes marcados se encontraron en la casa de Acevedo, no en la de Charbonier”, agregó.

Para abonar a esa teoría, la abogada destacó que el dinero que Acevedo retuvo en efectivo de su salario entre 2017 y 2019, así como las transacciones a Alemán por ATH Móvil suman $68,345.34. Entonces, observó que, unos días después del último pago, Alemán compró un cheque de gerente para saldar su hipoteca por $68,454.242.

Además, cuestionó que, aunque el Ministerio Público “admitió que Alemán fue el informante que ‘expuso’ el supuesto esquema”, la fiscalía llamativamente no lo llamó como testigo en el juicio".

De igual forma, planteó que los derechos de Charbonier fueron violados debido a que no se le permitió confrontar en el juicio a Acevedo, la persona que hizo las únicas declaraciones directas alegando pagos a Charbonier, en referencia a cuando la exempleada se declaró culpable, admitiendo el alegado esquema.

“Toda esa evidencia fue admitida sin que Charbonier tuviera la más mínima oportunidad de confrontar a Acevedo ni al informante del Ministerio Público, Alemán, quien mantuvo una relación extramatrimonial durante años con Acevedo y tenía fuertes motivos para desviar la culpa de él y de su amante hacia Charbonier. Sin los rumores de Acevedo, la Fiscalía no habría podido presentar pruebas más allá de toda duda razonable”, argumentó la abogada.

Pimentel Soto indicó que a Acevedo se le permitió no declarar debido a una “enfermedad ‘mental’”, mientras que la defensa planteó que no se les permitió corroborar cuán “severa, crónica o incapacitante y prolongada” era la condición.

“Al Ministerio Público se le permitió montar un caso sobre evidencia no probada y privó a Charbonier de la oportunidad de confrontar la evidencia más perjudicial contra ella: las declaraciones de un “testigo” instrumental —Acevedo— quien fue protegido indebidamente de la confrontación”, resaltó.

El informe también alegó insuficiencia de evidencia, fallo en la aplicación de un estatuto alegado en la acusación y en la alegación de que intentó “lavar” el dinero que supuestamente recibió.

También cuestionó que se admitiera como evidencia una grabación de audio sin haber sido traducida al inglés para que formara parte del récord al momento del jurado retirarse a deliberar.

Según la defensa, la presentación del audio como una conversación entre Charbonier y su esposo Orlando Montes, quien también fue acusado, fue una violación a la Ley Jones que conlleva la anulación de la convicción.