Washington- Funcionarios de Minnesota exigieron el martes a la administración Trump para obtener acceso a pruebas que dicen necesitar para investigar de manera independiente tres tiroteos de agentes federales, incluidos los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti.

La demanda alega que el gobierno federal incumplió su promesa de cooperar con las investigaciones estatales tras el aumento de la aplicación de la ley federal en Minneapolis. Los funcionarios estatales buscan una orden judicial exigiendo que la administración Trump cumpla.

“Estamos preparados para luchar por la transparencia y la rendición de cuentas que el gobierno federal está desesperado por evitar”, declaró a la prensa la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty.

La demanda marca una escalada en el enfrentamiento entre los líderes de Minnesota y la administración Trump sobre las investigaciones de los tiroteos de alto perfil por parte de oficiales federales que provocaron indignación pública y protestas. La administración Trump ha sugerido que los funcionarios de Minnesota no tienen jurisdicción para investigar, pero los funcionarios estatales insisten en que necesitan llevar a cabo sus propias investigaciones porque no confían en que el gobierno federal se investigue a sí mismo.

“Tiene que haber una investigación cada vez que un agente federal o estatal acaba con la vida de una persona de nuestra comunidad”, dijo Moriarty.

La administración envió a miles de agentes a la zona de Minneapolis y St. Paul para la represión de la inmigración como parte de la campaña nacional de deportación del presidente Donald Trump. El Departamento de Seguridad Nacional consideró un éxito la mayor operación de control de la inmigración de su historia, pero fue duramente criticada por los líderes de Minnesota, que cuestionaron la conducta de los agentes.

Las consecuencias de la Operación Metro Surge continúan en forma de cierre de la Seguridad Nacional, ya que los demócratas del Congreso retienen la financiación en un esfuerzo por garantizar restricciones a la agenda de inmigración de Trump.

Se envió un correo electrónico al Departamento de Justicia en busca de comentarios. Un portavoz del DHS dijo en un correo electrónico el martes que todos los tiroteos son revisados por una agencia de aplicación de la ley apropiada, seguido de una revisión independiente dentro de la agencia.

En enero, el Departamento de Justicia anunció que iba a abrir una investigación federal sobre los derechos civiles en el caso de Pretti, pero ha declarado que no estaba justificada una investigación federal similar en el caso de Good. La decisión adoptada en el caso de Good supuso un cambio radical con respecto a administraciones anteriores, que se apresuraron a investigar los disparos efectuados por agentes del orden contra civiles por posibles delitos contra los derechos civiles.

El Fiscal General Adjunto Todd Blanche ha dicho que la División de Derechos Civiles del departamento no investiga todos los tiroteos de las fuerzas del orden y que tiene que haber circunstancias y hechos que “justifiquen una investigación.”

El DHS dijo el martes que la Patrulla de Aduanas y Fronteras está llevando a cabo su propia investigación interna del caso Pretti. Sobre Good, el DHS dijo que el asunto sigue bajo investigación, pero que las imágenes muestran que Good obstaculizó las operaciones policiales y armó su vehículo, lo que llevó al agente a actuar en defensa propia.

La demanda de Minnesota también exige el acceso a las pruebas de un tercer caso: el de Julio César Sosa-Celis, herido de bala en el muslo derecho por un agente federal en enero.

Las autoridades federales acusaron inicialmente a Sosa-Celis y a otro hombre de golpear a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con el palo de una escoba y una pala de nieve. Pero los fiscales federales retiraron más tarde todos los cargos contra los hombres, y las autoridades abrieron una investigación criminal sobre si dos funcionarios de inmigración mintieron bajo juramento sobre el tiroteo.

Ambos funcionarios están de baja administrativa mientras el ICE y el DOJ llevan a cabo una revisión conjunta, dijo el martes el DHS, añadiendo en un comunicado que el ICE está comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas.

La demanda de Minnesota decía que el gobierno federal no está autorizado a “retener pruebas de investigación con el fin de proteger del escrutinio a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuando un Estado está investigando posibles violaciones graves de su legislación penal, dirigidas contra sus ciudadanos, dentro de sus fronteras”.

Moriarty dijo el martes que el gobierno federal “ha adoptado una política de retención categórica de pruebas”, calificando esta práctica de alarmante y sin precedentes. Según Moriarty, la demanda se ha interpuesto a raíz de las peticiones formales de pruebas, después de que el gobierno federal impidiera a los investigadores de Minnesota acceder a las pruebas relacionadas con los tiroteos.

Este tipo de demandas de los Estados contra el Gobierno federal son muy poco habituales, según Rachel Moran, profesora de Derecho de la Universidad.

Esto se debe a que las agencias locales no suelen intentar investigar posibles delitos cometidos por agentes federales, y también a que el gobierno federal rara vez se niega a cooperar. Lo contrario, es decir, que los funcionarios estatales traten de obstaculizar a los agentes federales, solía ser más común durante la época de los derechos civiles, dijo Moran.

“El Estado debería tener una oportunidad de éxito porque, en lo que consiste su reclamación básica, es que tienen derecho a revisar las pruebas relativas a un posible delito”, dijo Moran. “No sólo tienen el derecho, sino la obligación de investigar si los agentes han cometido delitos en su jurisdicción”.

Cualquiera de los dos resultados de la demanda podría tener implicaciones significativas para el poder federal y estatal. Si un juez federal accede a la petición del Estado, dijo Moran, eso proporciona apoyo legal a los funcionarios estatales y locales para investigar a los funcionarios federales. Si se permite al gobierno federal retener pruebas, podría desalentar la cooperación federal y estatal, dijo.