Los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza Rosario, Fabiola Acarón Porrata-Doria y Gisela Alfonso Fernández radicaron 10 cargos adicionales en el caso de la Autoridad de Tierras, esta vez contra el contratista y exempleado legislativo José Miguel “Joe” Huertas Torres y su corporación 3T Industrial and General Contractors Corp.

La nueva radicación está relacionada con un presunto esquema de fraude y apropiación ilegal de fondos públicos por $380,000 destinados a un proyecto de infraestructura en el área de Quebrada Margarita, en Guaynabo, informó la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).

Los cargos incluyen dos violaciones al Artículo 202 del Código Penal, por fraude, y ocho violaciones al Artículo 182, por apropiación ilegal grave de fondos públicos.

Tras analizar la prueba presentada y escuchar los argumentos de las partes, la jueza Milagros Muñiz Más, del Tribunal de Bayamón, determinó causa probable para arresto en todos los cargos e impuso una fianza de $20,000 por cada cargo, para un total de $200,000.

La vista preliminar quedó pautada para el 14 de julio.

Según la Opfei, la Autoridad de Tierras había contratado a Huertas Torres como técnico a cargo de los proyectos en el distrito de Bayamón. Además, servía como enlace entre la dependencia, las organizaciones sin fines de lucro que recibían los fondos y los legisladores que asignaban el dinero.

La pesquisa de los fiscales especiales también detectó el presunto uso de propiedad pública para fines personales y el uso ilegal de fondos públicos.

El caso contra Huertas Torres forma parte de una investigación más amplia relacionada con fondos públicos asignados para la canalización de la quebrada Margarita, en Guaynabo, proyecto que, según reveló una investigación de El Nuevo Día en 2022, no se realizó.

En noviembre pasado, una jueza del Tribunal de Bayamón había encontrado causa para arresto contra Huertas Torres y Dorally Rivera Martínez, exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, por la presunta malversación de hasta $7 millones en fondos públicos, incluyendo $1.2 millones asignados como parte del Fondo de Mejoras Municipales, conocido como el “barrilito”.

En aquella etapa del caso, la Opfei alegó que Huertas Torres, a través de transferencias hechas a su empresa 3T Industrial and General Contractors Corp., se apropió del dinero asignado al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, entidad que, de acuerdo con la pesquisa, tampoco estaba autorizada en ley para realizar este tipo de obras.

Huertas Torres, según una investigación de este medio, era un activista del Partido Nuevo Progresista (PNP) que llegó a devengar hasta $581,150 ejerciendo un doble rol como empleado y contratista legislativo, un arreglo prohibido por ley.

Entre los funcionarios electos para los que trabajó, figuran Soto, el convicto exalcalde de Guaynabo y exrepresentante Ángel Pérez Otero, los representantes Luis “Junior” Pérez y Lourdes Ramos y los senadores Carmelo Ríos y Migdalia Padilla.