Una orden judicial emitida el 23 de octubre reveló que existe una investigación federal sobre una propiedad de la familia de la gobernadora Jenniffer González, información que fue aclarada por la fiscalía federal para distanciar a la mandataria de cualquier pesquisa.

La información surgió de una orden de detención contra Daniel García Martín, de 67 años, a quien le ocuparon armas de fuego en su residencia y $104,000 en efectivo durante un allanamiento en Lajas, según el documento de cuatro páginas que obtuvo El Nuevo Día.

“Este asunto surge de un allanamiento llevado a cabo por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) tras el diligenciamiento de una orden autorizada judicialmente en la residencia del imputado”, indicó el magistrado federal Marshal D. Morgan.

“La orden (de allanamiento) surgió de una investigación de cuello blanco no relacionada (con este caso) que involucra a la gobernadora de Puerto Rico y una propiedad que le pertenece a su familia”, añadió el magistrado federal.

Esa orden fue emitida el jueves de la semana pasada, 23 de octubre. Una semana después, en la mañana de este jueves y a horas de que fuera reseñada por los medios de comunicación, la Fiscalía federal radicó una moción para “corregir” la información aclarando que la gobernadora no es objeto de una investigación.

“Dicha orden afirmaba erróneamente que la orden de registro en este caso ‘derivaba de una investigación no relacionada de delitos de cuello blanco involucrando a la Gobernadora de Puerto Rico...”, lee la moción firmada por el fiscal federal Seth Erbe.

“El Ministerio Público presenta este aviso para corregir la información y declara que no existe ninguna investigación de cuello blanco (ni de ningún otro tipo) contra la Gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón”, agregó.

No obstante, el lenguaje de la moción no descarta que sí exista una pesquisa con relación a “las propiedades” mencionadas en la orden del magistrado Morgan.

En esa orden, Morgan no precisó si el caso se relaciona a la casa de los suegros de González ubicada en la Reserva Natural La Parguera, que ha sido eje de controversia por años, y qué relación tendría el imputado con la gobernadora o su familia.

Las órdenes de allanamiento son emitidas por los tribunales - en este caso el federal - cuando un agente investigador, a través de la fiscalía, entrega una declaración jurada a un juez para que autorice el registro de una propiedad porque demostró que durante una pesquisa ha encontrado razones para pensar que existe causa probable sobre un delito cometido y considera que en ese lugar podría encontrar evidencia útil para procesarlo.

En agosto de 2023, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) presentó querellas por violaciones ambientales relacionadas con las casas ubicadas en La Parguera debido a que la construcción de nuevas estructuras sin permiso o concesión. La querella contra los suegros de González pedía una ascendente a $25,000, junto a la restauración del hábitat natural y “la remoción total de la estructura”.

La Oficina de Asuntos Legales del DRNA reclamó una multa de $20,000, luego de que, en febrero de 2022, el Cuerpo de Vigilantes se topara con la construcción de una plataforma en madera de 20 pies de largo por 15 de ancho, sobre “aproximadamente” 21 pilotes rellenos de cemento.

Después de las elecciones y el comienzo de la gobernación de González, la nueva administración del DRNA emitió una orden administrativa para legalizar el estatus de decenas de estructuras enclavadas en el litoral de La Parguera.

Mientras, en la Legislatura está bajo evaluación el Proyecto del Senado 272, que fue presentado en enero por la gobernadora –como el Proyecto de Administración 003–, a solo tres semanas de haberse instalado en La Fortaleza, y en medio de una investigación del DRNA contra sus suegros por supuestas construcciones ilegales en una de sus propiedades en La Parguera. La medida busca conceder licencias de 40 años para la ocupación de estas estructuras.

Durante una vista pública del Senado, la semana pasada, la ayudante especial y directora interina de la Oficina de Asuntos Legales del DRNA, Carla Marrero, dijo que las casetas enclavadas en el litoral de la Reserva Natural La Parguera, en Lajas,“no están legales”.

Su expresión surgió cuando la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño,María de Lourdes Santiago, le cuestionó sobre la legitimidad de las casetas, entre cuyos propietarios figuran los suegros de la gobernadora.

“Lo que pretende la legislación es, eso mismo, establecer una huella de qué había para, entonces, a partir de eso, delimitar y establecer unos parámetros. Nuestra posición es que estas personas necesitan tener una regulación y, para eso, tenemos que tener una legislación que sea clara y específica, porque están ilegal”, dijo Marrero, en alusión al Proyecto del Senado (PS) 272, equivalente al Proyecto de la Cámara 269 y que ya se aprobó, en junio, en ese cuerpo.

Mientras, a preguntas del senador independiente Eliezer Molina, Marrero alegó que desconocía si los suegros de González mantenían propiedades en la reserva natural, y sostuvo que la medida, según trabajada,“beneficiaría a todos los que están allí y al pueblo de Puerto Rico al ponerle fin a una incertidumbre jurídica”.

“¿Es ilegal lo que está allí?”, cuestionó Molina. “Ciertamente”, respondió Marrero.

En enero pasado, el senador un referido en enero pasado a varias agencias federales para que investiguen la situación en La Parguera, recordando la intervención que llevaron a cabo en la Reserva Natural de Bahía Jobos en Salinas.

Molina ha indicado que el hombre arrestado por el FBI en Lajas había sido contratado para llevar a cabo trabajos de construcción en la casa de los suegros de González en La Parguera.

En su orden, el magistrado indicó que durante la ejecución de la orden de allanamiento los agentes encontraron tres armas de fuego y 143 municiones del mismo calibre en el cuarto de García Martín.

La declaración jurada del FBI sobre el arresto indica que una de las pistolas, Bareta 9mm, estaba en una de las gavetas donde había documentos personales del arrestado, mientras que las otras tres armas estaban encima de un acondicionador de aire del mismo cuarto.

“El acusado admitió ser el propietario de todas las armas de fuego, negando que pertenecieran a su pareja o a su padre enfermo, a quien cuida. El acusado está imputado por posesión de armas de fuego y municiones siendo un delincuente convicto”, apuntó Morgan en la orden.

“La gravedad de este delito se ve acentuada por el extenso y violento historial delictivo del imputado, junto con su pleno conocimiento de la prohibición legal de poseer armas de fuego o municiones”, debido a que su expediente “refleja dos condenas previas por asesinato: la primera supuestamente cometida cuando el imputado tenía 14 años, y la segunda, por asesinato en primer grado, cuando tenía 40 años”, agregó.

Además, Morgan apuntó que, según la Fiscalía federal, “la víctima del homicidio de 1998 podría haber sido su pareja consensual. Durante la audiencia de detención (tras su arresto el pasado 17 de octubre), el abogado defensor alegó que el homicidio de 1998 se cometió apuñalando a una persona bajo los efectos del crack. Esta versión no concuerda con su condena de 1998 por posesión ilegal de arma de fuego”.

De igual forma, el magistrado federal señaló que en el 2011 “fue imputado por realizar amenazas, aunque ese cargo fue posteriormente desestimado”.

Según el documento, la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio recomendó que se le permitiera salir bajo fianza. El imputado alegó que las armas de fuego en cuestión eran “antiguas” y que la munición se encontraba “en un calcetín”.

En cambio, la Fiscalía federal “refutó esta última afirmación, enfatizando que la munición, independientemente de su ubicación, sigue siendo letal y coincide con el calibre de las armas de fuego descubiertas en posesión del acusado”.

Sin embargo, Morgan indicó que “el tribunal encuentra que el Ministerio Público ha establecido evidencia clara y convincente de que el imputado posee un peligro para la comunidad”, por lo que “deberá permanecer detenido hasta el juicio”.

En la misma orden, Morgan ordenó que esté bajo la custodia del Departamento de Justicia en confinamiento en una sección de un complejo correccional separada de las personas que estén esperando o sirviendo sentencias, o que estén esperando apelación.

Después de haber sido arrestado el 17 de octubre, García Martín tuvo su comparecencia inicial tres días después. Mientras, un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio en su contra el 23 de octubre por un cargo de posesión ilegal de dos revólveres Smith & Wesson, y uno Magnum Ruger, así como municiones.

Ese mismo día tuvo su comparecencia inicial y vista de detención, en la que Morgan le negó la libertad bajo fianza con la orden que mencionó la investigación del FBI.

La lectura de acusación había sido pautada para el 3 de noviembre, pero quedó sin efecto debido a que el acusado renunció a ese derecho y solicitó que el tribunal le anotara una alegación de “no culpable”.

Por su parte, el juez presidente del Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, quien preside el caso, estableció el 19 de noviembre como la fecha límite para que las partes radiquen un informe del estado del caso, describiendo cómo va “el descubrimiento de prueba, negociaciones de alegación de culpabilidad y cualquier otra información que sea pertinente”.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Hiram Torres Montalvo, reaccionó en la mañana de este jueves, después de que trascendiera la orden del magistrado federal.

En entrevista con Radio Isla 1320, Torres Montalvo dijo que “si esto fuese una investigación que tienen en curso las autoridades federales relacionadas a la residencias en La Parguera, pues que se dé el proceso que se tengan que dar”.

“Si al final del día se encuentra algún tipo de actividad ilícita, que se tomen las acciones que se tengan que tomar”, añadió.

“Nuestra gobernadora Jenniffer González no tiene una casa en La Parguera. Ella no puede estar involucrada en nada que tiene que ver con propiedades allí”, afirmó el funcionario, asegurando desconocer personalmente si los suegros de la gobernadora tienen una casa en el lugar, limitándose a reconocer que lo ha escuchado como parte de “la discusión pública”.