La jueza superior Gloria de Jesús Machargo, del Tribunal de Carolina, ordenó este martes al gobierno entregar, en 48 horas, una copia certificada del informe que sustenta la recomendación de mantener las escoltas de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

En una resolución y orden que consta de siete páginas, la togada declaró ha lugar la solicitud que presentó el representante por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón A. Torres Cruz, para que la Policía de Puerto Rico entregue la información.

“Se ordena al Estado a que en 48 horas provea a la parte recurrente y así acredite al tribunal, el gasto anual en peajes y mantenimiento referentes a los vehículos asignados a la licenciada Wanda Vázquez Garced”, añade el documento judicial.

Por su parte, Torres Cruz, miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, indicó en un comunicado de prensa que “esta sentencia legitima el derecho que tienen los legisladores a solicitar información pública a las agencias”.

El fallo judicial surge luego de que la gobernadora Jenniffer González vetara el Proyecto del Senado 752, que buscaba eliminar el servicio de escoltas a exgobernadores y, en cambio, presentó una medida de administración para atender el tema.

Torres Cruz acudió al Tribunal para solicitar la información sobre las escoltas, alegando que la Policía denegó su petición. La controversia surgió luego de que la exmandataria se declarara culpable en el Tribunal federal en un caso de delito menos grave por violación a la Ley federal de Campañas Electorales (FECA, en inglés), por, presuntamente, aceptar promesas de aportaciones de un extranjero para una campaña política.

En respuesta, el Departamento de Justicia, en representación del gobierno, presentó una moción en oposición y solicitó la desestimación. El Estado alegó que la información solicitada había sido entregada entre el 23 de octubre y el pasado 3 de noviembre.

Sin embargo, según el más reciente fallo judicial, Torres Cruz presentó evidencia que demuestra que la información fue entregada de manera parcial.

“En torno al reclamo de confidencialidad del informe, -a raíz del cual se tomó la determinación de mantener agentes asignados como escolta a la licenciada Wanda Vázquez Garced-, el Estado reiteró que es una opinión legal protegida por el privilegio abogado cliente y el privilegio para el producto de trabajo del abogado o work product privilege”, indica la resolución.

En adición, el Estado alegó que los datos contenidos en el informe estaban cobijados por el “privilegio sobre información oficial conforme la Regla 514 de Evidencia”. Sin embargo, el argumento no fue acogido por el Tribunal, que ordenó entregar la información.

“El derecho de acceso a la información pública es un principio inherente de toda sociedad democrática, por lo que el Tribunal Supremo ha sido consistente al reconocer su carácter fundamental y constitucional”, determinó la jueza en la mencionada resolución.

La correlación entre el acceso a la información pública y el derecho a la libertad de expresión radica en que, según la togada, si el ciudadano no está debidamente informado sobre la forma en que se conduce la gestión pública, se verá coartada su libertad de expresar, por el voto o de otra forma, su satisfacción o insatisfacción con las personas y procesos que le gobiernan.

“Empero, el derecho a la información no es absoluto y estará sujeto a aquellas limitaciones que, por necesidad imperiosa, imponga el Estado”, reconoció la jueza.

En una conferencia de prensa en septiembre, el superintendente de la Policía, Joseph González, indicó que no podía retirarle las escoltas a la exmandataria. “La legislación actual no establece la perdida de dicho derecho por convicción en foro federal y estatal”, dijo.

El oficial afirmó en ese momento que, “según el marco jurídico vigente, la escolta de los gobernadores son derechos adquiridos”, validado por una decisión del Tribunal Supremo, tras un pleito de los exgobernadores Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló.

“La única manera de retirar este beneficio sería mediante la aprobación de una ley expresa que así lo disponga, aplicable únicamente de forma prospectiva”, añadió el también exjefe de la Oficina de San Juan del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).