Un empresario se declaró culpable en el Tribunal Federal en San Juan por un esquema de fraude contra varias personas que le prestaron dinero para tres corporaciones.

La alegación de culpabilidad, presentada el viernes pasado, identifica al comerciante como Luis González Hirzel, quien llegó a un acuerdo con la Fiscalía federal para aceptar su responsabilidad por un cargo de fraude electrónico sin la necesidad de una acusación de un gran jurado federal.

El documento judicial público indica que, entre mayo de 2020 y agosto de 2023, “el acusado ideó un plan y artificio para defraudar a numerosas personas mediante declaraciones falsas sustanciales, prometiendo rendimientos de inversión seguros de entre el 4% y el 15% mensual”.

“Para llevar a cabo dicho plan, el acusado transmitió y provocó la transmisión de comunicaciones electrónicas interestatales —concretamente correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y videollamadas por Zoom”, apuntó.

Asimismo, en el documento se señaló que “el esquema involucraba a tres empresas: Caribbean Hemp, F&L Food and Provisions y Dala Ari 486. Inicialmente, el acusado afirmó ser copropietario de Caribbean Hemp Farms y convenció a dos personas para que invirtieran”.

“Posteriormente, presentó a esas mismas dos personas una oportunidad de inversión adicional en F&L Food and Provisions, la cual consistía en la compra e importación de pulpa de fruta desde Sudamérica”, expuso.

“Tras recibir durante varios meses pagos destinados a mantenerlos confiados —disfrazados como rendimientos de su inversión—, estas dos personas reclutaron a otros familiares y amigos para que también invirtieran, aunque el acusado niega tener conocimiento alguno sobre el número de inversores involucrados”, añadió.

Además se detalla que, mientras continuaba realizando “pagos destinados a tranquilizar a diversos inversores”, González Hirzel “presentó una nueva oportunidad de inversión en Dala Ari 486 durante la pandemia del COVID-19”.

Según el documento, en Dala Ari la oportunidad consistía en la compra e importación de equipos de protección individual, por lo que “muchas de las mismas personas aceptaron invertir en la nueva empresa del acusado”.

Estos, mientras, creían que el dinero que habían estado recibiendo de parte del acusado constituía ganancias legítimas de sus inversiones anteriores.

El acuerdo de culpabilidad detalló que la documentación provista por los inversores demuestra que toda la comunicación electrónica entre ellos y el acusado incluía “la firma de contratos, las facturas que supuestamente acreditaban la compra de productos, las transacciones bancarias, las propuestas de venta y las explicaciones posteriores sobre por qué no recibían el retorno de sus inversiones”.

“Un análisis financiero de todas las cuentas bancarias asociadas revela que, si bien el acusado efectuó pagos a algunos inversores, ninguna parte del dinero invertido se utilizó realmente según lo declarado por él”, puntualizó el acuerdo.

“En su lugar, el acusado se limitó a utilizar el dinero de los inversionistas para pagar a otros inversionistas y financiar su estilo de vida, incluyendo vuelos en aviones privados, viajes internacionales, comidas, compras y el pago de matrículas de escuelas privadas”, abundó.

De igual forma, el documento precisa que González Hirzel “reconoce que la pérdida total derivada de la conspiración para cometer fraude electrónico ascendió a aproximadamente $1,033,685”.

No obstante, las partes acordaron una restitución mayor, de $1.5 millones, al incluir “una conducta no imputada”.

También se presentó una lista de pagos que deberá realizar, en la que figuran las iniciales de los nombres de los 17 inversionistas perjudicados, incluidos seis que le prestaron más de $100,000. Uno de ellos, de hecho, le prestó $250,000.

Antes de que la jueza Gina R. Méndez Miró decida, las partes acordaron recomendar un año y un día de cárcel, seguido por tres años de libertad supervisada.

En tanto, la vista de sentencia fue pautada para el 1 de enero de 2027.