El Departamento de Justicia de Estados Unidos aún no ha notificado si buscará o no la pena de muerte contra los cinco acusados de asesinar el 29 de marzo de 2024 al sargento Eliezer Ramos Vélez en los predios del residencial Sabana Abajo en Carolina.

Así consta en una orden emitida el 22 de diciembre por la jueza de distrito María Antongiorgi Jordán, del Tribunal Federal en Puerto Rico, donde ofreció un breve resumen sobre el caso que, además, se vincula con la operación de una narcoganga en la zona metro.

“Este caso con múltiples acusados, elegible para la pena de muerte, se presentó el 5 de diciembre de 2024. Incluye a 56 acusados, de los cuales cinco son elegibles para la pena de muerte. Hasta la fecha, la certificación para la pena de muerte está pendiente para todos los acusados capitales”, indicó la jueza en la orden.

Esto es consistente con una minuta emitida por el tribunal tras una vista de estatus en la que se dejó constancia de que la Fiscalía federal se encontraba en la etapa final de preparación para presentar el caso ante la sección de casos capitales del Departamento de Justicia federal.

Ramos Vélez fue asesinado en la madrugada del Viernes Santo de 2024 tras una persecución que se extendió hasta el residencial. Para esclarecer el crimen, las autoridades estatales y federales realizaron una investigación que culminó en un pliego acusatorio.

En total, las autoridades federales acusaron a 56 supuestos integrantes de una narcoganga que operaba en el área metropolitana. De ese grupo, solo cinco acusados enfrentan cargos por el asesinato del sargento, quien llevaba 12 años en la Policía.

Los acusados por el asesinato de Vélez son el reguetonero Luis Nomar Isaac Sánchez, mejor conocido como CDobleta; Víctor Pérez Fernández, alias “La Cone”; Andyel “Martino” González Sáez; Olvin “Sinfo” Concepción Tapia; y Daniel “Danny” López Vega.

Referente al caso por narcotráfico y violaciones a la Ley de Armas contra los 56 acusados, algunos de los cuales han alcanzado acuerdos de culpabilidad, Antongiorgi Jordán indicó que la prueba es voluminosa, por lo que dejó sin efecto, de momento, las normas para un juicio rápido.

En Estados Unidos, el derecho a un juicio rápido está garantizado por la Constitución, aunque los plazos varían dependiendo de la ley en la jurisdicción donde ocurrió el delito. Al ser un caso federal, el caso se rige bajo la Ley de Juicio Rápido (Speedy Trial Act) de 1974, que estipula que una persona debe ser acusada dentro de 30 días y que el juicio debe celebrarse dentro de 70 días.

La ley si cuenta con excepciones para extender y/o suspender el conteo de días, como casos complejos o cuando una o ambas partes solicitan tiempo adicional.

“La fase de descubrimiento (intercambio de pruebas) es extremadamente voluminosa. Por lo tanto, la Ley de Juicio Rápido (Speedy Trial Act) queda suspendida en el mejor interés de la justicia y de todos los acusados”, precisó Antongiorgi Jordan en la orden.

De acuerdo al tracto del caso, el pliego acusatorio contra los 56 individuos fue emitido el 5 de diciembre de 2024. No obstante, el operativo para arrestar a los acusados se llevó a cabo días después, específicamente, el 11 de diciembre de ese mismo año.

Entre los acusados se encuentra el exagente de la Policía Fernando Torres Galarza. Asimismo, figuran José Martínez Serrano y Edwin Flores Tavárez, quienes también enfrentan cargos por el asesinato de dos menores ocurrido el 25 de julio de 2023 en Piñones.

El pliego sostiene que, desde aproximadamente 2021 hasta el 2024, la organización distribuyó heroína, fentanilo, cocaína crack, cocaína, marihuana, tramadol (opioide) y clonazepam (calmante) dentro de un radio de 1,000 pies de varios residenciales públicos, incluido Sabana Abajo.

La organización criminal en cuestión presuntamente operaba en alianza con otras narcogangas que controlaban otros residenciales. Como parte del acuerdo, no había conflictos entre estas organizaciones y los miembros podían apoyarse mutuamente con protección, drogas y armas.

“Miembros de esta pandilla, que trataban de protegerse a sí mismos y a su territorio de amenazas percibidas, asesinaron al oficial de la Policía de Puerto Rico Eliezer Ramos Vélez en el cumplimiento de su deber”, estableció la Fiscalía federal en una moción radicada en ese momento.

“El oficial Ramos Vélez, quien estaba en uniforme pero en su vehículo personal, persiguió a los miembros de esta organización que habían estado disparando armas a lo largo de la avenida Baldorioty. A su llegada al Proyecto de Vivienda Pública Sabana Abajo, recibió múltiples disparos salvajes”, añadió la agencia en el documento.

“Los miembros de esta pandilla también han participado en el asesinato de otras personas inocentes, que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Según el testimonio de testigos, miembros de esta pandilla participaron en el asesinato de dos adolescentes en el área de Piñones, porque creían que eran una amenaza”, enfatizó la Fiscalía federal en la moción.