La Fiscalía federal solicitó que el 3 de agosto comience el juicio contra los cinco acusados en relación al asesinato del policía Eliezer Ramos Vélez, el 29 de marzo de 2024, en los predios del residencial Sabana Abajo en Carolina.

Debido a que el caso completo consiste en un pliego de 56 acusados por un gran jurado federal, el Tribunal Federal había requerido que sean juzgados en grupos de 10 personas.

Ante ese escenario, el ministerio público radicó una moción el viernes para pedir que el primer grupo en ir a juicio incluya al reguetonero Luis Nomar Isaac Sánchez, conocido como CDobleta, y los otros cuatro acusados que enfrentan un cargo en relación al asesinato del sargento.

El noveno cargo de la acusación por la muerte del oficial pesa contra Isaac Sánchez, Víctor Pérez Fernández, Andyel González Sáez, Olvin O’Neill Concepción Tapia y Daniel López Vega.

Asimismo, la Fiscalía federal pidió que los otros cinco enjuiciados en ese grupo sean los primeros cinco señalados en el pliego acusatorio.

Según la moción, la Fiscalía presentará dos tipos de evidencia. Explicó que la primera está relacionada con las operaciones de la organización criminal en general, incluyendo testimonios de testigos cooperadores, compras de sustancias controladas por parte de agentes encubiertos, arrestos e intervenciones, equipos electrónicos, posesión de droga y armas, entre otros.

Agregó que el segundo tipo de evidencia será específicamente sobre la participación de cada acusado en la conspiración de la organización criminal.

Señaló que pudiera “presentar pruebas, como fotografías de armas de fuego obtenidas del teléfono de un acusado en particular, mensajes entre miembros de la pandilla, fotos que muestren asociaciones y otros tipos de pruebas más individualizadas”.

Entonces, según la moción, la Fiscalía federal informó que “presentará pruebas del asesinato de (el sargento) E.R.V. contra todos los acusados ​​en el pliego formal que vayan a juicio”.

“Este asesinato forma parte integral de la conspiración imputada, y todos los miembros de la conspiración son responsables de los actos violentos de sus cómplices”, sostuvo el ministerio público, que anticipó que el juicio pudiera durar ocho semanas.

Recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que no buscará la pena de muerte contra los acusados por el asesinato del policía.

Luego de 12 años de servicio en la Policía, Ramos Vélez fue atacado a tiros en horas de la madrugada del Viernes Santo de 2024.

Según la investigación, el agente se dirigía hacia su residencia cuando observó a varios individuos que, mientras transitaban en motoras y vehículos todoterreno, realizaban disparos al aire en la zona de la avenida Román Baldorioty de Castro.

Ramos Vélez inició la persecución de los sospechosos hasta llegar al complejo de vivienda pública, donde fue atacado a tiros en circunstancias que posteriormente fueron catalogadas por las autoridades como parte de una emboscada.

El agente recibió heridas de bala que le provocaron la muerte en el lugar. Posteriormente, los atacantes lo despojaron de su arma de reglamento y su equipo de comunicación, de acuerdo con los hallazgos preliminares de la pesquisa.

La gravedad del crimen generó una amplia movilización de las autoridades estatales y federales.

En los meses posteriores, la Policía, junto a agencias federales, desarrolló una investigación que incluyó operativos encubiertos y análisis balísticos.

Como parte de esos trabajos, el 15 de mayo de 2025 la Uniformada informó que ocupó una de las armas de fuego presuntamente utilizada en el asesinato, hallazgo que fue presentado como un avance clave en el caso.

La muerte Ramos Vélez, quien fue ascendido póstumamente al rango de sargento en reconocimiento a su trayectoria, marcó el inicio de una pesquisa de mayor escala que desembocó en un amplio operativo.

Las autoridades federales radicaron cargos contra 56 personas presuntamente vinculadas a una organización criminal, que operaba en Carolina y otros puntos del área metropolitana, relacionada con actividades de narcotráfico, violaciones a la Ley de Armas y otros delitos violentos.

El caso ha sido descrito por las autoridades como parte de un esfuerzo más amplio para desarticular estructuras criminales con alcance en residenciales públicos de la zona.