Daniel García Martín, el contratista que realizó labores de construcción en la reserva natural La Parguera, en el municipio de Lajas, se declarará culpable ante el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico.

La licenciada Jessica Earl, representante legal de García Martín, radicó en la tarde de este viernes una moción de dos páginas en la que informó que su representado hará alegación de culpabilidad.

“El señor García informa respetuosamente al Tribunal su intención de cambiar su declaración de no culpable previamente presentada por una de culpable”, indicó Earl en la moción presentada justo el día en que vencía el término para informar el cambio ante la corte.

Por cuestiones de calendario, la defensa de García Martín solicitó que la vista para el cambio de alegación se programe el 16, 17, 19, 24 o 25 de marzo.

De momento, el juez presidente del Tribunal federal en Puerto Rico, Raul M. Arias Marxuach, no ha emitido una orden estableciendo la fecha para la audiencia.

Un gran jurado presentó el 23 de octubre de 2025 un cargo contra García Martín por presuntamente poseer armas de fuego y municiones a pesar de haber sido previamente convicto por un caso de asesinato.

Por este caso, el acusado no tiene licencia para poseer armas ni municiones por ser una persona convicta.

Según la acusación, el 17 de octubre de 2025, agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) allanaron la residencia de García Martín el 17 de octubre y le ocuparon una pistola Beretta calibre nueve milímetros (9mm), tres revólveres y 143 municiones.

Del mismo modo, durante ese allanamiento, los agentes del FBI ocuparon $104,000 en efectivo.

Las autoridades federales alegan que las armas y municiones fueron transportadas a través del comercio interestatal o extranjero, un elemento necesario para que el caso sea procesado bajo la ley federal.

Este caso cobró mayor relevancia luego de unas expresiones que hizo Earl durante una vista de fianza en la que argumentó que su cliente no representaba peligro para la comunidad, ni riesgo de fuga.

En ese entonces, señaló que el FBI se le acercó “en más de una ocasión... porque alegadamente él es un trabajador de construcción que estaba trabajando en la casa de los suegros de la gobernadora en La Parguera”.

Asimismo, la licenciada agregó que en el allanamiento los agentes federales buscaban “documentos relacionados con sus prácticas de construcción: ordenadores portátiles, recibos y cosas por el estilo”.

“El motivo por el que se dirigen al señor García tiene que ver con La Parguera y las obras que se estaban realizando allí”, apuntó Earl en corte abierta.

Empero, la corte no acogió sus planteamientos y García Martín quedó, en ese entonces, ingresado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Guaynabo.

La orden del magistrado federal Marshal Morgan llamó la atención al revelar públicamente que el allanamiento surgió de una “investigación no relacionada de cuello blanco que involucra a la gobernadora (Jenniffer González) y una propiedad de su familia”.

No obstante, una moción posterior de la Fiscalía federal aclaró que “no hay investigación de cuello blanco (ni cualquier otra investigación) de la gobernadora”.