La Oficina del Procurador General alegó ante el Tribunal de Apelaciones que Moshayra Vicente Cruz, viuda del biólogo asesinado Roberto Viqueira Ríos, no tiene legitimación activa para apelar el fallo absolutorio del enfermero Eduardo Meléndez Velázquez.

En un escrito titulado “Comparecencia especial”, que consta de cuatro páginas y fue presentado el viernes, la oficina adscrita al Departamento de Justicia esbozó las razones por las que considera no debe proceder el recurso de apelación que presentó Vicente Cruz.

El 16 de marzo, la viuda del biólogo presentó una petición de 15 páginas solicitando que se le reconozca legitimación activa para actuar como víctima indirecta de los hechos, que se revoque el fallo absolutorio y que se revise si el togado incurrió en un error de derecho.

De esta forma, Vicente Cruz compareció por derecho propio ante el Apelativo para solicitar la revisión del fallo emitido el 6 de febrero por el juez Ángel Llavona Folguera, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, quien exoneró de todos los cargos al enfermero.

La solicitud se presentó luego de que el Estado, a través de la Oficina del Procurador General, adscrita al Departamento de Justicia, informara oficialmente a la familia del biólogo marino que no estaría recurriendo al apelativo para impugnar la decisión en el caso notorio.

Ante la petición, un panel del Tribunal de Apelaciones, compuesto por los jueces Felipe Rivera Colón, José Monge Gómez y Annette Prats Palerm, concedió al Procurador General hasta el 30 de marzo para presentar su escrito en oposición y resolver la controversia.

“El Pueblo expone mediante la presente Comparecencia Especial que, en los casos criminales, el Estado solo puede ostentar la condición de “parte recurrida” o “apelada” cuando el recurso apelativo es presentado por la persona contra quien se encausó el procedimiento criminal en el foro primario. Así pues, en vista de que el presente recurso no fue presentado por el señor Meléndez Velázquez, El Pueblo no es la “parte recurrida” en este caso", dijo la Oficina del Procurador.

“Siendo ello así, destacamos que, en estricto derecho, es improcedente la comparecencia del Procurador General, y, por consiguiente, la presentación de un “alegato en oposición”, en este caso... De entrada, deseamos hacer constar que lamentamos y reconocemos el profundo dolor que han experimentado la señora Vicente Cruz, así como sus familiares, a lo largo del procedimiento judicial que se llevó a cabo para el esclarecimiento del asesinato de su esposo", agregó.

No obstante, la Oficina del Procurador General indicó que en “nuestro ordenamiento jurídico, la autoridad para solicitar la revisión de las determinaciones judiciales emitidas en contra de El Pueblo en los asuntos criminales ante los tribunales apelativos —en los escenarios que así lo permitan la Constitución y las leyes de Puerto Rico — recae sobre la Oficina del Procurador General de Puerto Rico".

Amparándose en lo que dispone la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, la Oficina del Procurador General señaló que dicho estatuto establece expresamente que la responsabilidad exclusiva de representar a El Pueblo a nivel apelativo en todos los asuntos criminales recae sobre su entidad.

“En armonía con lo expuesto, la referida función no recae sobre las víctimas de los delitos. Según adelantamos, el único que ostenta esta facultad por mandato legal es el Procurador General, quien no recurrió del fallo absolutorio del señor Meléndez Velázquez. Por lo tanto, este contexto procesal no amerita expresión alguna del Procurador General en cuanto a los méritos del recurso”, agregó.

En el escrito, que incluye al procurador general Omar Andino Figueroa, los subprocuradores generales Edwin B. Mójica Camps y Frank A. Rosado Méndez, y la procuradora general auxiliar Aracelis Burgos Reyes, la Oficina solicitó, entre otras cosas, que se tome conocimiento de lo expuesto, se le releve de comparecer en este caso y se resuelva conforme a derecho.

De momento, con el escrito de oposición sometido por el Estado, solo resta que el Tribunal de Apelaciones evalúe el recurso y emita su sentencia.

Para entender mejor la controversia, es útil recordar las declaraciones de Vicente Cruz en entrevista con El Nuevo Día, donde explicó por qué decidió recurrir por derecho propio ante el Tribunal de Apelaciones tras el polémico fallo que generó debate en el país.

“Nuestro planteamiento es que esta sentencia absurda por parte del juez resulta contradictoria y está errada. Hay un error manifiesto allí con toda la intención”, indicó a El Nuevo Día Vicente Cruz, quien busca que el crimen de Viqueira Ríos no quede impune.

Como víctima secundaria del asesinato de Viqueira Ríos, ocurrido el 15 de julio de 2025 durante una disputa con Meléndez Velázquez en la urbanización Estancias de Yidomar, en Yauco, Vicente Cruz sostuvo que el fallo se fundamenta en criterios jurídicos contradictorios.

Meléndez Velázquez enfrentaba cuatro cargos por asesinato en segundo grado, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas por el crimen de Viqueira Ríos, de 49 años, padre de familia y director de la organización ambiental Protectores de Cuencas.

“(Hay que tomar en cuenta) la desproporción del arma utilizada y la reacción de este individuo en contra de Robert ante una provocación que claramente él comenzó porque él era quien estaba con ese sonido de los coquíes hacia nosotros”, dijo.

Para Vicente Cruz, resulta inconcebible que, aunque su vecino iniciara la provocación —con una bocina amplificada reproduciendo el canto de los coquíes, entre otras acciones—, “no reciba ningún castigo” por el asesinato de su esposo y padre de sus hijos.

Por ello, insistió en que el juez cometió un error al emitir un fallo que sostenía simultáneamente que concurrían los elementos de la legítima defensa y que, al mismo tiempo, existía duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, cuando se trata de fundamentos distintos.

A tales fines, explicó que la duda razonable se relaciona con el estándar probatorio que rige la determinación de culpabilidad, mientras que la legítima defensa es una causa de justificación que supone la realización del acto, pero lo declara permitido bajo ciertas excepciones.

En esa línea, Vicente Cruz precisó que la sentencia recurrida no delimita cuál de estas doctrinas constituye el verdadero fundamento jurídico de la absolución decretada, y que, por ende, surge una controversia de derecho susceptible de revisión en el foro apelativo.

Vicente Cruz mencionó que el foro secundario debe examinar si la sentencia recurrida contiene un error de derecho al fundamentar la absolución de Meléndez Velázquez en doctrinas jurídicas distintas sin delimitar claramente la base jurídica de la decisión emitida.

“Consideramos que el juez erró en derecho porque en este caso la legítima defensa no se sustenta. Es una defensa afirmativa que debe hacer el imputado y que debe también probarse. Y en este caso, pues consideramos que no se reúnen los requisitos”, dijo.

De igual manera, mencionó que “el juez utiliza la duda razonable para justificar esa legítima defensa”. Insistió que el argumento no se sustenta y que la Oficina del Procurador General, que representa al Estado en los procesos apelativos, debió apelar la determinación.

“Yo asumo mi representación por derecho propio, ya que el Estado no me escuchó, no asumió mi representación, que entiendo que tengo como víctima y y me dejó desprovista de este recurso (de apelación). Por lo tanto, he asumido esa auto representación”, puntualizó.